España no enviará representantes oficiales a la toma de posesión de Nicolás Maduro prevista para este viernes 10 de enero, según confirmaron ayer a Artículo14 fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ni el embajador español en Venezuela, Álvaro Albacete, antiguo jefe de Gabinete del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, nombrado a principios de diciembre en sustitución del veterano Ramón Santos, ni ningún otro representante del Gobierno acudirá a una ceremonia de investidura que, si nada cambia, tendrá lugar mañana en la sede de la Asamblea Nacional en Caracas.
El Ejecutivo sigue sin dar carta de legitimidad a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Unos comicios que “no se adecuaron a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral” y que, por ese motivo, no pueden ser considerados “democráticos”, según recoge el informe del Centro Carter.
Sin presentar las actas
Cinco meses después de la votación, el chavismo, que movió rápido sus fichas para blindar la victoria de Maduro, sigue incumpliendo su promesa de publicar las actas de los colegios electorales que demuestren la veracidad de los resultados. Resultados que contaron, sin embargo, con el aval del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el máximo órgano judicial también controlado por el oficialismo.
Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ha hecho públicas “el 85%” las copias de las actas obtenidas gracias a la colaboración de “los funcionarios del Plan República y del Consejo Nacional Electoral (CNE) que desobedecieron órdenes de que no podían entrar nuestros testigos y que no podían recibir las actas”, según reveló ayer la líder opositora María Corina Machado, que permanece en la clandestinidad desde la jornada electoral.
Con profunda emoción, le hacemos este anuncio a todos los venezolanos y al mundo:
Las ACTAS de la VERDAD, que expresan la Soberanía Popular y la decisión del cambio de los venezolanos, han llegado a Panamá.
TODAS las ACTAS reposarán bajo custodia del Gobierno de Panamá en las… pic.twitter.com/NuIsLWOVNc
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 8, 2025
Los documentos en manos de la oposición acreditan el triunfo en las urnas de su candidato, Edmundo González Urrutia, a quien Estados Unidos reconoce como “presidente electo” de Venezuela, una categoría que solo han secundado hasta la fecha países como Argentina o Uruguay. No así España. El Gobierno de Pedro Sánchez no reconoce la legitimidad de los comicios del 28 de julio –como tampoco reconoció las presidenciales anteriores de 2018–, y por tanto tampoco la legitimidad de Maduro.
Pero todavía no ha dado el paso de considerar presidente electo a González Urrutia. El Ministerio de Exteriores no contempla quemar los puentes diplomáticos y apuesta por mantener abierta la Embajada en Caracas.
Aislamiento
Los embajadores de los países de la Unión Europea tampoco acudirán a la investidura, según lo acordado a finales del pasado año en Bruselas en el seno del Grupo de Trabajo para América Latina y el Caribe del Consejo Europeo (COLAC, por sus siglas). Otros países latinoamericanos como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay también han confirmado que no enviarán representación. A diferencia de Rusia, China y Turquía. Los gobiernos de Colombia, Brasil y México, aliados críticos del chavismo, han confirmado la asistencia de sus embajadores.
España no tendrá representación oficial en la tercera investidura de Maduro, pero puede contar con la representación extraoficial del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. “No me extrañaría que Zapatero viniera al aquelarre –porque eso no se puede llamar juramentación– que están montando el viernes”, subrayó ayer en rueda de prensa Corina Machado.
Suele ser habitual que los expresidentes utilicen la cobertura de la Embajada para acudir este tipo de citas, pero Zapatero mantiene interlocución directa con la plana mayor del chavismo.
El chavismo se blinda
Edmundo González, asilado desde septiembre en España, ha reiterado en todo momento su compromiso de regresar a Venezuela “por cualquier vía” para asumir este viernes la presidencia. Un escenario delicado que puede desembocar en su detención. La insistencia del diplomático de 75 años y su gira por el continente americano en búsqueda de apoyos ha elevado la presión sobre el chavismo.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, ofreció una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a su paradero. Esta semana, además, las fuerzas de seguridad venezolanas han detenido a Enrique Márquez, otro destacado candidato opositor. Un arresto que se suma a los de Carlos Correa, periodista y activista de la ONG Espacio Público, y Rafael Tudares, yerno de González Urrutia, “secuestrado” en la mañana del martes por un grupo de “hombres encapuchados vestidos de negro” cuando llevaba a sus hijos, de 6 y 7 años, a su primer día de colegio después de las vacaciones.
La tensión es palpable en el núcleo duro del oficialismo. Márquez no es un opositor cualquiera. Fue diputado y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). Pero el candidato del partido Centrados a los comicios del pasado 28 de julio ha exigido la publicación de las actas y acusó a las instituciones de colocarse “al margen” de la Constitución. A finales de año, Márquez reafirmó que la “voluntad de cambio” expresada en las urnas por los venezolanos sigue “intacta”.