El presidente Javier Milei acaba de anunciar este jueves que el Estado argentino dejará de pagar la pensión a Cristina Fernández de Kirchner. La ex mandataria, que fue presidenta de Argentina de 2007 a 2015, cobraba lo que se conoce como la Asignación de Privilegio por haber sido la jefa del Estado.
El Gobierno argentino reconoce que la decisión se debe a la confirmación, este miércoles, de la condena de seis años por corrupción a Fernández de Kirchner.
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— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 13, 2024
En un comunicado difundido también a través de las redes sociales gubernamentales, la Administración Milei explicó que “frente a la reciente confirmación por la Cámara de Casación Penal de la condena a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, el Gobierno del presidente Milei, a través del ministerio de Capital Humano, resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la ex presidente venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión”.
“Indignidad”
En el comunicado del ministerio de Capital Humano aseguran que “la baja dispuesta por Resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Javier Milei, sonriendo junto a la vicepresidenta saliente de Argentina, Cristina Fernández, durante una ceremonia en el Congreso de la Nación, en Buenos Aires (en 2023)
“Ahorro” para los argentinos
Según recoge el diario “La Nación”, el portavoz de Milei, Manuel Adorni, añadió que será “tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Esto significa para los argentinos un ahorro -al menos de la asignación en mano- de unos 21 millones de pesos” (unos 20.000 euros).
“Cristina Kirchner fue condenada como autora del delito de acción fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”, aseveró Adorni. Para el portavoz de Milei, “la jubilación al exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aun si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”.
Honor y mérito
En el ministerio de Capital Humano dan más detalles y justifican su decisión. “El beneficio previsto por la ley Nº 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidentes de la nación, es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito, y el buen desempeño del cargo”. El Gobierno de Milei destaca que la prestación “no tiene carácter contributivo -esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- sino que constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor”.
— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) November 14, 2024
Para el Ejecutivo argentino, “la condena confirmada por la segunda y última instancia judicial ordinaria, afecta el presupuesto legal que tiene en miras este privilegio, de por sí discutible”. La Administración Milei justifica la inédita medida en que es “inadmisible” que pueda seguir percibiendo este privilegio con su condena por corrupción. “Haber sido encontrada culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función como presidente de la nación, torna inadmisible que peda seguir percibiendo asignaciones de privilegio que le fueron otorgadas con carácter excepcional y extraordinario por un supuesto buen desempeño y por el honor del cumplimiento de su función presidencial”, manifiestan. “Tales premisas no pueden ser sostenidas frente a la sentencia de Casación Penal”, argumentan.
Un ejemplo para la sociedad
Por último, remacha el ministerio de Capital Humano argentino, “es preciso destacar la ejemplaridad que la pérdida de estos privilegios tiene para la sociedad entera y para la clase política que debe recuperar los valores éticos e institucionales que supieron cultivar nuestros próceres y padres fundadores”.