La okupación ilegal de viviendas ha aumentado considerablemente en España. Entre 2018 y 2024, las ocupaciones crecieron un 34,7%, lo que ha generado alarma tanto entre los propietarios como en la sociedad. Uno de los principales problemas ha sido la lentitud de los procesos judiciales para desalojar a los okupas, que pueden prolongarse durante meses. Es por ello que ha aumentado el control por parte de las autoridades, implementando nuevas normativas en torno a una nueva ley antiokupas.
Ley antiokupas: el problema de los plazos largos
Uno de los mayores inconvenientes que enfrentan los propietarios es la demora en los procedimientos judiciales. En muchos casos, el proceso de desalojo puede tardar hasta un 50% más de lo que se esperaba. Esto se agrava cuando los okupas alegan vulnerabilidad social, ya que el desalojo no se lleva a cabo hasta que los servicios sociales intervienen. Esto provoca una ralentización en el sistema, lo que aumenta el malestar entre los afectados.
La nueva ley antiokupas para agilizar los desalojos
Para responder a esta situación, el gobierno aprobó una nueva ley antiokupas, que entró en vigor el 3 de abril de 2025. Esta reforma tiene como objetivo reducir los tiempos de desalojo y aumentar las sanciones para quienes ocupen viviendas ilegalmente. La ley incluye varios cambios importantes para hacer frente al problema de forma más eficaz.
Una de las principales modificaciones es que los casos de okupación ilegal ahora se tramitarán como juicios rápidos. Esto permite que los procedimientos se resuelvan en aproximadamente 15 días, un avance significativo frente a los largos tiempos de espera anteriores.
Además, la ley permite que la policía actúe dentro de las primeras 48 horas tras la ocupación. Si se detecta la ocupación dentro de este plazo, las fuerzas de seguridad podrán desalojar a los okupas sin necesidad de esperar una resolución judicial. Esta acción inmediata promete acelerar el proceso de recuperación de la vivienda.
¿Cómo deben actuar los propietarios?
La abogada Arantxa Goenaga explica que el primer paso para un propietario afectado por una okupación ilegal es denunciar el hecho ante la policía o la Guardia Civil. Si la ocupación es reciente, especialmente dentro de las primeras 48 horas, las autoridades podrán desalojar a los okupas de inmediato.
Si la ocupación no es reciente, el propietario debe iniciar un proceso judicial. Aunque la ley establece un plazo de 15 días para resolver el caso, los tiempos judiciales pueden hacer que este plazo se alargue. Es crucial que el propietario presente pruebas de que es el titular legítimo de la vivienda, como las escrituras o recibos de impuestos.
¿Qué podemos esperar de la nueva ley antiokupas?
La nueva ley contra la okupación supone un avance importante para agilizar los procesos de desalojo y ofrecer una respuesta más rápida a los propietarios. Sin embargo, aún quedan desafíos, como los casos de “inkiocupas”, que no se resuelven con esta reforma. Aunque la ley es un paso positivo, su éxito dependerá de cómo se aplique en la práctica y de la eficiencia de los procedimientos judiciales. Los propietarios esperan que esta reforma les permita recuperar sus viviendas de manera más ágil y eficaz.