A principios de marzo, Francia daba un paso histórico al consagrar el derecho al aborto en su Constitución, convirtiéndose así en el primer país del mundo en hacerlo. La decisión contó con un amplio apoyo a través del espectro político francés y muy pocas reservas expresadas.
Para poner en contexto la importancia de esta resolución, Gabriel Attal, primer ministro francés, recordó el retroceso del derecho al aborto en países como Estados Unidos, Polonia y Hungría – lugares donde estas libertades peligran por culpa de los constantes cambios políticos. Attal señaló que “no hace falta más que una generación, un año, una semana para que las cosas cambien drásticamente”, destacando a “las mujeres estadounidenses que deben luchar por los derechos al aborto” tras la anulación de Roe v. Wade y “los húngaros y polacos, para quienes el aborto ya no es una libertad consagrada”.
No es el caso de Francia, donde el derecho al aborto ya estaba firmemente anclado tanto política como socialmente. En la votación parlamentaria, la decisión obtuvo un consenso histórico: 780 de los 902 parlamentarios franceses se pronunciaron a favor del proyecto de ley y solo hubo 72 votos en contra y 50 abstenciones. Y la medida también ha sido popular entre el público francés, con una encuesta de IFOP de 2022 que muestra un 81% a favor y refleja un cambio significativo de actitud cultural desde la legalización del aborto en 1975.
Así, Francia hacía historia, pero ¿qué hay del resto de países de la Unión Europea?
Los países más estrictos
Malta es el país más restrictivo del bloque y prohíbe el aborto en casi todas sus formas, incluso en casos de violación, incesto o anomalías fetales. Solo se permite en situaciones donde peligre la vida de la madre. La sociedad maltesa es católica y mantiene un consenso generalizado contra la legalización de esta práctica. Las últimas propuestas de despenalización no han sido bien recibidas, generando quejas tanto de la comunidad médica como de los grupos pro-vida.
Otro país estricto es Polonia, que solo permite la interrupción del embarazo en situaciones de riesgo para la mujer embarazada o si es consecuencia de una violación. Pero esto es solo la teoría, ya que en la práctica es casi imposible conseguir un aborto legal. Como consecuencia, muchas mujeres viajan fuera del país para acceder a este servicio, o recurren a métodos ilegales dentro de Polonia. La situación se agravó tras la sentencia del Tribunal Constitucional en 2020, que eliminó la posibilidad de abortar en caso de graves anomalías fetales. Decisión que ha sido criticada tanto a nivel nacional como internacional, y ha resultado en manifestaciones masivas en Polonia, donde más de mil mujeres recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos impugnando la ley.
En Hungría, la ley del aborto, vigente desde 1992, lo permite hasta la semana 12 de gestación, con extensiones posibles hasta la semana 24 en casos extraordinarios, como patologías fetales incompatibles con la vida o riesgos para la vida de la madre. Sin embargo, una reciente medida implementada por Viktor Orbán exige que las mujeres escuchen el latido del corazón del feto antes de proceder con el aborto. Esta normativa, introducida en septiembre de 2022, fue criticada por su difícil aplicación (y muchos médicos la ignoran). Las críticas se centran en que el decreto eleva el estrés y la presión emocional sobre la mujer, lo que podría aumentar los riesgos de complicaciones durante el procedimiento.
Unos derechos en evolución
Irlanda no legalizó el aborto hasta 2018, tras celebrar un referéndum donde el 66,4% de los votantes apoyó la derogación de la Octava Enmienda de la Constitución, que protegía el derecho a la vida del no nacido. La nueva legislación entró en vigor el 1 de enero de 2019 y permite el aborto hasta las 12 semanas de gestación y en circunstancias específicas más allá de este período. Desde su legalización, se han realizado más de 13.000 abortos en el país hasta 2021, y la cifra se acercaba a los 30.000 en 2023.
En Lituania, Letonia, y Eslovaquia, el aborto está sujeto a regulaciones más estrictas. Estos países permiten la interrupción del embarazo principalmente bajo circunstancias específicas, como riesgo para la salud de la mujer, casos de violación o incesto, y en algunos casos, anomalías graves del feto. Además, el plazo para solicitar un aborto es corto, generalmente hasta las 12 semanas de gestación para circunstancias generales, extendiéndose en casos excepcionales.
En Chipre, la ley permite el aborto hasta las 12 semanas de gestación por elección de la mujer y hasta las 19 semanas en casos de violación. De los países con fuerte presencia religiosa de la UE, Chipre -cuya sociedad es mayoritariamente ortodoxa y cuya Iglesia influye mucho sobre el Gobierno- es el más laxo en cuanto al aborto. Su actitud social y gubernamental hacia el aborto tiende a ser más pragmática, centrada en los derechos de la mujer y la salud pública.
El resto de Europa
Luego hay países como España y Portugal, donde el aborto está legalizado en las primeras 14 y 10 semanas de gestación, respectivamente, sin requerimientos adicionales más allá de los periodos de reflexión. Estos países legalizaron el aborto en las últimas décadas (España en 1985 y ampliado en 2010; Portugal en 2007), adoptando un enfoque más liberal hacia los derechos reproductivos de las mujeres y reflejando actitudes gubernamentales y sociales más abiertas. En Italia y Grecia, el aborto está permitido hasta las 12 y 19 semanas respectivamente, bajo ciertos criterios. Aunque Italia es un caso excepcional, ya que a pesar de que la ley permite la interrupción del embarazo, hay fuerte oposición moral entre la sociedad y las mujeres del sur del país suelen tener problemas para encontrar médicos dispuestos a llevar a cabo un aborto.
Croacia permite el aborto hasta las 10 semanas, y Eslovenia, hasta las 10 semanas por elección de la mujer.
Alemania y Bélgica permiten el aborto bajo demanda hasta las 12 semanas de gestación, aunque Alemania requiere una consulta de asesoramiento obligatoria y un período de reflexión de tres días antes de proceder con el aborto, y Bélgica una etapa de reflexión de seis días.
Dinamarca y Estonia permiten el aborto bajo demanda hasta las 12 y 11 semanas respectivamente, sin mencionar requisitos específicos adicionales. Dinamarca también ofrece programas extensivos de educación sexual en los colegios, que han contribuido a tasas bajas de embarazo adolescente.
Finlandia y Austria ofrecen el aborto bajo demanda, sujeto a la aprobación de dos médicos, hasta las 12 semanas, mientras Luxemburgo requiere una consulta adicional de asesoramiento. Finlandia es único en el sentido de que requiere la aprobación de dos médicos antes de proceder, lo que refleja cautela en la práctica médica.
En Rumanía, el aborto bajo demanda está legalizado hasta las 14 semanas, y en Bulgaria hasta las 12.
República Checa tiene una política similar, permitiendo el aborto bajo demanda hasta las 12 semanas.
Suecia, que fue el primer país europeo en legalizar esta práctica (en 1975), permite el aborto bajo demanda hasta las 18 semanas de gestación. Y Países Bajos, que ofrece uno de los plazos más extensos de la Unión Europea, lo admite bajo demanda hasta las 24 semanas. Ambos países destacan por sus enfoques integrales hacia la educación sexual y el acceso a los anticonceptivos, contribuyendo a bajos índices de aborto y embarazo adolescente.