La investigación de una agresión sexual de dos niños menores de 14 años (inimputables) a una niña de corta edad en un colegio de Granada pone de manifiesto el preocupante aumento de delitos sexuales cometidos por menores. Estos comportamientos se atribuyen al “consumo excesivo” de pornografía por parte de niños y jóvenes. ¿Qué está fallando?
“Falta de implementación efectiva, porque aunque la normativa existe, su aplicación es limitada. La mayoría de los proveedores no cumplen con las medidas de verificación de edad, y las sanciones no se aplican con regularidad. Sin un pasaporte digital o una plataforma centralizada para verificar la edad, los menores pueden seguir accediendo a contenido pornográfico fácilmente”, explica a Artículo 14 Margarita Santana, fundadora de la boutique de litigación Santana Lorenzo Abogados y experta en derecho digital.
Registro
En abril de 2024, el Gobierno dio el primer paso en su estrategia de protección de los menores en el entorno digital con un Real Decreto para los creadores de contenidos audiovisuales. Aunque el foco estaba en el control de los ‘influencer’, esta norma también estableció la obligación del registro de los prestadores de servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma (VSP), es decir, los proveedores de contenido para adultos. Desde que el pasado verano se puso en marcha esta obligación, solo cinco empresas de contenido para adultos (cuyo público objetivo se encuentra entre los 25 y los 44 años) se han registrado.
Posteriormente, en julio, en el marco del Anteproyecto de Ley en esta materia, el Ejecutivo presentó la Cartera Digital Beta, una aplicación que incluye un sistema de verificación de la mayoría de edad en el acceso a contenidos para adultos. Sin embargo, en España, no está aún completamente operativo el pasaporte digital para evitar el acceso de menores a contenido pornográfico.
Verificación
Según explica Margarita Santana, “algunas plataformas han comenzado a implementar sistemas de verificación de edad, pero no existe una solución estandarizada a nivel nacional. La falta de un marco tecnológico unificado y la escasa cooperación entre organismos públicos y privados dificultan el despliegue completo de un sistema eficaz”. A ello se une el hecho de que muchas plataformas operan desde fuera de España, lo que complica su control y que los menores pueden utilizar herramientas como VPNs o navegar en plataformas menos reguladas, lo que hace que las restricciones sean fáciles de sortear.
¿Cómo garantizar entonces la efectividad del carnet digital?
Garantizar el cumplimiento del carnet digital para proteger a los menores requiere un enfoque integral. España puede colaborar con otros países y plataformas internacionales para implementar sistemas de verificación de edad más efectivos que cumplan con las normas de protección de menores. Se deben utilizar tecnologías robustas de verificación de edad que puedan ser integradas por los proveedores de contenido, independientemente de su ubicación. Además, plataformas como Google y Apple pueden exigir a las aplicaciones de contenido para adultos que implementen medidas de protección adecuadas como requisito para ser incluidas en sus ecosistemas.
Sanciones
También son necesarias sanciones más estrictas para los proveedores que incumplan, junto con mecanismos de co-regulación que involucren tanto a las autoridades como a las plataformas tecnológicas. En resumen, el carnet digital debe ser parte de un sistema más amplio que combine regulación, tecnología y educación. Muchas familias no son conscientes de los riesgos ni de cómo proteger a sus hijos en el entorno digital. Además, no existe suficiente educación digital en el sistema educativo español.
Pornografía
– ¿Qué legislación debe cumplir un proveedor de contenido para adultos cuyo contenido sea visible en España?
Son varias normativas, tanto a nivel nacional como europeo. Entre las principales se encuentran la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que establece pautas generales sobre la protección de menores y la responsabilidad de los proveedores, y el Código Penal, que regula la pornografía infantil. Además, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es clave si se recopilan datos personales de los usuarios. También destaca la Directiva Europea 2018/1808, que amplía el alcance de las normas para proteger a los menores y combatir el contenido nocivo. Por último, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor establece medidas específicas para evitar que los menores accedan a este tipo de contenido.
Para inscribirse en el Registro Estatal, un proveedor debe cumplir con ciertas condiciones establecidas por la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Primero, debe estar establecido en España o, si no, dirigir sus servicios principalmente al público español. También debe garantizar medidas para proteger a los menores y cumplir con normas sobre contenido y publicidad. Este registro tiene como objetivo lograr un mayor control del sector y asegurar que las plataformas cumplan con las normativas vigentes.
Elusión premeditada
– ¿Cómo se puede proteger cuando solo hay cinco proveedores de contenido para adultos registrados?
En muchos casos, los operadores desconocen sus obligaciones de registro, especialmente si no tienen una base física en España. También hay quienes, de forma deliberada, intentan evitar estas regulaciones para reducir costes o evitar sanciones. Las empresas internacionales, por su parte, pueden justificar que no están bajo la jurisdicción española si no tienen un público mayoritario en el país. El resultado es un escenario donde la inscripción en el registro no es prioritaria o directamente se elude.
En este punto, merece una mención y reflexión las ’empresas fantasma’ que intentan eludir la regulación en el sector de las plataformas de contenido audiovisual. Estas entidades existen principalmente en papel, sin presencia física o actividad. Suelen registrar su sede en jurisdicciones con regulaciones más laxas, lo que les permite eludir tanto el cumplimiento normativo como el pago de impuestos. Algunas ocultan la identidad de sus propietarios mediante redes corporativas complejas y cambian constantemente de jurisdicción para evitar una fiscalización prolongada.
Competencia desleal
– ¿Cómo pueden combatirse estas ’empresas fantasma’?
Este fenómeno representa un desafío para los supervisores. Su impacto es significativo: comprometen la protección de los menores, ya que no implementan las medidas de seguridad para evitar el acceso a contenido inapropiado, generan competencia desleal frente a las empresas que sí cumplen y privan al Estado de ingresos fiscales esenciales.
Para combatir su evasión es necesario un enfoque multifacético. Fortalecer la cooperación internacional es clave para rastrearlas y obligarlas a cumplir con las normativas, incluso cuando operan desde jurisdicciones ‘offshore’. También sería útil exigir más transparencia en las estructuras corporativas y en las operaciones de las plataformas que trabajan en España. Esto podría lograrse a través de sanciones más severas para quienes eludan las regulaciones y con tecnologías avanzadas que detecten patrones de evasión.
– La solución en una frase.
Para resolver estos problemas, España necesita reforzar la cooperación entre organismos gubernamentales, plataformas tecnológicas y familias, y desarrollar herramientas efectivas de verificación de edad, como el pasaporte digital.