La industria de la prostitución presenta un panorama complejo y variado en la Unión Europea, tanto en términos legales como económicos. Con una cifra estimada de entre 700.000 y 1,2 millones de trabajadores sexuales en sus 27 estados miembros, este sector genera un impacto económico que, aunque relativamente pequeño en términos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), es clave en cifras absolutas y en las vidas de quienes forman parte de él.
La contribución de la prostitución al PIB varía considerablemente entre los países. En Suecia, por ejemplo, esta industria aportó menos del 0,1% del PIB en 2006, una cifra similar a la de Países Bajos. Dinamarca reportó un 0,1% en 2004, mientras que Italia y Luxemburgo superaron ligeramente el 0,2% en 2011 y 2013, respectivamente. Y fuera de la UE pero en territorio europeo, en Reino Unido, la Oficina de Estadísticas Nacionales estima que la prostitución generó cerca del 0,3% del PIB. Otros países como España, Alemania y Portugal también han reportado contribuciones por debajo del 0,5% de su PIB.
Una industria legal y fructífera
Alemania es especial dentro de este contexto, porque su industria está valorada en 15.159 millones de euros según la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania. Este país legalizó la prostitución en 2002 con el objetivo de mejorar la situación legal de los trabajadores sexuales. Se estima que hay aproximadamente 400.000 trabajadores sexuales en Alemania, lo que subraya la importancia económica de este sector, aunque los detalles financieros son difíciles de precisar debido a la naturaleza privada de las transacciones y la mezcla de actividades legales e ilegales dentro del sector.
En Países Bajos, la prostitución ha sido legal y regulada desde el año 2000, con el famoso Barrio Rojo de Ámsterdam como uno de los lugares más emblemáticos. Se estima que hay entre 25.000 y 30.000 trabajadores sexuales en el país, aunque los números precisos pueden fluctuar debido a la inclusión de actividades ilegales y no reguladas. Suecia, por su parte, adoptó un enfoque diferente al criminalizar la compra pero no la venta de servicios sexuales en 1999, con el objetivo de reducir la demanda. Las estimaciones sugieren una disminución de la prostitución callejera a raíz de la decisión, aunque es difícil estimar el número de trabajadores sexuales en otros medios debido a la naturaleza encubierta de las actividades.
La situación en España
En España, la prostitución existe en un área legal gris; vender sexo no es ilegal, pero las actividades organizadas (burdeles o proxenetismo) sí lo son. Las estimaciones sobre trabajadores sexuales varían ampliamente, con algunas sugiriendo hasta 300.000 individuos involucrados en el comercio sexual del país. España tiene uno de los mayores mercados de prostitución en Europa, con implicaciones económicas clave, aunque los datos financieros detallados son esquivos.
Italia también presenta una situación legal compleja y parecida a la española: la venta de sexo es legal, pero la prostitución organizada (burdeles, proxenetismo) no lo es. Las estimaciones del número de trabajadores sexuales varían, pero informes sugieren decenas de miles. Los datos económicos precisos son difíciles de obtener debido a la predominancia de la prostitución callejera y la falta de regulación formal.
El panorama en otros países de la UE es igual de diverso. En Bulgaria, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Portugal y Eslovaquia, la prostitución es legal y regulada en distintos grados, mientras que en otros como Lituania, la actividad es completamente ilegal. Las políticas varían considerablemente en cuanto a la legalidad de comprar sexo, la operación de burdeles y la procuración, reflejando una amplia gama de enfoques hacia la prostitución dentro de la Unión Europea.
La actitud de la Unión Europea
De momento, los países conservan su autonomía en cuanto a la legalización de estas prácticas. El Parlamento Europeo se pronunció al respecto el pasado septiembre, aunque no implicó un cambio obligatorio en las leyes de los Estados miembros. Solo rechazó la adopción de un enfoque basado en el llamado “modelo nórdico”, el cual criminaliza la compra de servicios sexuales.
En lugar de imponer un enfoque único para todos los países miembros, la resolución del Parlamento Europeo reconoció la diversidad de perspectivas hacia la regulación de la prostitución dentro de la UE. También destacó la importancia de proteger los derechos humanos de todos los individuos involucrados en la industria del sexo, reconociendo los riesgos asociados con la criminalización de la compra de sexo para la salud y seguridad de los trabajadores sexuales.
A pesar de su contribución relativamente modesta al PIB en términos porcentuales, la industria de la prostitución en la Unión Europea representa una fuente de ingresos para cientos de miles de personas y plantea desafíos significativos en términos de política, salud pública y derechos humanos. La variación en la regulación y la percepción de la prostitución entre los estados miembros de la UE refleja la complejidad de abordar este tema a nivel transnacional.