El conflicto entre Muface, las aseguradoras privadas y el Gobierno sigue generando incertidumbre y malestar entre los funcionarios. A pesar del reciente aumento presupuestario de 330,5 millones de euros aprobado por el Ministerio de Función Pública, la situación dista mucho de resolverse. Las aseguradoras aún no han firmado el nuevo contrato y miles de funcionarios siguen enfrentándose a cancelaciones de citas médicas e intervenciones quirúrgicas denegadas.
Mientras el Gobierno insiste en que la sanidad pública podría absorber a los mutualistas si fuera necesario, los afectados denuncian el abandono sanitario por parte de las compañías aseguradoras. El sindicato CSIF ha registrado cientos de casos de desatención médica y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra Asisa, DKV y Adeslas, señalando que la situación es insostenible.
Un funcionario atrapado en el limbo sanitario
Uno de los afectados es Miguel, funcionario de prisiones en la cárcel de Soto del Real (Madrid). A sus 62 años, padece graves problemas de próstata que requieren una operación urgente. Sin embargo, se ha topado con barreras insalvables dentro de Muface. “El urólogo me dijo que si no operamos pronto, probablemente tengan que ponerme una sonda, ir con la bolsa”, explica Miguel en Infobae.
Myriam Pallarés es la directora general de Muface | Kilo y Cuarto
Con este diagnóstico, ha recorrido varios hospitales privados en busca de alternativas, pero la respuesta ha sido la misma en todos: no le cubren la operación. “Me han quitado el urólogo de San Sebastián de los Reyes y de Alcobendas. Me fui al Hospital de Sanchinarro y ahí me pidieron 9.000 euros por una operación láser y 10.500 euros por una operación con robot”, denuncia.
Tras tres o cuatro meses de búsqueda, sigue sin encontrar un hospital que le realice la intervención dentro de su aseguradora, DKV. “Si en dos de los principales hospitales de Madrid me han dicho que no me cubren la operación, no sé dónde me cubrirán”, lamenta. Su caso es solo uno de los muchos que han llevado al sindicato CSIF a emprender acciones legales contra las aseguradoras y Muface.
Los funcionarios de Muface denuncian abandono sanitario
El pasado 16 de enero, CSIF anunció que llevaría a los tribunales a las aseguradoras por el incumplimiento de los contratos con los mutualistas. La denuncia, interpuesta contra Asisa, Adeslas y DKV, apunta a una desatención generalizada que ha dejado a miles de funcionarios sin acceso a tratamientos médicos esenciales.
“Nos encontramos con numerosos casos en los que los mutualistas no pueden acceder a su asistencia sanitaria, con cancelaciones de citas médicas e intervenciones quirúrgicas pospuestas sin justificación”, señala el sindicato. Desde la organización denuncian que Muface tampoco ha garantizado el derecho a la asistencia de los afectados y que el problema sigue sin resolverse, pese a la nueva licitación anunciada por el Gobierno.
El miedo a pasar a la sanidad pública
A pesar de la crisis en Muface, muchos funcionarios prefieren no cambiarse al Sistema Nacional de Salud (SNS). Este es el caso de Miguel, quien se muestra escéptico ante la posibilidad de que la sanidad pública pueda absorber a los más de 1,5 millones de funcionarios que actualmente dependen de Muface.
La ministra de Sanidad, Mónica García en una imagen de archivo | EFE
“Llevo años con un médico de cabecera, ya tengo mi clínica, mis médicos… No tengo nada en contra de la Seguridad Social, pero están saturados, no dan más de sí”, explica. Su principal temor es el colapso de las listas de espera en el SNS, que ya es un problema estructural.
“Si yo ahora paso a la Seguridad Social y están diciendo que para un especialista te dan cita para meses, no sé cuándo me van a operar”, reflexiona. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que el SNS podría absorber sin problemas a los mutualistas de Muface. Sin embargo, los propios sanitarios denuncian que los hospitales públicos están al límite, con un déficit de personal y recursos que dificulta la atención incluso a los pacientes habituales.