Con el agua al cuello. Así se sienten muchos inquilinos en España que tienen que afrontar cada mes el pago de un alquiler abusivo a cambio de unos pocos metros cuadrados donde poder vivir. Es una situación que está llegando al límite. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios por el impago del alquiler ya suponen el 75% del total.
Es un malestar que afecta a los jóvenes que no pueden emanciparse, a los migrantes a los que les cuesta encontrar una vivienda porque el propietario no se fía de su solvencia, a las mujeres con salarios precarios, a las familias obligadas a trasladarse a las afueras de las ciudades porque los centros están imposibles. Y muchos de ellos salieron a la calle el pasado domingo para gritar al unísono que ya no pueden más, que las administraciones públicas deben hacer algo, que la oferta de vivienda cada vez es menor y los precios, por primera vez en la historia y según los últimos datos de Fotocasa, ya superan de media los 1.000 euros al mes en toda España.
Y en este contexto, el Sindicato de Inquilinas se ha vuelto a colocar en el primer plano informativo. Una organización que nació en 2017 en un contexto en que los precios de los alquileres ya empezaban a subir muy rápido. “La burbuja inmobiliaria se estaba traspasando de las hipotecas a los alquileres, que se han convertido en un gran negocio para las empresas mientras los gobiernos no hacen nada. Vemos cómo, cada vez más, se producen muchos desahucios invisibles, donde el casero no quiere renovar el contrato de un inquilino o aprovecha el momento para intentar realizar una subida abusiva. Un montón de personas abandonan sus viviendas, sus barrios, redes comunitarias por esta práctica que está invisibilizada pero que nosotras estamos mostrando”, explica Assiatou Diallo, portavoz del Sindicato de Inquilinas.
Requisitos y seguro de impago
Cada vez son más los requisitos que los caseros imponen a sus futuros inquilinos, como por ejemplo, aplicarles el seguro de impago que lo que hace es proteger al dueño de la vivienda. “Si para comprar una vivienda ya te piden requisitos elevados, en el caso de un inquilino es muchísimo más. Lo hemos visto además con pequeños propietarios y que les intentan aplicar esta cláusula que es abusiva y las vecinas deben saber que se puede pelear judicialmente, es importante que nos organicemos para hacerle frente”.
Hay una parte de la población especialmente vulnerable que tiene más dificultades para acceder a la vivienda solamente por los prejucios, como ser migrante o mujer. O ambas. “Los migrantes se encuentran en el último eslabón para acceder a una vivienda, porque no tienen, por ejemplo, la documentación requerida o que les pide el DNI para comprobar si son españoles, o simplemente existe el prejuicio de que el migrante no va a pagar. Nos hemos encontrado con gente negra que por teléfono ha solicitado una vivienda y cuando la ven en persona, le dicen que ya han alquilado el piso. O directamente explican que no quieren a personas negras o marroquíes”.
Las mujeres también tienen problemas para encontrar una vivienda digna por las diferencias salariales que habitualmente existen respecto a los hombres, “tienen puestos de trabajo en los que ganan menos dinero o mujeres con hijos que suelen tener dificultades para acceder a un piso porque sus circunstancias económicas son peores, con un solo salario y sosteniendo a los hijos. También vemos muchos anuncios que no quieren familias con hijos”.
De la ley a la huelga de inquilinos
La ley permite que el contrato de alquiler se fije durante cinco años, con la subida del IPC anual que en este momento está limitada. Pero cuando pasa ese tiempo, los propietarios aprovechan para disparar los precios y los inquilinos se ven obligados a irse. “Hay otras estrategias que se utilizan para echar a los inquilinos antes. Como decir, con dos meses de antelación, que necesitan la vivienda para uso personal, para sus hijos, por ejemplo. Y luego hemos visto ese mismo piso anunciado en un portal inmobiliario, pero a un precio mucho más elevado”.
En el sindicato quieren dejar claro que la manifestación fue un día histórico pero no el final de su lucha y ya trabajan en una huelga de alquileres. “La manifestación era un día histórico que marca todo el malestar social que hay sobre el descontrol de la vivienda, esto es un sálvase quien pueda, no sabes si te van a echar y te tienes que ir a la periferia, pero no queremos que sea flor de un día sino que sirva para continuar con más fuerza. Tenemos que ser las inquilinas las que tomemos las riendas y la huelga de alquileres va a suponer trabajar de forma coordinada y de forma colectiva, hemos llevado ya a cabo una huelga de alquileres parcial, dejando de abonar el seguro de impago para presionar a los propietarios”.
Y no van a esperar a que los gobiernos tomen decisiones. “Han tenido tiempo y han demostrado que no es algo que les interese abriendo las puertas a la especulación. No esperamos soluciones legislativas, lo que queremos es trabajar nosotras. Ahora no vamos a esperar a que los gobiernos bajen los alquileres sino que, con la herramienta de la huelga, lo vamos a conseguir nosotras”.