Repsol, una de las principales compañías energéticas de España, ha tomado una decisión tajante en respuesta al ‘impuestazo’ que el Gobierno ha impuesto a las energéticas y que pretende hacer permanente. La incertidumbre fiscal y la falta de un marco regulatorio estable han llevado a la empresa a frenar las inversiones previstas en España. Un duro golpe para el país y su sector energético.
En declaraciones recientes a Invertia, fuentes cercanas a Repsol han confirmado que la empresa ha suspendido sus inversiones hasta que no haya un entorno fiscal más estable. Esto incluye un ambicioso plan de inversión de 8.000 millones de euros que había sido anunciado por la empresa hasta 2025. La decisión de Repsol evidencia el impacto directo que las políticas fiscales pueden tener en la inversión y el desarrollo económico.
El impacto del impuesto a las energéticas
El detonante de esta situación ha sido el impuesto del 1,2% sobre la facturación de las energéticas. Un impuesto que el Gobierno inicialmente planteó como una medida temporal para paliar los efectos de la crisis energética y que ahora pretende convertir en permanente. La empresa ha sido uno de los grupos más afectados por esta medida. Ha pagado cerca de 800 millones de euros en los últimos dos años: 444 millones en 2023 y 335 millones más en 2024.
Desde la perspectiva de Repsol, el contexto que justificaba dicho impuesto ha cambiado. En 2022, el precio del petróleo Brent y del gas natural estaban por las nubes, obligando al Gobierno a imponer esta tasa excepcional. Sin embargo, las condiciones actuales del mercado energético son muy distintas, con los precios estabilizados en niveles mucho más bajos. Repsol y otras empresas del sector defienden que mantener este impuesto no está justificado y que afecta de manera arbitraria y discriminatoria a la industria energética.
Un futuro incierto para las inversiones de Repsol en España
El freno en las inversiones de Repsol afectará varios proyectos importantes que la empresa tenía en cartera en distintas regiones de España. En Tarragona, por ejemplo, la energética planeaba construir una planta de valorización de residuos con una inversión de 750 millones de euros. Así como instalar el mayor electrolizador de España con una capacidad de 150 megavatios (MW) y una inversión adicional de 300 millones de euros.
En Cartagena, otro importante centro industrial de Repsol, la compañía preveía la instalación de un electrolizador de 100 MW con una inversión de 200 millones de euros. Asimismo, en el País Vasco, el grupo tenía previsto impulsar una cadena de valor para el hidrógeno, con un electrolizador de 100 MW en la refinería de Petronor. Todos estos proyectos, que suman cerca de 1.500 millones de euros, están en riesgo si no se aclara el marco regulatorio.
Pese a este contexto, la compañía no ha abandonado sus compromisos de descarbonización. Aunque en España las inversiones se han detenido, Repsol continúa con sus planes en otros mercados, como Portugal y Estados Unidos, donde considera que el entorno regulatorio es más estable y favorable para el desarrollo de sus proyectos.