Cinco años después de la vuelta al poder del talibán, tras tomar Kabul el 15 de agosto de 2021, los fundamentalistas han desmantelado de forma sistemática los derechos de la mitad de su población. Si en aquel entonces solo eran advertencias de lo que el regreso de los talibanes podría suponer para las mujeres afganas, un lustro después queda claro que las proyecciones más agoreras se quedaron cortas.
Según nuevos datos proporcionados por ONU Mujeres, las autoridades de facto han emitido más de 100 decretos dirigidos contra las mujeres y las niñas afganas a lo largo de estos cinco años, institucionalizando la discriminación y despojándolas de sus derechos fundamentales. Es más, en este último año, la exclusión de las mujeres de la educación, el empleo, la vida pública, el sistema de justicia y la salud se ha intensificado, consolidando lo que la ONU califica como “la crisis de derechos de las mujeres más grave del mundo”. Con todo, desde el organismo internacional son conscientes de que a pesar de todos los horrores, Afganistán puede caer en el olvido internacional.
Los talibán blindan el matrimonio infantil y permiten la violencia de género
Así, en el plano legal, el decreto 12 emitido en 2026, elimina la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, otorga autoridad legal al marido sobre la mujer, y solo reconoce como delito la violencia conyugal cuando se producen lesiones físicas graves y visibles. Si no hay “huesos rotos o heridas” no hay violencia de género.
También, el decreto 18 dificulta que una mujer pueda solicitar el divorcio, mientras preserva el derecho unilateral del hombre a hacerlo. Por si esto fuera poco, también permite de forma implícita el matrimonio infantil.
La salud de las mujeres también se deteriora. Siete de cada diez afganas describen actualmente su salud mental como “mala” o “muy mala”, según el informe de la ONU, que atribuye este deterioro al confinamiento en el hogar, la pérdida de derechos y oportunidades, y el acceso limitado a la actividad física y al apoyo comunitario. Afganistán tiene además una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo, con 638 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos en 2024. En España, los datos oficiales del INE sitúan la tasa de mortalidad materna alrededor de 3 a 5 casos por cada 100.000 nacidos vivos.
Salir de casa sólo dos veces al mes
Las restricciones de movimiento se agravaron el año pasado. Más de la mitad de las mujeres afirma salir de casa como máximo dos veces al mes, y casi tres cuartas partes reconoce sentirse insegura al salir sin un guardián masculino o mahram, según los datos recopilados por ONU Mujeres. Más de la mitad admite que evita directamente los espacios públicos como los mercados o los centros de salud, en un contexto de gran vigilancia que genera miedo a las mujeres y niñas afganas.
En cuanto a la educación, Afganistán tiene el título oficial de ser el único país del mundo que prohíbe formalmente a las niñas cursar secundaria y a las mujeres acceder a la universidad. Hoda Jaberian, coordinadora de Educación en Emergencias de la UNESCO, señaló que “cinco años no son una interrupción temporal en la educación de un niño. Es prácticamente todo un ciclo de secundaria”. Según datos de la UNESCO, actualmente hay 2,4 millones de niñas excluidas de la educación secundaria, 200.000 más que el año anterior. Además si el veto continúa, la cifra podría aumentar hasta los 4 millones en 2030. En cuanto a los estudios universitarios, ya son 100.000 las jóvenes afganas que se han quedado sin acceder a la Universidad.
“Cada vez hay menos niñas que pueden estudiar, menos mujeres que pueden convertirse en profesoras y profesionales y, poco a poco, el sistema educativo pierde el capital humano que necesita para recuperarse”, explicó Jaberian.
Las consecuencias del apartheid de género
Afganistán entra poco a poco en una espiral en la que cada vez más mujeres son excluidas. Pero las políticas de apartheid de género tienen consecuencias no sólo sociales, también económicas. En la actualidad, sólo el 7% de las mujeres afganas tiene un empleo, frente al 84% de los hombres. La ONU calcula que esto supondrá unos 920 millones de dólares de pérdidas económicas acumuladas entre 2024 y 2026 por la exclusión.
El país está sumido en una crisis humanitaria que golpea más a las mujeres y niñas. Más de 10,7 millones necesitan asistencia humanitaria. Las afganas que vuelven desde Irán o Pakistán por los conflictos o porque se ven obligadas, apenas logran generar ingresos, lo que agrava el endeudamiento y la inseguridad entre las retornadas.
Y si la esperanza está puesta en las organizaciones humanitarias también están sufriendo recortes por el descenso de los recursos gubernamentales a la ayuda humanitaria. ONU Mujeres alerta que casi tres cuartas de estas organizaciones sufrieron recortes en 2025 y más de la mitad prevé suspender operaciones o cerrar durante el próximo año.
Mientras se apaga el futuro de las afganas en su propio país y sin visos de que los fundamentalistas levanten la mano con las mujeres, una treintena de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas han reclamado que el “apartheid de género” sea tipificado como un crimen de lesa humanidad específico. Y es que la privación intencionada y selectiva de derechos fundamentales por parte de los talibanes contra mujeres y niñas constituye un crimen de lesa humanidad que puede calificarse de “apartheid de género”.