La Junta de Castilla y León ha presentado el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2024-2027, destinado a cubrir las necesidades, mejorar la calidad de vida, la integración y la autonomía de las más de 176,000 personas con discapacidad en la comunidad. Esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, contará con una dotación en el presupuestario del gobierno autonómico de 1.745 millones de euros, lo cual implica un incremento del 132% en comparación con el plan anterior, el cual contaba con 752 millones de euros.
El plan, según ha anunciado este jueves la Junta, está estructurado en diez ejes estratégicos y 211 acciones concretas. Entre sus principales objetivos, el plan prioriza la “protección y empoderamiento de estas personas en todas las etapas de su vida, desde la primera infancia hasta la vejez, y ofrece apoyos diseñados para fomentar su autonomía en el desarrollo de un proyecto de vida propio”. Cada etapa cuenta con recursos específicos que se adaptan a las necesidades individuales en función de la edad.
Una de las mayores innovaciones de este plan es el enfoque por etapas de vida, que amplía el apoyo en función de cinco segmentos etarios: 0-6 años, 6-13 años, 13-21 años, edad adulta y envejecimiento activo. Anteriormente, las ayudas se limitaban a la infancia y la vejez, pero este plan incorpora a las demás etapas. Para la etapa infantil de 0 a 6 años, se han asignado 30,8 millones de euros; mientras que la etapa juvenil (13-21 años) recibirá 23,2 millones de euros. Por su parte, la atención para adultos contará con 418 millones de euros, y el envejecimiento activo con 121,5 millones.
La inclusión laboral es, tal y como señala el comunicado de la Junta, otro pilar fundamental del plan, con un aumento del 80% en la financiación de programas de integración sociolaboral. La gobierno estima que 11.500 personas obtendrán un empleo gracias a estas iniciativas, un 30% más que en el plan anterior. La Junta también ha ampliado en un 300% las plazas reservadas para personas con discapacidad en la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024, y ha desarrollado un protocolo de integración sociolaboral en cada consejería.
Otra de las medidas es el enfoque en la atención en el hogar y la mejora de los servicios de cuidado domiciliario. La inversión en este aspecto ha aumentado en un 93%, alcanzando los 552,9 millones de euros. Dentro de este eje se refuerzan programas como “A gusto en casa”, que permite que las personas con discapacidad puedan recibir cuidados en su propio hogar y fomentar su autonomía en un entorno familiar. También se amplían los servicios de atención en centros de día, viviendas comunitarias y asistencia personal. Actualmente, Castilla y León se posiciona como la segunda comunidad de España en el número de prestaciones de asistencia personal, con 2.590 usuarios beneficiados por estos servicios.
El ámbito rural ha sido especialmente considerado en el plan, con un fuerte incremento de 187% en el presupuesto para el servicio de Atención Temprana a menores con discapacidad, lo que eleva la partida a 1,8 millones de euros. Este aumento busca facilitar la atención en zonas rurales a través de la colaboración con entidades del Tercer Sector, asegurando que equipos itinerantes puedan brindar respuestas rápidas y eficaces a las familias de estas zonas.
Otro de los ejes fundamentales del plan es la accesibilidad universal, dotado con 6,8 millones de euros para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a servicios y espacios públicos en Castilla y León. Asimismo, se incluyen medidas específicas para promover la igualdad de género y prevenir la violencia machista contra mujeres y niñas con discapacidad, con una partida destinada a acciones de protección y prevención.
Finalmente, y en cumplimiento de la Ley que refuerza la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, se implementarán acciones para garantizar que este colectivo pueda ejercer plenamente sus derechos. Con esta serie de ejes y medidas, la Junta de Castilla y León pretende no solo proteger, sino también empoderar a las personas con discapacidad, promoviendo una integración efectiva y ofreciendo un marco integral de apoyo y recursos adaptado a sus necesidades.