La Junta de Castilla y León prevé aprobar “en seis meses” la nueva Ley de Función Pública que recoge, entre otras novedades, un nuevo permiso retribuido para las empleadas públicas a partir de las 37 semanas de embarazo, que será de 35 en caso de gestantes múltiples, iniciativa que llevará un gasto asociado en torno al “millón de euros”.
Ésta, junto a la nueva reestructuración de los Cuerpos y Escalas de la administración autonómica, son las “dos principales novedades” de un anteproyecto que se ha publicado hoy en Portal de Gobierno Abierto de la Junta para “cumplir con el trámite previsto en la Ley autonómica de Transparencia y Participación Ciudadana” y que ya avanzó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en el Debate de Política general el pasado 26 de junio.
“La Junta quiere que la norma que se apruebe sea de futuro para tres cosas principales. En primer lugar para garantizar un adecuado funcionamiento de la propia administración autonómica, en segundo lugar para satisfacer los intereses de los empleados públicos y en tercer lugar y sobre todo para avanzar en la calidad de los servicios públicos que se prestan y son demandados por los ciudadanos de Castilla y León”, ha detallado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.
El consejero ha explicado que la futura Ley desarrollará la legislación básica del Estado, de conformidad con las competencias que tiene la Comunidad, para acomodar dicha ley a la naturaleza y las necesidades de la Administración de Castilla y León y de sus empleados públicos. “Cabe recordar que la vigente Ley autonómica de la Función Pública data del año 2005, y es previa a la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, de 2007”, ha señalado.
A la hora de desglosar el articulado de este anteproyecto, Gago se ha detenido, principalmente, en dos aspectos. El primero de ellos es que la futura ley recogerá un nuevo permiso para las funcionarias en estado de gestación a partir de la semana 37 de embarazo y hasta la fecha del parto, o a partir de la semana 35 en el caso de embarazo múltiple.
“Esto supone un importante avance para el bienestar de las empleadas públicas que con la normativa actual de este permiso sólo disponen de él a partir de la semana 39. Sin embargo, somos conscientes y así lo hemos constatado, que hay incomodidades asociadas a las últimas semanas de gestación y que son bastante incapacitantes para su desempeño profesional, de tal manera que muchas empleadas públicas acuden a la baja laboral, la baja médica”, ha argumentado para incidir en que con la medida “es producto de una demanda social y colectiva que hemos escuchado y queremos atender porque es una demanda justa”.
“El bienestar físico y mental de las empleadas públicas ha de estar por encima de todo lo demás y con esta ampliación de derechos daremos un importante paso adelante”, ha abundado González Gago que ha avanzado que la Junta tiene “ya un análisis inicial” del coste de la ampliación del permiso por maternidad y que “estaría en torno a un millón”. Un permiso, ha aclarado, que solo se aplicará al colectivo de funcionarios públicos.
Por otra parte, en el apartado de novedades dentro del anteproyecto de Ley, se incluye también la regulación de los Cuerpos y Escalas de los funcionarios en los que se organiza la administración Autonómica, una regulación “adaptada a la realidad del empleo público actual”.
En este sentido, ha continuado, el texto establece la creación de nuevos cuerpos, como los diferentes Cuerpos de Informáticos, que pasarán de ser personal laboral a ser personal funcionario. Además, se eliminan algunos cuerpos, bien porque se encuadrarán en otros ya existentes, como el Cuerpo de Ayudantes Facultativos Delineantes, o porque son cuerpos en los que, actualmente, no hay ningún empleado público en activo, como el Cuerpo de Ayudantes Facultativos Auxiliares Técnicos Calculistas.
La Consejería de la Presidencia ha escuchado a las centrales sindicales, que pedían que la regulación de los Cuerpos y Escalas estuviese integrada en la propia Ley, y que no apareciese publicada en una norma aparte, como en un principio se consideraba realizar. De esta manera, se plasma de forma completa “en un solo texto legal toda la regulación esencial de los funcionarios”.
Otras novedades
El anteproyecto de Ley de Función Pública incluye una buena cantidad de novedades respecto a la ley que aún está en vigor. Estas novedades llegan, incluso, a su ámbito de aplicación, dado que la nueva norma excluye de dicho ámbito al personal estatutario de Sacyl, que ya tiene su propia regulación por ley desde el año 2007, y que, por tanto, no requiere ser afectado por la nueva Ley.
En cuanto a la selección de los futuros empleados, el texto hoy hecho público regula expresamente los tipos de pruebas, la realización de cursos o los periodos de prácticas, cuya organización se atribuye a la Escuela de Administración Pública de Castilla y León.
Además, se actualizan las modalidades de carrera profesional, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, y se determina el establecimiento de sistemas de evaluación del desempeño para todo el personal funcionario.
Concurso de traslados
Respecto a los concursos de traslados, se establecen expresamente cuáles son los méritos evaluables, que la actual Ley no determina, entre los que se encuentran la antigüedad, la carrera profesional, las diferentes actividades formativas realizadas, la acreditación de competencias digitales, o el conocimiento de idiomas. Por otro lado, se especifica “claramente” los “cirterios” para definir qué puestos de trabajo pueden ser objeto de provisión por el sistema de libre designación entre funcionarios de carrera.
Asimismo, se complementan y regulan las situaciones administrativas de los funcionarios no reguladas por el Estatuto Básico del Empleado Público, en el caso, por ejemplo, de excedencias por diferentes motivos, o de prestación de servicios en otras administraciones públicas.
A partir de ahora, el anteproyecto, una vez colgado en el portal de Gobierno Abierto, se someterá al “análisis” de las Consejerías, se dará un trámite de audiencia específico a determinadas representaciones sindicales o colegios profesionales. Tras la integración de todas estas propuestas, se “negociará formalmente” en los órganos de participación sindical, la Comisión de Personal y el Consejo de la Función Pública, y se sujetará el texto a los informes de los órganos consultivos correspondientes, el CES y el Consejo Consultivo, para aprobarse finalmente ya como proyecto de ley por parte del Gobierno regional en unos “seis meses”.