El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se enfrenta a una nueva y controvertida acusación que ha sacudido al país. Morales ha sido acusado de tener un hijo con una menor de 15 años y de estar involucrado en una presunta red de trata de personas, según una denuncia que salió a la luz en los últimos días. Estos cargos, que lo colocan en el centro de una tormenta mediática y judicial, están generando un profundo impacto en la política boliviana y podrían tener graves repercusiones de cara a las elecciones de 2025.
La acusación indica que Evo Morales habría tenido relaciones con una adolescente en 2017, cuando esta tenía tan solo 15 años y formaba parte de una agrupación juvenil conocida como “Generación Evo”, creada durante su presidencia entre 2014 y 2015. Según el documento, Morales incluso habría firmado como padre en el acta de nacimiento de un bebé nacido en 2018. La joven tenía en ese momento 16 años.
La denuncia, presentada por la propia víctima, señala que los padres de la menor se habrían lucrado permitiendo el acercamiento entre su hija y Evo Morales. La presunta implicación de una red de trata de personas añade una dimensión aún más oscura a este escándalo, lo que ha intensificado las críticas hacia el exmandatario, quien ahora enfrenta cargos serios y potencialmente devastadores.
¿Qué argumenta la defensa de Evo Morales?
Evo Morales ha rechazado rotundamente las acusaciones. Según su versión, esta es una maniobra de “persecución política” orquestada por el actual gobierno de Luis Arce, con el objetivo de evitar que Morales vuelva a presentarse como candidato presidencial en las próximas elecciones. En un comunicado reciente, Morales afirmó que esta denuncia es parte de una campaña para debilitar su figura política y que el gobierno de Arce pretende extraditarlo a Estados Unidos para silenciarlo.
Sin embargo, la gravedad de las acusaciones ha generado un clima de creciente tensión entre los partidarios de Evo Morales y el actual gobierno boliviano. La polarización en el país se ha intensificado, con algunos sectores de la sociedad pidiendo que se investigue de manera imparcial, mientras que otros ven en esta denuncia un ataque dirigido para desmantelar el liderazgo de Morales dentro del partido Movimiento al Socialismo (MAS).
La pugna interna en el MAS
Este escándalo ha reavivado la batalla interna que desde hace tiempo se libra dentro del Movimiento al Socialismo. Morales y Arce mantienen una relación tensa desde 2021, cuando se distanciaron por disputas sobre el control del partido y la estrategia política de cara a las próximas elecciones presidenciales. Morales, líder histórico del MAS, ha criticado en varias ocasiones la gestión de Arce, llegando incluso a dar un ultimátum al actual presidente para que destituyera a algunos de sus ministros, a quienes calificó de “corruptos y narcotraficantes”.
El presidente boliviano Luis Arce durante dando un discurso político | EFE
La denuncia por trata de personas contra Evo Morales se presentó apenas tres días después de que el expresidente completara una marcha de siete días y 187 kilómetros hasta La Paz, en lo que denominó la “Marcha para salvar Bolivia”. La coincidencia temporal ha llevado a algunos analistas a interpretar esta acusación como una maniobra política, diseñada para debilitar la posición de Morales dentro del MAS y reducir sus posibilidades de volver al poder en las elecciones de 2025.
Conflicto judicial: destituciones y controversia
El impacto de la denuncia ha tenido consecuencias inmediatas dentro del sistema judicial boliviano. La fiscal Sandra Gutiérrez, quien emitió la orden de arresto contra Evo Morales por trata de personas, fue destituida poco después de que la orden fuera “desactivada” por una jueza. Gutiérrez ha declarado que fue presionada por sus superiores para no avanzar en la detención del exmandatario. Y ha acusado al fiscal general del país, Juan Lachipa, de intervenir para proteger a Morales.
Militares intentan ingresar a la sede del Gobierno de Bolivia, este miércoles en La Paz | EFE
Lachipa, por su parte, ha defendido su decisión, afirmando que la destitución de Gutiérrez se debió a “negligencia” en el manejo del caso. Esta controversia ha desatado una oleada de críticas hacia el fiscal general, tanto por parte del gobierno de Luis Arce como de la oposición. Varios diputados del MAS y otros partidos han anunciado que presentarán denuncias formales contra Lachipa por encubrimiento y manipulación del sistema judicial para beneficiar a Morales.
La jueza Lilian Moreno, quien anuló la orden de arresto, también ha declarado que fue presionada para tomar esa decisión. A pesar de ello, insistió en que el caso sigue abierto y que Morales aún podría enfrentarse a un juicio si se aportan más pruebas.