El Gobierno ha acordado la rescisión unilateral del contrato suscrito por el Ministerio del Interior con la empresa israelí IMI Systems para adquirir 15,3 millones de balas destinadas a la Guardia Civil, por un importe de 6,6 millones de euros. La decisión se adoptó el pasado 24 de abril tras la crisis interna generada entre los socios del Gobierno de coalición, que amainó tras las negociaciones mantenidas entre el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Todo ello, después de que desde el Ministerio del Interior que lidera Fernando Grande-Marlaska señalara que no era posible anular dicho contrato.
En su acuerdo de esta semana, PSOE y Sumar aseguraron que “desde el 7 de octubre de 2023, España ni compra ni vende armamento a empresas israelíes. Ni lo hará en el futuro. Los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes de esa fecha y, los que sean armamento, no se van a ejecutar”.
Hemos sido claras desde el principio y lo hemos hecho. El contrato de la vergüenza se ha rescindido.
España no puede comprar ni vender armamento a empresas israelíes. Nuestro compromiso con los Derechos Humanos es inamovible.
— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 24 de abril de 2025, 12:09
De esta forma, el procedimiento legal que se seguirá para ejecutar esta decisión comenzará con la denegación del permiso de importación por parte de la Junta de Inversión de Material de Doble Uso, órgano competente para valorar los casos en los que concurren razones de interés general. A partir de ahí, el Ministerio del Interior podrá resolver el contrato, que en su momento fue adjudicado a IMI Systems, compañía israelí especializada en armamento y munición.
Mil millones en contratos israelíes
Aunque este contrato ha centrado el foco mediático y político, se trata de un acuerdo menor en comparación con el conjunto de adjudicaciones del Estado español a empresas israelíes desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que comenzó la actual ofensiva militar de Israel en Gaza. Según el informe Beneficio colateral. Relaciones armamentísticas entre España e Israel desde el 7 de octubre de 2023, elaborado por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, el Estado ha adjudicado en ese periodo un total de 46 contratos a compañías israelíes o con tecnología israelí por un valor de 1.044.558.955 euros.
De esos 46 contratos, 36 ya han sido formalizados, lo que significa que han superado el proceso de firma y generan obligaciones jurídicas plenas. Los otros diez contratos restantes están adjudicados, pero no formalizados, por lo que aún no producen efectos vinculantes, aunque sí podrían dar lugar a reclamaciones en caso de cancelación por parte de la Administración. Entre ellos se encuentran adjudicaciones de gran volumen económico como los misiles Spike (237,5 millones), así como adquisiciones a empresas como Netline Communications Technologies y Guardian Homeland Security.
Cómo se resuelve
Según establece el artículo 213 de la Ley de Contratos del Sector Público, que regula los supuestos de contratos ya formalizados: “El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato determinará para aquella, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista”.
Según aclaran fuentes jurídicas, “corresponde al contratista acreditar esos daños y perjuicios: lo que se haya gastado para concurrir en el procedimiento de contratación, los gastos que haya hecho antes de que le comuniquen la resolución —por ejemplo, si ha encargado material para poder suministrar lo que le ha pedido el Estado—, etc.”. Añaden que será la Administración la que valore esa cuantía y, si el contratista no está conforme, podrá acudir a los tribunales. “La ley siempre se va a remitir a ese concepto, ‘daños y perjuicios’”, precisan.
No formalizados
A su vez, los contratos no formalizados también implican obligaciones para el Estado. Según establece el artículo 153.5 de la citada ley, “si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar”. Esta indemnización no es automática ni fija: requiere justificación por el contratista y evaluada por la Administración. En caso de desacuerdo, según las mismas fuentes, el litigio puede acabar en la jurisdicción contencioso-administrativa.
De momento, no se desconoce si la rescisión del contrato con IMI Systems implicará una indemnización económica ni del posible importe de esta. El Gobierno ha reconocido que tanto la Abogacía del Estado como los ministerios implicados están analizando las posibles consecuencias jurídicas y las eventuales reclamaciones por parte de la empresa afectada.
Reacción de Israel
La decisión de anular el contrato ha provocado también una reacción oficial del Gobierno israelí. En un comunicado del Ministerio de Exteriores se acusa al Ejecutivo español de “sacrificar consideraciones de seguridad por fines políticos”. Añaden que España “se sitúa del lado equivocado de la historia contra el Estado judío que se defiende de ataques terroristas en múltiples frentes”.
El alcance económico de esta decisión es, por ahora, incierto. El número total de contratos afectados por la política de suspensión de relaciones armamentísticas con Israel roza el medio centenar. La posible exigencia de compensaciones dependerá de si los contratos están formalizados o no, de si las empresas reclaman y de cómo se resuelva cada caso en el marco de la Ley de Contratos.