La posibilidad de una huelga vuelve a sobrevolar Renfe y Adif en un contexto de creciente tensión sindical. Los representantes de los trabajadores han activado el “modo huelga” ante el malestar que ha generado la gestión del traspaso del servicio de Cercanías catalán, Rodalies, a la Generalitat. Los sindicatos han advertido que se reunirán de urgencia para definir qué acciones tomarán en respuesta a lo que consideran un incumplimiento de los acuerdos previos por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
El origen del conflicto se encuentra en el traspaso de la gestión integral de Rodalies a la Generalitat. Un proceso que ha levantado fuertes críticas entre los sindicatos de Renfe y Adif. Según denuncian, el ministerio está vulnerando el acuerdo firmado el 23 de noviembre de 2023 por el ministro Óscar Puente para desconvocar la huelga previa. En dicho pacto, el Gobierno se comprometía a garantizar la integridad del Grupo Renfe y Adif, asegurando que sus plantillas y operación se mantendrían sin cambios.
Los sindicatos consideran que dos puntos clave de este acuerdo han sido quebrantados. En primer lugar, critican la intención de sacar la línea R1 de la Red de Ferrocarril de Interés General (RFIG) como una “prueba piloto”, algo que podría sentar un precedente para otras líneas. En segundo lugar, denuncian la falta de una definición jurídica clara sobre el futuro de los trabajadores de Renfe que actualmente operan en Rodalies.
Preocupación en Bruselas y falta de garantías
Una fotografía de la estación de trenes en Vigo | Shutterstock
El proceso de exclusión de la R1 del RFIG no solo ha generado preocupación entre los sindicatos, sino también en Bruselas. Desde la Comisión Europea se mantiene una estrecha vigilancia sobre el desarrollo del traspaso, ya que las infraestructuras ferroviarias incluidas en la RFIG están sujetas a estrictas regulaciones en seguridad, señalización e interoperabilidad. Estas normativas garantizan la inversión necesaria para su correcto funcionamiento, pero si la R1 queda fuera de la red de interés general, los estándares bajo los cuales se operará siguen sin estar definidos.
A pesar de estas incertidumbres, el proceso de transferencia sigue avanzando. En la Comisión Bilateral de Infraestructuras Generalitat-Estado, celebrada recientemente en Barcelona, se acordó completar en un plazo máximo de tres meses el inventario de las infraestructuras a traspasar, junto con su valoración económica. Posteriormente, el acuerdo deberá pasar por la Comisión de Traspasos y la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales antes de su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros.
El futuro de los trabajadores de Renfe
Una imagen del abono gratuito de Renfe | EFE
Otro de los puntos de mayor tensión en el conflicto es la situación laboral de los trabajadores de Renfe en Rodalies. Según el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat incluye salvaguardas para proteger los derechos laborales de la plantilla. Se prevé que el próximo año entre en funcionamiento una sociedad mixta que gestionará el servicio. Sin embargo, los sindicatos no confían en estas promesas y exigen garantías más concretas sobre la estabilidad de los empleos.
Los representantes sindicales denuncian que no han participado en las negociaciones del traspaso, a pesar de que el acuerdo de desconvocatoria de huelga establecía que el Comité General de Empresa (CGE) debía estar presente en las mesas de negociación. En su comunicado, los sindicatos aseguran que han sido meros receptores de información, sin capacidad de intervención en las decisiones clave.