Rodeado de medio gabinete -los ministros del ala socialista-, tras un vídeo de autopromoción de la construcción de vivienda estatal y ante un foro con todos los agentes del sector de la construcción e inmobiliario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el nuevo paquete de medidas del Ejecutivo frente al problema de la vivienda. Entre las más novedosas: los caseros que pongan sus viviendas en alquiler a precios asequibles, según el nuevo índice de referencia del alquiler, no tributarán en el IRPF (tendrán una exención del cien por cien) y el aumento de la fiscalidad a los extranjeros extracomunitarios no residentes, con un incremento hasta el 100% del gravamen fiscal que tendrán que pagar en caso de compra de una casa en España.
A continuación, las doce recetas del Gobierno contra la falta de vivienda basadas en tres pilares: la ampliación del parque de vivienda, con foco en la vivienda pública; la ‘mejora’ de la regulación para luchar contra la ‘especulación’ y los pisos turísticos, a través de medidas fiscales; y mayores ayudas, en especial a los colectivos que más dificultad tienen como jóvenes, tercera edad, discapacitados o personas en situación de vulnerabilidad. “Hemos hecho mucho a lo largo de estos últimos siete años, pero es evidente que tenemos que ser sinceros y queda mucho por hacer”, admitió Pedro Sánchez, quien valoró que las políticas de vivienda del Gobierno han ayudado ya a más de 1,5 millones de personas.
Medidas para ampliar el parque de viviendas:
– Transferencia de viviendas y suelo a la nueva Empresa Pública de Vivienda. En concreto, se han transferido más de 3.3000 viviendas de la Administración General del Estado y más de dos millones de metros cuadrados de suelo destinados a la construcción de viviendas públicas protegidas en régimen de alquiler asequible. En la primera mitad del ejercicio, se incorporarán a esta nueva empresa, que nace del SEPES, otras 30.000 viviendas de la Sareb. De manera inmediata, se transferirán 13.000 viviendas y el resto de forma paulatina.
– Prioridad de la Empresa Pública en la compra de viviendas y suelos. Para ello, será necesario establecer un mecanismo legal.
– Blindaje de la vivienda protegida pública estatal. Se garantizará que toda la vivienda construida o rehabilitada por la Administración General del Estado mantenga su titularidad pública de manera permanente. “Vamos a devolver a la gente, lo que en el pasado se financió con dinero público”, señaló Sánchez, que recalcó que el objetivo es que la vivienda siga siendo de los españoles y “no acabe, como hemos visto durante estos años en manos de los fondos buitre y grandes especuladores como ocurrió mientras gobernaba el Partido Popular”.
– Nuevo PERTE de Vivienda para modernizar e innovar en el sector a través de la construcción industrializada y modular en España. Según detalló el presidente, el objetivo es “construir casas con menos costes, en menos tiempo y más sostenibles”. Se pondrá en marcha en Valencia, como una iniciativa que contribuirá a la reconstrucción del tejido económico y empresarial afectado por la DANA, generando valor añadido en la Comunidad Valenciana.
Avales públicos
– Sistema de garantías públicas, es decir, un plan de avales públicos para proteger a los propietarios que pongan vivienda en alquiler asequible. Se busca incentivar la salida al mercado de casi cuatro millones de viviendas vacías que hay en España, de las que alrededor de 14.000 están en zonas tensionadas. “La Administración General del Estado va a poner el dinero y los avales necesarios para que los ciudadanos y ciudadanas puedan alquilar y para que los dueños y dueñas de los pisos lo hagan con garantías sin asumir riesgos”, indicó el presidente. Este sistema se ha probado con éxito en Francia y se comenzará a aplicar a los que alquilen a menores de 35 años.
– Nuevo programa de rehabilitación de viviendas vacías destinadas al alquiler a precio asequible. Habrá ayudas para la reforma con la obligación de destinarlas al alquiler asequible durante un mínimo de cinco años.
– Exención fiscal del 100% en el IRPF para los propietarios que alquilen sus viviendas a precios asequibles, es decir, bajo el nuevo índice de referencia del alquiler, aunque no estén ubicadas en zonas tensionadas. Dado que es una reforma fiscal, debe tramitarse en el Congreso de los Diputados.
Endurecimiento de la fiscalidad:
– Desincentivos al alquiler de corta duración y los pisos turísticos, mediante una reforma fiscal para que estos alquileres tributen como una actividad económica. “Vamos a llevar también al Congreso de los Diputados una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como lo que son, un negocio, impulsando en el marco de la nueva directiva europea sobre el IVA la aplicación de una fiscalidad al alquiler turístico que lo equipare con las otras actividades económicas”, detalló Sánchez. En la práctica, supondrá que sus propietarios tendrán que hacer la declaración del IVA, como ocurre si tienen un inmueble arrendado como oficina.
– Modificación del régimen de ventajas fiscales de las Socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) para que solo puedan beneficiarse de éstas, las correspondientes a las viviendas sociales.
Limitaciones en la compra de vivienda
– Limitación a la compra de vivienda por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes, a través de un aumento de la fiscalidad: “Se incrementará hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar”. Según destacó, esta es una medida “inédita en nuestra historia” que ya están aplicando países como Canadá o Dinamarca. En 2023, los no residentes de fuera de la Unión Europea compraron en España alrededor de 27.000 viviendas “no para vivir en ellas, no para que vivieran sus familiares, lo hicieron principalmente para especular”, según recalcó Sánchez.
– Endurecimiento de las medidas contra el fraude en los alquileres temporales, con la creación de un fondo para que los gobiernos autonómicos y también los ayuntamientos puedan reforzar las inspecciones. El presidente señaló que “con todas estas medidas, queremos proteger a la ciudadanía y encontrar un mejor equilibrio entre el turismo y la inversión que son dos actividades clave para nuestra economía, pero también lógicamente en el acceso a la vivienda, que es un derecho constitucional de la gente”.
Plan de Ayudas
– Nuevo Plan Estatal de Vivienda, que entrará en vigor en 2026, con especial atención a las personas mayores, a los jóvenes, a los colectivos vulnerables, a las personas con discapacidad y a aquellas que residen en zonas degradadas.
“El gobierno está comprometido y vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que la vivienda sea un bien asequible para la clase media y trabajadora; y también para sus hijos y sus hijas. Resumiendo todo lo expuesto: más viviendas, mejor regulación y mayores ayudas para el acceso”, concluyó Pedro Sánchez, que insistió en que el Ejecutivo se va dejar la piel en esta causa.