Esta semana, con un nuevo episodio de precipitaciones en el levante español y una nueva DANA en el horizonte, las miradas se han vuelto hacia un proyecto paralizado que pudo haber ayudado a mitigar los daños en varios municipios de la Comunidad Valenciana. El proyecto de “adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo”, aprobado inicialmente en 2009 y paralizado en 2021 bajo la gestión de Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, vuelve al centro de la polémica. Esta iniciativa, que planeaba actuar sobre el barranco del Poyo y otras zonas sensibles, fue detenida por motivos económicos y ambientales, como informan desde El Español. Más leña al fuego para el debate sobre la gestión de los recursos hídricos y las infraestructuras de prevención de inundaciones en España.
El proyecto para el barranco del Poyo nació como parte de un plan de gestión de riesgos de inundación que involucraba también al barranco de la Saleta. Desde sus primeras etapas, en 2006, su propósito fue claro: reducir el riesgo de desbordamiento en una cuenca histórica por su vulnerabilidad a las lluvias torrenciales. Estaba pensado para proteger once municipios de la provincia de Valencia, incluyendo localidades como Alaquàs, Paiporta y Torrent, y preservar el Parque Natural de la Albufera, un área de alto valor ecológico y turístico.
En 2009, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) elaboró el proyecto, que incluyó estudios de impacto ambiental, y en 2011, la entonces secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, emitió una declaración de impacto favorable. Sin embargo, el proyecto no avanzó más allá del papel hasta que, una década después, fue descartado nuevamente.
¿Por qué Teresa Ribera paralizó el proyecto del barranco del Poyo?
En 2021, el Ministerio de Transición Ecológica, liderado por Teresa Ribera, decidió frenar las obras. Las razones citadas fueron la falta de presupuesto y problemas de incompatibilidad ambiental. Especialmente, en relación con la Ley de la Huerta de Valencia. Una normativa autonómica impulsada por el gobierno socialista de Ximo Puig en 2018. Este marco legal protege la huerta tradicional valenciana y limita las intervenciones de infraestructuras de gran impacto en estos espacios.
Además, el Ministerio aplicó un nuevo criterio de análisis coste-beneficio que, según el director técnico de la CHJ, Javier Ferrer Polo, determinó que el proyecto no cumplía con los requisitos de viabilidad económica. La Confederación había clasificado las obras como prioritarias, pero el nuevo enfoque del Ministerio se centraba en una visión menos intervencionista, que buscaba soluciones menos agresivas y más sostenibles.
Parking al aire libre en Paiporta que hoy es un “cementerio de coches” | Dámaris Fernández
El pasada 29 de octubre, una DANA descargó fuertes lluvias sobre la Comunidad Valenciana y desbordó los barrancos del Poyo y la Saleta, provocando las graves inundaciones en municipios de su ribera que todos conocemos. Este evento extremo, que transportó agua y lodo a localidades como Aldaia, Torrent, Paiporta y Alfafar, pone de manifiesto la vulnerabilidad de la zona. Con lluvias concentradas en la cabecera del barranco, el caudal llegó a alcanzar volúmenes de casi 2.000 metros cúbicos por segundo.
