El barranco del Poyo, en Valencia, se ha convertido en uno de los puntos más polémicos tras los devastadores efectos de la DANA que sacudió la región. Mientras los ciudadanos exigen respuestas sobre por qué no se llevaron a cabo las obras necesarias para minimizar los daños, el Ministerio para la Transición Ecológica ha reconocido que la Ley de la Huerta impidió actuar en la zona, paralizando infraestructuras clave para la canalización del agua.
En una tensa sesión en el Senado, la ministra Sara Aagesen defendió la actuación del Gobierno y argumentó que “no hay infraestructura que, por sí sola, aguante un evento meteorológico extremo”. Sin embargo, desde el Partido Popular, el senador Luis Santamaría Ruiz acusó al Ejecutivo de haber ignorado durante años proyectos de encauzamiento que habrían mitigado los efectos de la catástrofe.
Desde 2018, el Gobierno retomó los proyectos de encauzamiento tanto en el barranco del Poyo como en el de la Saleta, ambos afectados por la última DANA. Sin embargo, el Ejecutivo ha admitido que la Ley de la Huerta dificultó la ejecución de infraestructuras fundamentales para evitar desbordamientos en zonas de riesgo.
Esta normativa, aprobada en 2018 por el gobierno autonómico de Ximo Puig, tiene como objetivo la protección del paisaje agrícola y la conservación del entorno natural. Sin embargo, en la práctica, también ha supuesto trabas administrativas para la construcción de infraestructuras hidráulicas en zonas críticas, como el barranco del Poyo.
El enfrentamiento político: ¿Se pudo evitar la tragedia?
El Partido Popular ha criticado duramente la inacción del Gobierno en la ejecución de estas obras. Santamaría Ruiz recordó que la Unión Europea aprobó en 2007 una directiva que obligaba a los países miembros a elaborar mapas de riesgo de inundaciones y planes de gestión.
Imagen de uno de los puentes que cruza el Barranco del Poyo de la localidad valenciana de Paiporta | EFE
Según el senador, durante el mandato de Mariano Rajoy, estos planes fueron priorizados y se aprobaron proyectos para evitar inundaciones en zonas como el barranco del Poyo. Sin embargo, en los últimos años, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha destinado los fondos necesarios para su ejecución.
“Lo que hicieron ustedes, una vez las obras estuvieron priorizadas, fue no dedicar ni un solo euro, y de aquellas circunstancias, de aquellos escaqueos, de aquellos conceptos, ahora viene la tragedia que hemos sufrido todos los valencianos”, criticó Santamaría.
La Ley de la Huerta: entre la conservación ambiental y la seguridad ciudadana
El debate ha puesto en el punto de mira la Ley de la Huerta, una normativa pensada para preservar el paisaje y el ecosistema agrícola de la Comunidad Valenciana, pero que ha generado un dilema entre la conservación y la necesidad de infraestructuras hidráulicas para proteger a la población.
Un vecino de la localidad de Paiporta, Valencia, entre los escombros arrumbados en el barranco del Poyo | EFE
“¿Por qué prefirieron salvar las cañas y las ratas de río que crecen en los cauces a las personas, bienes, viviendas y propiedades?”, cuestionó el senador del PP. Desde el Gobierno, sin embargo, argumentan que la ley no impide por completo la construcción de infraestructuras, sino que exige una evaluación ambiental más estricta y una planificación detallada para minimizar el impacto en el entorno.
Otro de los puntos calientes del debate ha sido el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Desde el PP, han acusado al Gobierno de “silenciar” al presidente de la CHJ y de nombrar en el cargo a un hombre cercano a José Luis Ábalos, exministro de Transportes. “¿Cuándo van a liberar al presidente de la CHJ del secuestro informativo al que lo tienen sometido?”, preguntó Santamaría en el Senado.