Cuando hablamos de ‘okupas’, podemos imaginar a personas que pegan una patada en la puerta de una vivienda ajena para entrar a vivir sin pagar. El portal inmobiliario Idealista tiene 20.464 inmuebles en venta con “bicho” dentro. El 2,6% del total de las viviendas del mercado español. Sin embargo, la realidad de muchas personas que viven en casas ocupadas ilegalmente, nada tiene que ver con lo que sospechamos.
Hay muchos inquilinos con alquileres sociales de inmuebles cuyos dueños son fondos de inversión que ahora se quieren deshacer de ellos sin contar con las personas que están dentro. Es el caso de Nilda Risueño. Por casualidad, buscando vivienda para su novio, vio el anuncio de su propia vivienda en venta.
“En 2007 me compré una vivienda con una hipoteca de 256.000 euros, cuyas cuotas mensuales llegaron a alcanzar los 1.350 euros al mes. Vino la crisis de 2008, mi pareja se quedó sin trabajo y se marchó fuera de España. Yo me quedé sola con la hipoteca y no tenía dinero para afrontarla. En 2017 me dieron la dación en pago y me realojaron en un piso en Carabanchel, donde vivo ahora”, ha explicado Nilda.
Además, cuenta que “años después, el banco vendió mi casa a un fondo buitre conmigo dentro, cuando finalizó el contrato de alquiler me demandó para desahuciarme.” Se convirtió en morosa por obligación porque el fondo no aceptaba su dinero. “Yo estaba al día de mis pagos, pero no querían cobrarme el alquiler. Ahora me dicen que estoy ocupando la vivienda”.
Accesibilidad solo para inversores
Nilda tiene hasta siete números diferentes registrados en su móvil del mismo fondo buitre que la llaman para presionarla. “En algún momento pregunté si podía comprar la casa y me dijeron que no, que es solo para inversores”.
No es una excepción. Hay muchas familias con alquileres sociales que ahora parecen okupas porque así lo pone en los anuncios de las inmobiliarias. “En muchos casos son su propia casa, familias que han pagado años de hipoteca y las han acabado perdiendo, pero que pueden pagar un alquiler asequible. Para mí lo ideal sería que me renueven el contrato porque no me puedo pagar un alquiler en el mercado libre”.
Los precios están por las nubes. Según los últimos datos de la tasadora Tinsa, la vivienda nueva alcanza de media los 2.528 euros el metro cuadrado y la de segunda mano los 1.750 euros el metro cuadrado. Y pese a todo, este mes de enero se realizaron más de 60.000 transacciones, el mejor dato para un inicio de año desde 2008, según publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Casas ocupadas con familias inquilinas
Girona es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas ocupadas es más acusado, ya que el 8,8% de las viviendas que se venden en la ciudad se anuncian como “ocupada ilegalmente”. Le siguen las ciudades de Murcia (5,5%), Sevilla (4,7%), Almería (3,9%) y Málaga (3,8%).
Según Mercedes Revuelta, activista de la Asamblea de Vivienda de Usera/Villaverde PAH, “los grandes fondos de inversión inmobiliaria en España están de retirada. Su ciclo económico ha terminado y hay a la venta miles de casas que podemos ver en los portales inmobiliarios, casas ocupadas con familias inquilinas a las que se les terminó el contrato y nadie ha querido renovarles y por eso vemos estos anuncios de se vende casa ocupada sin poder visitarla ni saber en qué condiciones está”.
“Son casas construidas ya y llenas de vida, que podrían ser vendidas a las administraciones públicas. Nos hablan de construir nueva vivienda, cuando ya en nuestro país hay miles de casas a la venta y que habría que atender para evitar que el ciclo de especulación continúe”, ha reclamado la activista.
Pero el dato alarma a la población. Más de 20.000 viviendas en venta con okupas dentro genera miedo a los propietarios que piensan poner en alquiler las casas vacías, la oferta se contrae y aumentan más los precios. “Me llaman y me dicen que estoy ocupando, que me tengo que ir”, dice Nilda. Ella no se reconoce en el papel de una okupa por la fuerza, sino en una ciudadana con pocos recursos que necesita una vivienda barata donde poder vivir. Y que el fondo de inversión no especule con un derecho fundamental.