En los diez primeros días después de la tragedia causada por la DANA, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), la entidad responsable de cubrir los siniestros extraordinarios en España, ha recibido cerca de 140.000 reclamaciones. Representan casi el doble de las solicitudes de indemnización por riesgos extraordinarios de todo el año 2023. Del total, casi el 60% corresponden a vehículos (alrededor de 80.000) y más de un 20% a viviendas (40.000). La plantilla fija del Consorcio no llega a 300 personas (298 personas), según datos de su última Memoria 2023.
¿Cómo se gestiona la mayor catástrofe natural de la historia de España? Un desastre que, según la previsión del Ministerio de Economía, puede superar los 3.500 millones de euros en indemnizaciones. No hay problema de fondos. Al cierre de 2023, el Consorcio contaba con unas reservas de 10.338 millones de euros (reserva de estabilización, que se nutre con los años de baja siniestralidad).
Al frente del Consorcio, como directora general, está Flavia Rodríguez-Ponga. Sobre su mesa dar una respuesta a la altura de lo que esperan los ciudadanos. De las 138.317 solicitudes recibidas, más del 51,7% están ya en tramitación. Los antecedentes avalan su capacidad: el Consorcio ha pagado el 99,9% de las indemnizaciones correspondientes a la erupción volcánica en La Palma (Canarias) -éstas las perciben únicamente los asegurados y no deben confundirse con las ayudas públicas-.
El desafío
“Es una profesional enormemente cualificada”, coinciden diferentes fuentes del sector asegurador. Rodríguez Ponga pertenece al Cuerpo de Inspectores de Seguros del Estado y de Inspectores de Hacienda y ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el sector público tras un breve paréntesis en la Mutua Madrileña.
En 2017, asumió este cargo después de seis años al frente de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). Desde entonces, ya ha tenido que lidiar con dos grandes siniestros: una DANA en 2019 que dejó daños de más de 700 millones de euros y el volcán de la erupción volcánica de 2021. La DANA de 2024 puede llegar a triplicar la cuantía de estos siniestros.
Una medida ha sido colaborar con el sector asegurador. Fuentes del Consorcio explican a Artículo14 que están desplegando todos sus efectivos, junto con los peritos con los que trabajan habitualmente y también están en contacto con las aseguradoras. Desde Unespa, señalan que las aseguradoras han puesto a disposición del Consorcio sus peritos para poder realizar el trabajo en el tiempo más corto posible.
Como los siniestros extraordinarios que son los que hace frente el Consorcio no son habituales, la entidad cuenta con una red de peritos colaboradores a los que llama ante estas situaciones. Así, entre peritos propios y colaboradores, incluidos los de las aseguradoras, en la zona se estima alcanzar los 1.600 peritos trabajando, según ha avanzado el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Agilizar los pagos
Desde el sector asegurador, explican que están activos, apoyando a los damnificados, 10.000 trabajadores en centros de atención telefónica. Recuerdan que en la provincia de Valencia hay además 3.600 mediadores y corredores de seguros que también están ayudando a sus clientes. Así se facilita la tramitación con personas que han perdido o no tienen firma electrónica.
El Consorcio ya está realizando los primeros pagos. Los más ágiles de tramitar son los correspondientes a vehículos. Todos están obligados al contar con un seguro a terceros, que incluye en su cobertura los daños por la inundación, riadas o vientos extremos. La Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores (GANVAM) estima que puede haber más de 120.000 vehículos, por lo que ya se habrían recibido más de la mitad de las reclamaciones.
Según explican fuentes del Consorcio, los vehículos que son a priori son reparables se llevan a los diferentes talleres donde los peritos hacen la valoración. Por otra parte, los que por la situación y el estado del vehículo no sean reparables, se están llevando a los espacios habilitados, donde los peritos se están empezando a desplazar. Allí, realizarán una ficha de cada vehículo que en la central se cotejará con las solicitudes presentadas.
En cuanto a la documentación, las aseguradoras disponen de toda información necesaria. Desde el Consorcio, explican que no hay plazo límite para presentar las reclamaciones, se van a atender todas las que se reciban.
Entidad paraestatal
Aunque el Consorcio es una entidad paraestatal -no se financia de los Presupuestos Generales del Estado, sino de las aportaciones de los asegurados en sus primas-, depende del Ministerio de Economía. Este departamento es el encargado de designar a la persona responsable de la Dirección General del Consorcio. A su vez, es el director general de Seguros, el presidente de la entidad. El 28 de mayo de 2024, asumió este cargo José Antonio Fernández, hasta entonces subdirector general de Inspección de la DGSFP. Entre enero de 2012 y marzo de 2017, Flavia Rodríguez-Ponga fue presidenta del Consorcio.
Un día después de que el Rey recibiera en La Zarzuela a la organizaciones empresariales, entre las que se encontraba Unespa, Pedro Sánchez mantuvo una reunión con el Consorcio de Compensación de Seguros y el ICO. “Estamos haciendo los primeros pagos. En un primer término empieza a una velocidad reducida, pero a medida que los peritos empiecen a tramitar sus peritaciones se va a incrementar en los próximos días y semanas”, informó Fernández, al termino de la misma.
17,8 billones de euros, asegurados
Según la Memoria del CCS de 2023, la cobertura que asume sobre los riesgos extraordinarios asciende a 62,6 millones de pólizas en daños de bienes, por valor de 6,8 billones de euros; a 18,1 millones en pérdida de beneficios, 375.843 millones de euros; y 59,3 millones de pólizas en daños personales, 10,7 billones de euros de capital asegurado.
En el Consejo de Administración del Consorcio se sientan, además del DGSFP, directivos de las compañías aseguradoras -AXA, Catalana Occidente, FIATC Seguros, Mapfre, Mutua Madrileña, Reale y VidaCaixa-, junto con los representantes del ámbito estatal.