La Administración del presidente Donald Trump ha implementado medidas que permiten la deportación de migrantes basándose en la interpretación de ciertos tatuajes como indicios de afiliación a pandillas. Esta práctica ha resultado en la expulsión de cientos de venezolanos y ha suscitado un intenso debate legal y social.
Funcionarios de inmigración han utilizado la presencia de tatuajes específicos para vincular a migrantes con organizaciones criminales, como el Tren de Aragua, una pandilla originaria de Venezuela. Tatuajes que incluyen imágenes de equipos de fútbol, nombres de familiares, coronas y otros símbolos han sido considerados pruebas suficientes para proceder con deportaciones.
La población venezolana, la principal repercutida
Estas acciones han llevado a la deportación de al menos 237 venezolanos, quienes fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, una prisión de máxima seguridad. Familiares de los detenidos han denunciado la falta de comunicación y desconocimiento sobre el estado de sus seres queridos, generando preocupación y protestas.
El gobierno venezolano ha tomado medidas para abordar la situación, presentando un recurso ante el Tribunal Supremo de El Salvador solicitando la liberación de sus ciudadanos, argumentando que no pertenecen al Tren de Aragua y que sus derechos han sido violados.
Una antigua ley de guerra, la justificación de la Administración Trump para las deportaciones
La administración Trump invocó ilegalmente la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar deportaciones rápidas de inmigrantes, especialmente venezolanos, bajo sospechas de afiliación a pandillas. La razón de invocar esta autoridad es para tratar de posibilitar detenciones y deportaciones masivas contra miles de migrantes basándose en sus orígenes, no en cualquier actividad delictiva que podría demostrarse en un proceso judicial de carácter migratorio.
El juez federal James Boasberg emitió una orden temporal para suspender estas deportaciones, cuestionando la legalidad de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar tales acciones. Boasberg señaló que el gobierno pudo haber actuado de “mala fe” al proceder con las expulsiones antes de que el tribunal pudiera intervenir. Además, una magistrada del Tribunal de Apelaciones comparó negativamente el trato recibido por los migrantes deportados con el que se dio a los nazis en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, indicando que estos últimos tuvieron un proceso más justo.
Pero la administración Trump no se quedó ahí. También han buscado debilitar las leyes de “santuario” en estados como California, intentando acceder a datos de inmigrantes indocumentados a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y amenazando con recortar fondos federales a jurisdicciones que no cooperen con las autoridades de inmigración.
“En este caso, bajo el Gobierno de Trump, lo que estamos viendo son acusaciones que utilizan pruebas endebles, sin ninguna oportunidad significativa de refutar dichas pruebas en ningún tipo de procedimiento ante ningún tipo de responsable de la toma de decisiones”, dijo Nayna Gupta, directora de políticas del Consejo Americano de Inmigración, una organización sin fines de lucro a favor de la inmigración. “Eso es realmente lo que lo hace diferente”, declaró según recoge la cadena CNN.
Desde el día uno de su toma de posesión, Trump ha sido muy duro con las políticas de inmigración. Ya en sus primeras órdenes ejecutivas, la administración Trump suspendió la entrada de personas indocumentadas y limitó el acceso al asilo en la frontera sur, obligando a los solicitantes a esperar en México mientras se resolvían sus casos. Estas medidas dificultaron el acceso a la protección para quienes huían de persecuciones y conflictos. Además, Trump designó a funcionarios conocidos por sus posturas rígidas en materia migratoria, como Stephen Miller, Tom Homan y Kristi Noem, para liderar políticas que incluyen la deportación masiva y la eliminación de programas como DACA y el parole humanitario.