Desde que en marzo de 2020, se pusiera en marcha el denominado escudo antiopas, que tiene como objetivo proteger de la inversión extrajera las compañías nacionales estratégicas, el Gobierno ha analizado 264 inversiones foráneas en empresas nacionales hasta 2023. Únicamente en 2022 desautorizó una operación cuya identidad no ha transcendido. El veto a la OPA de Magyar Vagon sobre Talgo es la segunda operación que bloquea y anticipa una batalla legal con el oferente.
El Gobierno informó vía comunicado la denegación por razones de seguridad nacional y protección de los intereses estratégicos de España de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por el grupo húngaro Magyar Vagon para hacerse con el 100% del fabricante de trenes.
Esta decisión es responsabilidad de la Junta de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, un órgano de nivel técnico en el que participan representantes de diferentes ministerios, entre otros Defensa e Interior. Según este Comité, su autorización “conllevaría riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público”. El ejecutivo ha ido más allá y en el Consejo de Ministros declaró esta información como clasificada.
Desde el Ejecutivo se defiende haber usado legítimamente las herramientas de las que dispone para proteger a una empresa española que considera “estratégica” y para evitar que caiga en manos de una empresa participada al 45% por el Estado húngaro, gobernado ahora por Viktor Orbán, próximo a Rusia y a la extrema derecha.
Respuesta oferente
Tras conocerse la decisión, el grupo húngaro Ganz-Mavag Europe (Magyar Vagon) anunció que iniciará “todas las acciones legales a su alcance”, tanto en España como la Unión Europea, para defender su oferta de compra sobre Talgo, informa Europa Press.
Este veto a la operación no ha pillado por sorpresa al grupo, que ya en julio a través de un alto de ejecutivo avanzó públicamente en Madrid que, en el caso de que el Gobierno acabase por denegar la operación, como así ha ocurrido, habría varias oportunidades legales para recurrir.
Por su parte, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) también manifestó su intención de recurrir cualquier decisión del Gobierno de veto de la operación, ya que cree que este veto priva a los accionistas de poder vender sus acciones libremente.
“Aemec defenderá los derechos de los más de 8.000 accionistas de Talgo que se encuentran en una situación de evidente indefensión ante la limitación de una oferta voluntaria efectuada por un grupo empresarial de la Unión Europea (Skoda) e iniciará las acciones que correspondan tanto en vía administrativa, contencioso-administrativa, civil y la penal, para resarcir los daños que se produzcan a los accionistas”, detalló la asociación de minoritarios.
Tras el veto del Ejecutivo, las acciones de Talgo se hundieron cerca de un 9% en Bolsa. En concreto, sus títulos retrocedieron un 8,72%, hasta los 3,92 euros por acción, por lo que, a pesar de la decisión del Gobierno, continúan por encima de los 3,7 euros en los que cotizaba en noviembre del año pasado, antes de trascender la oferta de compra húngara.
La baza de Skoda
Una vez que esta operación queda desactivada por el Gobierno español, la alternativa para que salgan del capital los grandes accionistas de Talgo -que llevan años intentando vender la empresa-, pasa por la checa Skoda que ya trasladó a la dirección de Talgo su interés en combinar sus negocios.
Previamente, el consejo de administración de Talgo ya rechazó hasta en dos ocasiones la oferta de Skoda, la más reciente el pasado 30 de julio, al considerar que la oferta húngara era más beneficiosa y estaba más consolidada. Pero con la OPA de Magyar Vagon vetada, Talgo se verá obligada a negociar con la checa, ya que es la única compañía que ha trasladado interés por la española.
Todas las partes coinciden en que Talgo necesita ampliar su capacidad industrial para sacar adelante todos sus pedidos en cartera, sobre todo tras los retrasos que ha tenido en la entrega de nuevos trenes a Renfe o el macropedido en Alemania al que tiene que hacer frente.
Revisión de operaciones extranjeras
En paralelo al bloqueo de la operación, el Gobierno reiteró que la atracción de inversión extranjera sigue siendo una prioridad, “sobre todo en aquellos sectores y proyectos clave para nuestra competitividad futura, como la digitalización y la transición ecológica, de forma compatible con la protección de los intereses estratégicos o la seguridad nacional”.
Según los datos publicados por la Secretaría General de Inversiones Exteriores, dependiente del Ministerio de Economía, entre el 17 de marzo de 2020 cuando entró en vigor el denominado escudo antiopas y finales de 2023, el Ejecutivo ha evaluado 264 solicitudes de operaciones sujetas al régimen de autorización previa de inversiones extranjeras y tan solo una de ellas fue rechazada (en 2022), mientras que otra operación decayó antes de la resolución del Gobierno (en 2020).
En concreto, en 2020 el Gobierno evaluó un total de 29 solicitudes de operaciones que debían pasar el filtro de la normativa de inversiones extranjeras, en 2021 la cifra se elevó a 55, en 2022 fueron 83 y en 2023 se alcanzaron las 97 transacciones.
La gran mayoría de las operaciones de inversión extranjera en empresas estratégicas entre 2020 y 2023 se aprobó sin la aplicación de ningún tipo de medida de mitigación de riesgos. En concreto, en 2020 solo una de las operaciones tuvo que aplicar medidas de este tipo (3,6% del total), en 2021 fueron seis (11%), en 2022 se implementaron en nueve ocasiones (11%) y en 2023 en ocho casos (8%).
La normativa relativa al control de las inversiones extranjeras establece que el Gobierno debe autorizar las operaciones en compañías nacionales estratégicas cotizadas en las que una empresa extranjera pretenda superar el 10% del capital o el 5% en caso de estar relacionada con la defensa nacional, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.