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El cheque en blanco de los mexicanos a Sheinbaum asusta a los mercados

La presidenta electa de México, sin contrapesos en el Congreso ni el Senado, promete que las reformas no serán "verticales"

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Fotografía cedida por la Casa de Campaña Claudia Sheinbaum donde se observa a la presidenta electa mientras posa al término de un mensaje en la Ciudad de México Efe

El romance del electorado mexicano que le dio a la presidenta electa Claudia Sheinbaum 35 millones de votos y un cheque en blanco con mayoría calificada en el Congreso tuvo su primer trago amargo en los últimos días cuando creció el rumor de que con ella se aprobarían las reformas más polémicas que deja pendientes Andrés Manuel López Obrador.

Histérico, el sistema financiero lanzó algunos garrotazos, golpeó a la Bolsa Mexicana de Valores que se depreció más del 6%; hirió a empresas que perdieron valor en sus acciones y empujó al dólar a más de 18 pesos por unidad, un incremento de casi 2,5% después de un periodo de fortalecimiento en el que se ganó el mote de “superpeso”.

Mayoría cualificada

El susto sacudió a la clase política de Morena y aliados que seguían en ambiente festivo. Sheinbaum tuvo que desmentir a los contertulios que cantaron la discusión de las 18 reformas para septiembre próximo, cuando entrará la nueva legislatura donde el oficialismo tiene la sartén por el mango con la mayoría cualificada.

El Senado, con 128 miembros, tendrá al menos 82 legisladores de Morena y sus socios menores del Partido Verde y el Partido del Trabajo. En la Cámara de Diputados, de 500 miembros, tendrán al menos 365 miembros, esto es, el 73%.

Las iniciativas de reformas no serán verticales, dijo la presidenta electa ante medios de comunicación, sino que “tendrán que debatirse en un parlamento abierto en el que se establezca un diálogo para que la propuesta se evalúe y, en su momento, llegue a aprobarse”.

“La justicia” por encima de cualquier mercado

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó el papel de padre mentor y justificó la sacudida financiera a su manera. Dijo que el nerviosismo bursátil se debió a que sienten sus “privilegios amenazados”; sin embargo, declaró: “Por encima de cualquier mercado está la justicia”.

Amlo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vota en las elecciones generales mexicanas este domingo en un colegio electoral en la Ciudad de México

Analistas de mercado coinciden en que son dos reformas del total de las 18 en el tintero legislativo las que pudieron provocar los golpes de la bolsa: la Reforma al poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos al poder presidencial.

Sobre ambos asuntos ha habido manifestaciones públicas masivas para evitarlo. AMLO las ha desestimado por considerar que, quienes las organizan son los afectos por las propuestas de cambio que les quitaría poder a favor del “progreso del pueblo”.

Las manzanas de la discordia

Entre la sacudida financiera y el 2 de junio, cuando los primeros resultados le dieron un triunfo irrebatible, Claudia Sheinbaum había tenido un discurso general rumbo al Palacio Nacional. Garantizó, por ejemplo, que su administración sería “honesta” y “sin corrupción”; “democrática y austera”; “sin impunidad ni derroches”.

Incluso guiñó el ojo a Estados Unidos y lanzó una promesa de respeto al Gobierno de ese país a la par de la defensa de los mexicanos que viven y trabajan allá.

Sheinbaum

Fotografía donde se observa la imagen impresa en tortillas de la oficialista Claudia Sheinbaum, ganadora de la elecciones presidenciales en México

Prometió también que no habrá aumentos a combustibles y electricidad, que mantendrá la separación del poder económico y político, que garantizará la libertad de prensa y reunión y atenderá las causas de la violencia.

La reforma judicial

En cambio, el debate público sobre las reformas la pasaron del plano abstracto a lo concreto, a la política pura, dura y de negociaciones.

Con la Reforma Judicial, los aliados de ella en el Congreso pretenden desde tiempos de AMLO la elección de ministros, magistrados y jueces con el propósito de legitimar a través de la democracia a los impartidores de justicia.

Actualmente, el jefe del Ejecutivo manda una terna al Senado y éste vota; en adelante, lo que se pretende es que haya candidaturas propuestas por los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y que éstas se lleven a las urnas, previas campañas.

Si se aprueba esta propuesta, el Senado verificaría que las candidaturas cumplan con los requisitos de ley: que los candidatos cuenten con la licenciatura en Derecho y experiencia en la materia y sería a partir de 2025 cuando se celebraría la primera elección.

¿Contra la impunidad?

AMLO dice que el poder judicial está controlado por delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco y esto ayudaría a frenar la impunidad del 98% del país, pero ha derivado en resistencia de abogados, de una parte de la sociedad y de los propios involucrados.

“Es pésima idea porque desaparecería la carrera judicial y se volvería político”, opinó el magistrado Felipe de la Mata.

La otra iniciativa de la discordia quiere desaparecer instituciones autónomas al poder Ejecutivo. AMLO perdió su oportunidad de lograr su plan en la segunda mitad de su gobierno porque en las elecciones de 2021, sus fuerzas partidistas en el legislativo perdieron la mayoría, pero una vez recuperada con Claudia Sheinbaum en la cabeza podría consolidarse.

Duplicidades

Entonces desaparecerían con el argumento de que “duplican funciones”: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Nacional Electoral o el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, entre otros.

“Se pondría en riesgo esa democracia”, resaltó Diego García Ricci, politólogo de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. “Todos los contrapesos que se han logrado para evitar que el poder quede en manos de una sola persona”.

El resto de las reformas no están en el ojo del huracán aunque también tienen sus críticos porque involucran subsidios como beneficios de jubilación ampliados para mayores de 65 años o más y personas discapacitadas o becas de estudiantes; otras incluyen prohibiciones al maíz genéticamente modificado; a derechos de agua en zonas de sequía; a la minería de cielo abierto y al fracking.