Encarcelado en una prisión de alta seguridad cerca de Londres desde 2019, Julian Assange acaba de ser liberado tras alcanzar un acuerdo con la justicia estadounidense para declararse culpable de un único cargo de “conspiración para obtener y divulgar información relativa a la defensa nacional”, lo que debería valerle 62 meses de prisión, pena que ya ha cumplido.
Este acuerdo debería, en principio, marcar el final de casi 14 años de proceso. Naciones Unidas acogió con satisfacción su liberación, afirmando que el caso había suscitado una serie de preocupaciones en materia de derechos humanos.
El caso Assange es un ejemplo de lawfare. Este término, derivado de la contracción de law (derecho) y warfare (guerra), se inventó en 2001 en las filas del ejército estadounidense. La guerra a través del derecho. El concepto pertenece al mundo de los conflictos armados. Pero, ¿no podría ser emergente en materia jurídica?
Héroe de la libertad de expresión perseguido para sus partidarios, gurú libertario irresponsable o incluso traidor para sus detractores, Julian Assange es una de las primeras celebridades mundiales de la era de Internet. Surgió del oscuro mundo de los piratas y hackers de Internet en 2006 para fundar el sitio web WikiLeaks. Se trata de una organización sin ánimo de lucro, registrada en Suecia y con sede en Islandia, dirigida por una red de voluntarios. A su cabeza, Assange se ve a sí mismo como un enderezador de entuertos, un nómada siempre entre dos planos y dos países, un luchador apátrida y adversario de la gran potencia maligna de un mundo globalizado: Estados Unidos.
Hecho famoso por la difusión de información secreta sobre el comportamiento de Estados Unidos en Irak y Afganistán, el sitio fue constantemente acosado, al igual que su líder, hasta su detención en 2019 en la embajada de Ecuador en Londres, donde estaba refugiado desde 2012. Assange luchaba por evitar ser entregado a la justicia estadounidense, que le perseguía por haber hecho públicos, a partir de 2010, más de 700.000 documentos confidenciales sobre actividades militares y diplomáticas estadounidenses, especialmente en Irak y Afganistán. Entre esos documentos figura un vídeo en el que se ve a civiles, entre ellos un periodista de Reuters y su chófer, muertos por los disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak, en julio de 2007.
Frente a este caso de lawfare, la justicia y la defensa de Assange fueron imposibles, en una guerra legal librada por dos de los Estados más poderosos del planeta, Estados Unidos y Gran Bretaña. El objetivo de los gobiernos y servicios secretos de estos países es extinguir el discurso y la expresión de los opositores mediante una presión procesal constante e insostenible. El objetivo es hacerles tirar la toalla, hacerles inaudibles y minar sus medios de defensa.
Tras el 11 de septiembre -los atentados de Nueva York de 2001- y sus consecuencias, como los atentados de Al-Quaida y el ISIS, estos Estados democráticos decidieron iniciar un proceso sin cuartel contra un hombre para silenciarlo. Le seguimos en la prisión de alta seguridad cercana a Londres, donde los controles de acceso y los absurdos administrativos recuerdan el juicio de Kafka, pero también a través de los meandros legales que le llevaron a la cárcel y le mantuvieron allí.
El sistema judicial estadounidense ha sumido a Assange y a sus abogados en un laberinto de normas del que nadie veía la salida. Al multiplicar los procedimientos y las acusaciones, el caso se hizo deliberadamente ilegible, incomprensible e ininteligible. Todo había sido orquestado para sumir a la defensa legal de Assange en un interminable laberinto de callejones sin salida. El resultado fueron tres acusaciones, por no hablar de la épica petición de extradición de Estados Unidos. El exvicepresidente estadounidense Mike Pence calificó el acuerdo de “falsa justicia” que “deshonra el servicio y el sacrificio de los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas”.
En el frente diplomático, el asunto Assange pesó en las relaciones entre Estados Unidos y Australia. Assange se había convertido en un problema para la alianza entre Estados Unidos y Australia. Sin embargo, la imagen ambivalente de Assange, el apoyo internacional que ha suscitado y el hecho de que no haya desertado a Moscú juegan a su favor. Trump y luego el actual presidente US Joe Biden plantearon la posibilidad de indultarle. Se celebraron discretas negociaciones tripartitas entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido, y los tres países unieron sus fuerzas en 2021 en una nueva alianza, la Aukus.
Así que la ley ya no es una protección, sino un arma (geo)política, más que jurídica. ¿Y si Julian Assange no fuera sólo el símbolo de un nuevo periodismo, sino también el de una deriva judicial que no ha hecho más que empezar?