La nueva prestación universal por crianza de 200 euros al mes que Sumar aspira a incorporar a los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) tendría un coste de 19.276 millones de euros al año. Para entender su magnitud, un par de datos: supondría un 2,76% del gasto público o el equivalente al 10% del gasto en pensiones. Esta medida reduciría hasta un 43% las tasas de pobreza extrema infantil, de la que podrían salir más de 700.000 niños en España.
Así se desprende del informe El impacto de la prestación universal por crianza de Iseak, centro de investigación especializado en el diagnóstico de problemáticas sociales que dirige Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. Como aclara a Artículo14 Lucía Gorjón, una de las autoras del estudio, su objetivo con este informe -que nace a iniciativa propia- es contribuir al debate público con evidencia científica.
Como señala el informe, el mayor impacto de la medida es la reducción del 43% de la pobreza extrema infantil, que bajaría del 13,7% actual al 7,8% con la prestación de 200 euros mensuales y que quedaría limitada al 10,9%, con 100 euros. Si se amplia el foco a menores en riesgo de pobreza, que afecta a casi un 30% de los niños en España (28,9%), este cheque mensual reduciría la tasa hasta el 21%. Los más beneficiados, en situación de pobreza extrema, serían los hogares con dos adultos y tres o más menores y los monoparentales.
Como consecuencia de la subida de rentas que implica, un efecto colateral es un ligero incremento de la incidencia de vulnerabilidad en aquellos hogares sin hijos. Es una medida con un alto coste desde el punto de vista del gasto público, que requeriría de una reforma fiscal para ponerla en marcha -como indica Gorjón al ser preguntada por los posibles efectos negativos- y podría tener consecuencias indirectas en una subida de la inflación. Existe además el riesgo de que algunas mujeres dejen de trabajar, como así ocurrió con las madres casadas en Canadá.
Más caro que el IMV
Cuando España cuenta desde junio de 2020 con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación específica para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social cabe plantearse si es necesario establecer una medida de la que también se beneficiarían familias con altos ingresos. La última nómina mensual del IMV, que en junio de 2024 atendió a 775.798 menores, sumó 368,7 millones de euros. La Seguridad Social ha destinado 11.075,6 millones desde su puesta en marcha.
Las estimaciones de Iseak, cifran el coste mensual de una prestación universal por crianza de 200 euros en 1.606 millones, lo que supone multiplicar por 4,3 veces el gasto público que actualmente se destina al IMV, que cuenta con el Complemento de Ayuda a la Infancia (IMV-CAPI). “Un problema del CAPI es que tan solo llega al 22% de los hogares que tendrían que recibirlo, es decir, no está llegando a la gran mayoría”, explica Gorjón.
Un buen acceso al CAPI tendría efectos muy similares a la prestación universal por crianza en la reducción de la pobreza extrema, según refleja un estudio de José Antonio Noguera citado en el informe. En un ejercicio de microsimulación para un escenario en el que el CAPI tuviera una cobertura del 100%, la reducción de la tasa de pobreza extrema sería de 5 puntos, frente al 6% del cheque universal.
Uno de los argumentos que se plantean a favor de la medida es que impulsaría el registro de hogares con menores, lo que favorecía la aplicación del resto de prestaciones sociales, como el CAPI. “Es una medida que tiene un impacto muy importante en reducir la pobreza infantil, pero que también tiene efectos positivos en otros hogares“, indica Gorjón, que señala una posible mejora de los hábitos alimenticios o del rendimiento escolar.
“No se trata de analizar políticas sociales de manera aislada, sino de tener una visión de conjunto. Esto nos permite priorizar el gasto y las acciones más necesarias. Por ejemplo, la prestación universal es una política importante para reducir la pobreza infantil, pero no es suficiente por sí sola“, advierte a Artículo14 Cristina Castellanos, desde la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA).
Ya existe en la UE
Esta prestación universal por hijo ya existe en otros países de la Unión Europea con diferentes importes y variables de aplicación. Tomando como referencia un estudio de la Organización Mundial del Trabajo, que cuantifica los ingresos para familias con dos hijos, solo Alemania (un PIB/per cápita un 60% superior al de España) y Luxemburgo (casi 4 veces más) superan la cuantía fija de 200 euros al mes. Otros países, apuestan por una prestación ajustada en función del número de hijo o los ingresos de la familia. Es el caso de Francia, entre 17 y 70 euros, o de Países Bajos, entre 90 y 180 euros.
En España, desde el 1 de enero de 2023, el País Vasco cuenta con una ayuda mensual de 200 euros al mes para la crianza para todas las familias con niños y niñas menores de 3 años y solo a partir del tercer vástago, el ‘cheque bebé’ se prolonga hasta que cumpla los 7 años con un importe de 100 euros al mes. De momento, no se ha realizado ningún análisis de sus efectos, según reconoceGorjón.
En esta línea un prestación universal no condicionada al nivel de renta para la crianza de menores desde los seis meses hasta los tres años, “complementaría” a todas las demás ayudas existentes para la infancia y su desarrollo, señala el Consejo Económico y Social (CES) en su informe ‘Derechos, calidad de vida y atención a la infancia’ del pasado 26 de junio. “Hay que invertir en la infancia como objetivo de país, aumentar la financiación para la protección de esta, y hay que incrementar la sensibilización de la población ante la importancia de la etapa de los 0 a 3 años, así como mejorar la Educación Primaria de calidad”, aseguró su presidente, Antón Costas.
Debate político
Los estudios son claros. El impacto de la Prestación Universal por Crianza reduciría drásticamente la pobreza infantil.
Tenemos el deber de implantarla cuanto antes. https://t.co/FXsGyNUjOU
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) July 3, 2024
Yolanda Díaz, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Trabajo, que tiene en hoja de ruta esta prestación no dudó en hacerse eco del estudio de Iseak en X: “Los estudios son claros. Debemos implementarla cuanto antes”. En la misma línea, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha asegurado que adoptarla es una prioridad para su ministerio. “La sanidad, la educación o las pensiones son pilares de nuestro estado de bienestar y nadie cuestiona que sean universales. El apoyo a la crianza también tiene que serlo y en ello vamos a poner todo nuestro empeño”, aseguró recientemente en un acto sobre este tema.
En su opinión es necesario llevar a cabo una reforma fiscal progresiva para abordarla: “los que más tienen deben tributar más para que este derecho llegue a quien más lo necesite”. Por parte de los ministros de Sumar, se asegura que esta prestación va a abordarse en el seno del Gobierno durante la negociación de los próximos presupuestos. Pero, por ahora, no hay opinión de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. De momento, la resolución de la incógnita de si cada hijo vendrá con un pan de 200 euros al mes bajo el brazo hasta su mayoría de edad queda pendiente hasta los próximos PGE.