Se agota el tiempo. El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales llevan casi un año negociando la reducción de la jornada laboral y no ha habido manera de acercar posturas. La patronal considera que se pierde productividad y no da su brazo a torcer mientras que el ministerio le tienta con bonificaciones a las pymes y a los sectores con mayores dificultades para llevar a cabo ese cambio de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas para 2025 sin que afecte al salario de los trabajadores.
Los sindicatos admiten que “esto no da más de sí” y el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, ha lanzado su último órdago: la patronal dispone de hasta el 11 de noviembre para decidir su postura. Dos semanas por delante para sumarse al acuerdo o retirarse definitivamente, pero lo que es seguro es que no habrá más reuniones y la reducción se llevará a cabo con o sin los empresarios.
El ministerio de Yolanda Díaz no ha acudido a esta última reunión con las manos vacías. Ha ampliado el paquete de ayudas directas y subvenciones a las empresas más pequeñas y para sectores como la agricultura y el comercio. La novedad reside en bonificaciones para las microempresas con menos de cinco empleados y de cinco sectores que son los que más difícil lo tienen para reducir sus horas semanales: el comercio, hostelería, peluquería, limpieza y agricultura. Según estimaciones del Gobierno, serían unas 470.000 empresas que se repartirían entre 350 y 375 millones de euros en ayudas directas con un límite de 6.000 euros por empresa. Pero no parece que vayan a convencer a la CEOE, que consideran se deben priorizar los convenios colectivos e insisten en que las empresas que pueden llevar a cabo esa reducción, ya lo están haciendo.
El Ministerio de Trabajo, al llevar las negociaciones durante tantos meses, sí parece haber renunciado a que se lleve a cabo la reducción de la jornada laboral de forma escalonada como se hablaba en un primer momento. En 2024 se reduciría a 38,5 horas y en 2025, a 37,5 horas. Pero apenas queda tiempo para aplicarlo dado que en dos meses finaliza el año. “Naturalmente, si la negociación parlamentaria de esta ley tuviera la suficiente rapidez y lográramos llegar antes de que el año terminara, algo que es ciertamente difícil dado los plazos de tramitación dentro del Gobierno a los que luego hay que sumar los mínimos plazos de tramitación parlamentaria, es muy difícil que en 2024 lleguemos a las 38 horas y media”, ha explicado el secretario de Estado. “Y, por lo tanto, el objetivo del Gobierno es alcanzar esa reducción horaria prescindiendo del escalón intermedio y acudir directamente a las 37 horas y media en 2025. Intentaremos hacerlo lo antes posible para que durante ese año ya desde el inicio pueda aplicarse esta reducción de jornada”
Lo que sí mantiene el Gobierno es la idea de un nuevo registro horario digital, al que tendría acceso la Inspección de Trabajo, una reforma del derecho a la desconexión digital de los trabajadores y un plan de ayudas a las empresas más pequeñas. Es el llamado ‘Plan pyme 375’ que bonificaría a las empresas que contraten a trabajadores indefinidos por la reducción horaria o que cambien los contratos parciales por contratos a tiempo completo en empresas de menos de diez trabajadores.
Pérez Rey quiere dejar claro que el Gobierno ha agotado todas las vías posibles. Que si la Patronal no se suma, no es por voluntad del resto de las partes. “No puede haber ninguna duda del compromiso del Gobierno para intentar un acuerdo”. Con diez meses de diálogo social, ya no quedan más opciones sobre la mesa, un largo camino que finalizará en la última reunión el lunes 11 de noviembre. Será la última vez que los negociadores se vean las caras para hablar sobre este tema.
En realidad, se repiten las mismas posturas que en diciembre de 1982, cuando el Consejo de Ministros de entonces aprobó la reducción de la jornada a 40 horas semanales. El entonces ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, presentó este hito laboral que alcanzaba a cuatro millones y medio de trabajadores y acercaba a España al resto de la Unión Europea. Pero ya entonces, el Gobierno se topó con el no rotundo de la Patronal. Los empresarios querían que, si se trabajaban menos horas, también hubiera una repercusión en los salarios. “La filosofía de la CEOE en este sentido es que si los asalariados trabajan menos, cobren menos, para que así colaboren en el sacrificio que se pide a todos para crear empleos”, publicaba ABC entonces. Hoy se repiten las mismas circunstancias, la misma historia, pero cuarenta años después.