La prostitución en España protagoniza ahora mismo una situación legal compleja y controvertida. No está explícitamente prohibida ni legalizada, sino que se encuentra en un “limbo jurídico”.
El ejercicio de la prostitución de manera autónoma no está penalizado, pero la trata de personas y el proxenetismo son delitos castigados severamente por el Código Penal. Es un poco lo peor de los dos mundos, porque lo que crea es un ambiente donde las trabajadoras sexuales trabajan legalmente pero están completamente desprotegidas: carecen de derechos laborales y protección social, ya que su actividad no es reconocida como trabajo formal.
Bajo el liderazgo del PSOE, el Gobierno español ya ha presentado varias iniciativas para abordar la prostitución desde un enfoque abolicionista. En su modelo, se busca erradicar la prostitución castigando a los clientes y a aquellos que lucran facilitando la prostitución de otras personas, pero no penalizando directamente a las trabajadoras sexuales. Por ejemplo, la “tercería locativa”, introducida en el artículo 187 bis del Código Penal, establece penas de prisión de dos a cuatro años y multas para quienes, con ánimo de lucro, destinen un inmueble o cualquier otro espacio para la prostitución de otra persona, incluso con su consentimiento.
El proyecto de ley más reciente del PSOE busca aumentar las sanciones para el proxenetismo y multar a los clientes de servicios sexuales. Las multas oscilan entre 12 a 24 meses, y si la persona que ofrece el acto sexual es menor de edad o está en una situación de vulnerabilidad, las penas pueden incluir prisión de uno a tres años además de multas más severas. La propuesta tiene como objetivo no solo castigar a los explotadores y clientes, sino también proporcionar apoyo y recursos a las víctimas de la explotación sexual, equiparándolas con las víctimas de otros delitos.
Radiografía europea
¿Qué opina el resto de Europa? El debate entre la regulación del trabajo sexual y el abolicionismo total divide a casi todos los países de la Unión Europea. Aquellos que defienden la legalización total argumentan que, al reconocerse la prostitución como una actividad laboral, se podrían proporcionar derechos laborales y protección social a las trabajadoras sexuales, reduciendo así la precariedad y la explotación. Sin embargo, los abolicionistas rechazan esta visión, argumentando que ninguna mujer ejerce la prostitución de forma totalmente libre y que es necesario erradicar esta práctica para proteger a las mujeres de la explotación sexual.
En Alemania, Países Bajos, Austria y Suiza, la prostitución esta descriminalizada y está regulada, permitiendo tanto la prostitución autónoma como la existencia de burdeles. Estos países cuentan con leyes específicas que regulan el ejercicio de la prostitución, imponiendo requisitos como el registro, controles de salud regulares y el pago de impuestos.
En Países Bajos, por ejemplo, las trabajadoras sexuales pueden operar legalmente en burdeles con licencia, y las municipalidades regulan estrictamente la industria para asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables. Además, las trabajadoras sexuales tienen acceso a servicios de apoyo y derechos laborales. En Alemania, la Ley de Protección de la Prostitución de 2017 estableció estándares para mejorar la seguridad y las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales. En Suiza, la regulación varía por cantones, pero en general, se requiere que las trabajadoras se registren y se sometan a chequeos de salud regulares.
¿Abolicionismo o legalización?
En países como Dinamarca, Finlandia y Estonia, la prostitución autónoma es alegal, lo que significa que no está ni explícitamente permitida ni prohibida, pero las actividades de terceros, como el funcionamiento de burdeles o el proxenetismo, son ilegales. Este modelo busca evitar la explotación de las trabajadoras sexuales mientras les permite operar de manera independiente. En Dinamarca, las trabajadoras sexuales deben registrarse como trabajadoras independientes y pagar impuestos, aunque la ley prohíbe técnicamente los burdeles, permitiendo en cambio la existencia de clubes donde se alquilan habitaciones. En Finlandia, la compra de servicios sexuales a una persona víctima de trata es ilegal, y la policía se enfoca en proteger a las víctimas. En Estonia, aunque la prostitución no está regulada, se prohíben todas las formas de proxenetismo y la promoción de la prostitución.
Castigar al cliente
El modelo neoabolicionista, adoptado en países como Suecia, Noruega, Islandia, Francia e Irlanda, criminaliza la compra de servicios sexuales, aunque no penaliza a las trabajadoras sexuales. Este enfoque se basa en la idea de que penalizar a los clientes reducirá la demanda de prostitución y, por ende, la explotación sexual.
En Suecia, este modelo ha estado en vigor desde 1999 y ha influido en la formulación de políticas similares en otros países nórdicos y europeos. La policía y otros organismos de estos países trabajan activamente para identificar y sancionar a los clientes de la prostitución. En Noruega, la ley también incluye provisiones para apoyar a las trabajadoras sexuales que desean dejar la industria. En Francia, se han implementado programas educativos y de concienciación para disuadir la compra de servicios sexuales.
En contraste, la prostitución es legal en Bélgica desde marzo de 2022. En Bélgica, los trabajadores sexuales pueden trabajar de manera independiente, o estar contratados en burdeles que han de ceñirse a regulaciones como cualquier otro lugar de trabajo. Al estar legalizada la prostitución, los trabajadores sexuales pueden operar bajo un contrato de empleo, accediendo así a la seguridad social: pensión, desempleo, seguro de salud, beneficios familiares, vacaciones anuales y baja por maternidad. La ley también asegura que los trabajadores sexuales estén protegidos contra los riesgos laborales y se impongan condiciones a los empleadores. Se aplica solo a los trabajadores contratados por un empleador de trabajo sexual. Este será parecido a los contratos firmados por el personal de hoteles, restaurantes y cafeterías.
Prohibición
Luxemburgo también prohíbe el proxenetismo y la operación de burdeles, pero permite la prostitución autónoma.
Finalmente, en países como Polonia, Rumanía y Hungría, la prostitución es alegal, pero las leyes contra el proxenetismo y la operación de burdeles se aplican muy estrictamente. En estos países, aunque no hay leyes que penalicen directamente a las trabajadoras sexuales, la falta de regulación y protección puede llevar a condiciones laborales peligrosas y a la explotación.
En Polonia, las trabajadoras sexuales pueden operar de manera autónoma, pero enfrentan riesgos debido a la falta de protección legal. En Rumanía, la prostitución es ilegal, y las trabajadoras sexuales pueden ser sancionadas, aunque la ley se aplica de manera inconsistente. En Hungría, las trabajadoras sexuales deben registrarse y pueden operar legalmente en zonas designadas, pero el proxenetismo sigue siendo un delito grave.