Un análisis de lo ocurrido en los 365 días transcurridos desde el 9 de febrero de 2024, cuando se produjo el secuestro, desaparición forzada y detención de la catedrática y abogada de derechos humanos, Rocío San Miguel, se concluye que no ha habido ley nacional, internacional, moral o meramente humana que no se haya violentado en su caso. Ni crueldad en la que no se haya incurrido.
Al cumplirse un año de la arbitraria detención, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, denunció que a la activista Rocío San Miguel se le siguen violando sus derechos a la defensa y al debido proceso. “Exigimos que se le respeten sus derechos y que sea liberada, al igual que todos los presos políticos en Venezuela”, manifestó el bloque opositor. Y numerosas ONGs se pronunciaron en el mismo sentido, entre ellas el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que acusó al régimen de haber sometido a San Miguel a un proceso viciado, plagado de irregularidades y desacatos a las formalidades legales.
El viacrucis de San Miguel
El año del viacrucis de la presa política más célebre de Venezuela, quien tiene doble nacionalidad, puesto que de su madre le viene la española, marcaba también el comienzo del juicio. Este miércoles, 11 de febrero, tras un año de detención, el Juzgado Tercero en funciones de Juicio para conocer de casos de terrorismo, a cargo de la juez Alejandra Romero, había fijado la apertura de la audiencia de juicio oral y público. Sin embargo, ha sido diferido hasta el 31 de marzo.
El antes y después en “el Helicoide” de Rocío San Miguel
¿Abogado defensor? “No”. El letrado Juan Luis González Taguareco, de 56 años, es “uno de los abogados que apoya a la familia San Miguel”. Al preguntársele por qué no se identifica como abogado de la activista, explica: “La verdad es que desde hace un año, es decir, desde que la doctora San Miguel está detenida, no ha sido posible constituir la defensa técnica; por ende, formalmente, no somos sus abogados. Su defensa, a la fecha, sigue a cargo de una abogada llamada Yonimar Flores, quien es la defensora pública 49 de Caracas”.
Un año sin ver (ni defender) a San Miguel
—El apoyo a la familia -precisa González Taguareco- ha consistido en accionar ante los tribunales en procura de las tutelas constitucionales de amparo; hacer las denunciar respectivas ante el Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo; así como insistir, ante instancias internacionales, para que se documente el caso. Al no haber sido constituido de manera formal el expediente de la causa, no he podido ver a la doctora Rocío San Miguel en ningún momento a lo largo del año que lleva detenida.
Vale destacar que a lo largo de estos doces meses tampoco ha habido una visita de la abogada que le fue designada por el tribunal. Como suena: el defensor público a cargo de la defensa de Rocío San Miguel no ha tenido jamás una entrevista con su cliente para conocer las circunstancias de su detención e informarle de qué se la acusa y la estrategia que piensa seguir.
Activistas y opositores protestan para pedir la liberación inmediata y plena de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel en Caracas
—Hemos sabido -dijo el letrado González Taguareco- que en el decurso de la fase preparatoria esta abogada no solicitó diligencias de investigación, tampoco impugnó la decisión dictada por el juez segundo de Control de Terrorismo, mediante la cual este dispuso la privación de libertad de la doctora San Miguel y de su exesposo, Alejandro González de Canales Plaza.
Sin quejas de España
En estos meses, diversos portavoces han señalado al Gobierno de España de negligencia, de poco interés en la presa española de Maduro. Sobre todo, porque con frecuencia se ve al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a partir un confite con Maduro e involucrado en asuntos de mucha relevancia. Pero el doctor González Taguaruco no comparte esta impresión.
—Nosotros no nos hemos quejado del trabajo del Consulado de España en Venezuela. De hecho, hemos contado con el apoyo del cónsul Marcos Rodríguez Cantero, diplomático y abogado, quien ha estado siempre muy atento al caso. Es importante destacar que el doctor Rodríguez Cantero, conforme a la Convención de Viena sobre relaciones consulares, se dirigió al Gobierno nacional, así como al tribunal, para hacer mi designación como defensor de la doctora San Miguel. Pero el tribunal se negó.
Una de las últimas fotografías de Rocío San Miguel, antes de ser detenida
El régimen, pues, le ha negado a Rocío San Miguel la asistencia del Consulado de España, que el cónsul ha solicitado para apoyarla con alimentos y medicinas, y visitarla en el centro de reclusión. Esto no ha sido autorizado por el gobierno nacional.
No es malquerencia con la prensa
—No es que la familia no quiera dar declaraciones a la prensa -explica González Taguaruco-. El problema es que ellos también están siendo procesados.
Aquí el resumen de los hechos expuestos por el abogado de la familia:
- San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 y, al día siguiente, el 10 de febrero, fueron detenidos su hija, Miranda Díaz San Miguel, el padre de esta, Víctor Díaz Paruta y en la noche, sus hermanos, Luis Alberto y Miguel Ángel San Miguel, este último con apenas dos días en Venezuela, adonde había llegado de visita por unos días de España, donde reside.
- El 12 de febrero, lunes de carnaval, San Miguel fue llevada a audiencia, en horas de la noche, en una sala habilitada en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Allí se encuentra con la terrible sorpresa de que no solo estaba detenida ella, sino también su hija, su exmarido, Alejandro González de Canales Plaza, también de nacionalidad española, de quien llevaba años separada y con mínimo contacto; el padre de su hija; y dos de sus hermanos. Se celebró la audiencia y se acordó la privación judicial de libertad para San Miguel y el exmarido. Para el resto de los presentes fueron declaradas medidas cautelares sustitutivas: presentación periódica cada ocho días (deben comparecer los miércoles ante el tribunal), prohibición de salida del país y prohibición de declarar a medios de comunicación o referirse al caso en redes sociales.
- Pasados 45 días de esta audiencia, la Fiscalía presentó un escrito de acusación en contra de San Miguel y el exesposo. Pero no dictó auto conclusivo respecto del resto de sus familiares, de manera que tienen un año en condición de procesados, obligados a presentarse en el tribunal, sin poder salir del país y con la limitación de expresarse.
—Como abogada competente que es, -observa su letrado- la doctora San Miguel reclamó desde el primer día su derecho a nombrar abogados de su confianza. No se le permitió. Y en vez de eso, la acusaron de estar siendo “obstruccionista” y de que, con esa exigencia, estaba evitando la posibilidad de que su hija saliera en libertad [le ofrecieron que si ella aceptaba tener un defensor público, liberarían a su hija]. Ella accedió y los cuatro familiares salieron; y desde ese mismo día empezaron las diligencias para constituir la defensa técnica. Es así como el miércoles 14 de febrero, la hija, el padre de esta y los hermanos de Roció San Miguel designan a sus abogados.
“El Helicoide”, lugar donde se encuentra recluida Rocío San Miguel, en Caracas
“Nosotros nos juramentamos”, sigue el abogado González Taguareco, “y aprovechamos para hacer valer lo establecido en el artículo 127.3, del Código Procesal Penal (que legitima la iniciativa de los familiares de designar abogados). Con el acta de nacimiento de Miranda en mano, esta nos designó al abogado de su madre, pero esto nunca fue tramitado. Por su parte, el Consulado General del Reino de España, conforme a sus atribuciones, presentó un escrito directamente en el tribunal, donde hacía la designación de defensor y esto tampoco fue atendido”.
Pero el ex, sin comerla ni beberla
En cuanto a exmarido, con el apoyo del Reino de España, que expidió su partida de nacimiento, los abogados al tribunal con el padre de aquel para que este los designara defensores, petición que tampoco fue tramitada. El juez incumplió con su deber y no levantó el acta donde los constituía como defensa técnica.
En el anexo de máxima seguridad de la cárcel Rodeo 1, donde tienen a Alejandro González, han permitido que firme… pero luego no certifican la firma. El tribunal se niega a recibir el escrito porque “no tiene certificación de firma”.
—En todo este tiempo, -sigue el letrado- nosotros presentamos la correspondiente acción de amparo para que se resolviera esta situación, obviamente lesiva al orden constitucional. Pero los amparos fueron declarados inadmisibles, por distintos motivos, uno más absurdo que el otro; y los correspondientes recursos de apelación que hemos ejercido acumulan polvo en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que no se ha pronunciado sobre el recursos apelación interpuesto por los abogados.
#Venezuela 🇻🇪| Un año después de la detención arbitraria de Rocío San Miguel, seguimos exigiendo su libertad inmediata y que el Estado garantice su salud e integridad. Defender los Derechos Humanos no es un delito.
📸 @_Provea pic.twitter.com/G6BWRF26rw
— Civil Rights Defenders Latin America (@CRDLatin) February 11, 2025
“En suma, tenemos las manos amarradas para apoyar a la doctora San Miguel. Lo que hemos hecho es denunciar las sucesivas infracciones al debido proceso, a sus derechos fundamentales: a la salud, a la debida defensa, al voto… y consignado en los órganos correspondientes, por lo menos para que se tenga constancia de que todo lo hemos documentado y para que el fiscal general de la república, Tarek Saab William, y el defensor del pueblo, Alfredo José Ruiz Angulo, no puedan excusarse alegando que ignoraban la inmensa serie de irregularidades”.
La hija de San Miguel
—Miranda tiene 25 años y tiene el temple de su mamá -dice el abogado González. Los hechos, la circunstancia de que tiene autorizadas las visitas al Helicoide, una o dos veces por semana, entre una y tres horas, la han puesto en el deber de convertirse en la madre de su madre, puesto que se ocupa de su comida, de proveerla de ropa limpia, en cuanto a los medicamentos es ella quien se encarga no solo de conseguirlo sino llevarlo al Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) para que le permitan entregárselo.
“En fin, no solo atiende las necesidades de su mamá en reclusión, sino las propias, que le fueron impuestas por el tribunal, ya que está procesada. Ella es, también, nuestro enlace con el defensor público, con quien trata de entrevistarse regularmente para enterarse de lo que este sabe del caso de su mamá”.
Y, por fin, el juicio
—Entendemos que la fecha de apertura, la audiencia del juicio oral y público, es este martes 11, a las diez de la mañana -dice el abogado con el tono de quien ya no cree nada y solo espera una nueva frustración.
Ella es Rocío San Miguel: abogada, profesora universitaria y defensora de DDHH. Una venezolana íntegra, valiente y comprometida con la verdad y la justicia.
Hoy cumple un año detenida injustamente y sin derecho a defenderse.#RocíoEsInocente#MedidaHumanitariaParaRocío pic.twitter.com/XP8WykQL3I
— Luis Gerardo Petit (@Petitluisg) February 9, 2025
—Al habernos dado esta información -concede sin mucho entusiasmo- pareciera que el tribunal no va a entorpecer la constitución técnica. Esto significa que el proceso de alguna manera ha avanzado, incluso ante la resistencia de la doctora San Miguel.
La explicación a este último aserto incluye un episodio que da cuenta de la inverosímil valentía de Rocío San Miguel. Como se ha dicho, ella ha exigido desde el primer momento su derecho a escoger abogados, lo que le fue negado, en violación de la Constitución.
—La Fiscalía -precisa el letrado- presentó un escrito de acusación que da por terminada la fase preparatoria del proceso, sin que se hubiera promovido ningún tipo de diligencia por parte de la defensa pública a favor de San Miguel, como tampoco se hubieran impugnado las decisiones que la mantienen detenida. La audiencia preliminar se celebró en condiciones atípicas, tras ser diferida en dos ocasiones por la resistencia de la detenida de prestarse a una farsa, como ella misma lo calificó, en la que se realizara una audiencia preliminar en ausencia de asistencia de abogados designados por ella, posibilidad reiteradamente entorpecida por el juez segundo de Control de Terrorismo, Carlos Enrique Liendo.
A un año de la detención de la reconocida defensora de #DDHH Rocio San Miguel en #Venezuela, seguimos exigiendo su libertad inmediata.
Rocio requiere atención médica urgente. Exigimos a @NicolasMaduro su liberación y la de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos… pic.twitter.com/Dsx8cGBEJR
— Erika Guevara Rosas (@ErikaGuevaraR) February 12, 2025
Se llegó, pues, al tercer intento de realización de la audiencia preliminar. Rocío persistió en su negativa de participar en una mojiganga y exigió ser retirada del lugar a donde la habían llevado, en la sede del Sebin. Posteriormente, una funcionaria le informó que la audiencia preliminar se había celebrado sin su presencia, puesto que ella se había “declarado en rebeldía o en desacato”.
—¿Dónde será el juicio?
—Entendemos que en la sede del Palacio de Justicia en Caracas.
—¿Rocío irá?
—La información que tenemos es que deben trasladarla aquí.
—¿Tendrá abogados de su confianza?
—Estimamos ser designados hoy.
La audiencia de juicio oral y público, nos fue informado fue diferida para el día 31 de marzo de 2025 a la 1 de la tarde.
El motivo fue falta de traslado de los acusados al Juzgado, por ende, causa imputable el Estado, obvio responsable del retardo Procesal.
— J L González Taguaruco (@gonzaleztjuan) February 11, 2025
Finalmente, se ha vuelto a posponer por “falta de traslado de los acusados al juzgado, por ende, causa imputable al Estado, obvio responsable del retardo procesal”.