Todo ha sucedido muy rápido. Este sábado nos despertábamos con ese scoop de Agustín Marco, periodista perteneciente a la estirpe de los que levantan noticias, en El Confidencial anunciando que el Gobierno sustituiría a José María Alvarez-Pallete como presidente de Telefónica. A las pocas horas, Pablo de Carvajal, secretario general, convocaba un Consejo Extraordinario para consumar el recambio. Marc Murtra, actual presidente de Indra y hombre de la esfera empresarial del Partido Socialista de Cataluña (PSC) y, por tanto, del actual Gobierno, ha sido elegido en un tiempo récord. El languideciente poder de la prensa, y sin que sirva de precedente, ha ofrecido una de sus últimas bocanadas.
El hecho en sí mismo ofrece múltiples lecturas. Sin duda, la dominante es la toma de posición del Gobierno de progreso en las empresas privadas que cotizan en Bolsa y sus indisimulados esfuerzos para intervenir en la economía corporativa. También, el rol que determinados inversores financieros desempeñan acompañando al ejecutivo en sus aventuras empresariales. Por supuesto, el balance de la dilatada gestión de Pallete al frente de Telefónica. Y, como no, el perfil de Marc Murtra y la situación en la que deja a Indra, otra sociedad bajo la batuta del Gobierno.
Echemos la vista a unos meses atrás. La decisión de Saudi Telecom Company (STC) de comprar un 10% de las acciones de Telefónica provocó la decisión del Gobierno de adquirir, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) otro 10 por ciento, desembolsando 2.100 millones de euros de los contribuyentes españoles. Esta operación fue la mayor inversión realizada por cualquier ejecutivo español en una entidad privada en los últimos cuarenta años. Al tiempo, a su rebufo, la Caixa elevó su participación del 5% al 10% con una compra de 1.000 millones. La justificación no fue otra que, ante la sorprendente entrada de los saudíes, proteger los intereses españoles en empresas estratégicas como, sin duda, es Telefónica. Lo que entonces no cabía esperar, o quizás sí, es que la entrada del Gobierno llevara aparejada el relevo en la presidencia de Pallete y su reemplazo por un ejecutivo con color de partido. Desde su acceso a la presidencia de Telefónica, Pallete, un ejecutivo sin inclinaciones políticas conocidas, sí ha conservado a Javier de Paz, socialista de pedigrí y de la órbita de Zapatero, en el Consejo de Administración, y a la exministra Trinidad Jiménez como directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de la empresa. Aunque Pallete quiso acabar con inveterada costumbre de César Alierta de acomodar a exministros de todas las procedencias, por ese criterio tan español de “vamos a llevarnos bien con todo el mundo”, siempre ha cuidado muy mucho los vínculos con el Gobierno.
Las trayectorias profesionales de Pallete y Murtra explican por sí solas las motivaciones que esconden el cambio. José María Alvarez-Pallete es un ejecutivo que ha dividido su prolongada carrera entre la auditoria, posiciones financieras en CEMEX y una larga, brillante y esforzada trayectoria en Telefónica, a la que se incorporó en 1999, en múltiples posiciones de gestión financiera y de máxima dirección que culminaron con su nombramiento como consejero delegado en 2012 y como presidente en 2016. Marc Murtra, por su parte, se ha movido entre la política, en el Ministerio de Industria y el Ayuntamiento de Barcelona, y la empresa, en entidades como Radio Estel, Betevé o Crea Inversión. En 2021, en una maniobra similar a la actual, fue nombrado presidente de Indra, una vez que la SEPI se hizo con el 25% de la sociedad.
Pallete, en sus ocho años al frente de Telefónica, no ha podido frenar la caída de la acción de la empresa. Los títulos cotizaban a 8 euros en 2016 y ahora no alcanzan los 4 euros. Ha sido su gran batalla, pero no ha podido ganarla. Se ha esforzado por mantener el dividendo contra viento y marea. Y se ha enfrentado a dos grandes enemigos. Por un lado, la competencia de los operadores de bajo coste. Y, por otro, el oligopolio de las grandes tecnológicas en la gestión de datos. No cabe duda, de que deja una estela de profesional sólido, riguroso, conocedor del mercado y con capacidad sobrada para dirigir un monstruo del tamaño y del rol estratégico que juega Telefónica en la sociedad española.
Volvamos al significado de este cambio, que evidencia la firme decisión del ejecutivo por entrar en la gestión de la empresa privada. Hasta la fecha, había situado a exministros y altos cargos en el Banco de España, el Consejo de Estado, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, el CIS o la agencia EFE. En los últimos dos años no ha dudado en intervenir en la empresa privada torpedeando las decisiones de sus accionistas. En la memoria de todos permanece sus movimientos para impedir la decisión de Ferrovial de trasladar su sede legal a Ámsterdam o, más recientemente, vetar la oferta presentada por Magyar Vagón sobre Talgo dejando al fabricante ferroviario sin alternativa industrial y originando pérdidas del valor para sus accionistas. También aumentó hasta un 25% su participación en Indra, interviniendo en su gestión, y la adquisición premonitoria del 10% de Telefónica, nombrando consejero dominical, en su momento, a Carlos Ocaña, amigo cercano del presidente Sánchez.
El Gobierno está decidido a que su largo brazo penetre, de una u otra forma, en todos los ámbitos de la vida española. Mueve sus peones sin pudor ni disimulo. No respeta límites ni fronteras. Lo hace en las instituciones del Estado, lo hace en la judicatura, lo hace en los medios de comunicación y lo hace en la empresa privada. Es el poder en estado puro. Lo ejecuta mediante nombramientos, mediante normativas o mediante inversiones con el dinero de los contribuyentes. El mensaje para el inversor internacional, incluso el nacional, es significativo. También lo es para una concepción liberal de la sociedad, caracterizada por la separación de poderes. Y, en consecuencia, para la salud democrática de este país.