A partir del próximo 1 de abril entrarán en vigor los nuevos requisitos que regulan la jubilación parcial de los empleados públicos. Una medida que ya ha generado una notable preocupación en administraciones autonómicas y locales. Aunque esta fórmula de retiro anticipado solo está disponible —de momento— para el personal laboral del sector público, el endurecimiento de las condiciones amenaza con bloquear su aplicación en buena parte de las instituciones.
La jubilación parcial de los empleados públicos estaba siendo utilizada de forma relativamente fluida en los últimos años, gracias a la posibilidad de contratar relevistas con contratos temporales. Sin embargo, la nueva normativa exige que ese trabajador de relevo tenga un contrato indefinido y a tiempo completo. Una condición que choca frontalmente con los complejos procesos de selección en la administración pública. El resultado ya es evidente: comunidades autónomas y ayuntamientos están empezando a paralizar las solicitudes de este tipo de retiro.
El cambio normativo y su impacto inmediato en la jubilación parcial de los empleados públicos
El nuevo marco legal de la jubilación parcial de los empleados públicos, aprobado el pasado 23 de diciembre, supone un cambio sustancial en los procedimientos. Aunque la medida se aplica en general a todos los trabajadores amparados por el Estatuto de los Trabajadores, su aplicación en el sector público presenta serias dificultades por las particularidades propias del empleo público.
El principal obstáculo radica en la obligación de contratar al relevista bajo una fórmula indefinida y con jornada completa. Algo que para muchas administraciones resulta casi inviable. Los procesos de contratación pública deben respetar principios como publicidad, mérito y capacidad. Eso implica convocatorias limitadas, restricciones presupuestarias y plazos largos.
Este nuevo escenario pone en jaque la jubilación parcial de los empleados públicos. En particular, en aquellos organismos donde los recursos humanos están ya tensionados por la falta de personal y por las restricciones fiscales. Como ha denunciado el sindicato CSIF, muchas administraciones no podrán cumplir con estas condiciones. Lo que desembocará en un bloqueo efectivo de esta modalidad.
Las primeras administraciones empiezan a paralizar las solicitudes
Pedro Sánchez y Óscar López, en el centro, en la clausura del XV Congreso del PSOE madrileño, junto a Pilar Alegría (i) y Francina Armengol (d) | EFE
Varias comunidades autónomas y ayuntamientos ya han anunciado que dejarán de tramitar nuevas solicitudes de jubilación parcial de los empleados públicos. Entre ellas, figuran Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha o Castilla y León. Según fuentes sindicales, estas decisiones obedecen a la imposibilidad de encuadrar la contratación del relevista en los actuales planes de empleo público.
En el caso de Baleares, las autoridades han confirmado que denegarán todas las jubilaciones parciales de empleados públicos con contrato de relevo a partir del 1 de abril. El cambio normativo ha supuesto un giro brusco en la gestión de este tipo de jubilación anticipada, hasta ahora aplicada con cierta normalidad gracias a la figura del relevista temporal.
En Castilla-La Mancha, los sindicatos denuncian que la nueva exigencia del contrato fijo a tiempo completo bloquea por completo el acceso a la jubilación parcial de los empleados públicos. Las mismas críticas se repiten en otras regiones, donde las administraciones ya están retrasando las concesiones o directamente las están archivando.
El personal funcionario y estatutario sigue sin acceso
Óscar López interviene durante la presentación de su candidatura a secretario general del PSOE de Madrid | EFE
Otro de los puntos que genera malestar entre los sindicatos es que la jubilación parcial de los empleados públicos solo está disponible para el personal laboral, mientras que los funcionarios y estatutarios siguen sin poder acceder a esta modalidad. Aunque hay avances legislativos en marcha para ampliar este derecho, lo cierto es que todavía no se ha materializado.
En este contexto, el sindicato CSIF ha reclamado formalmente al Gobierno que convoque la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar el desarrollo legal del derecho a la jubilación parcial de los empleados públicos también para funcionarios y estatutarios. Se trataría, según defienden, de avanzar en la equidad dentro del propio sector público.
De hecho, el actual Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, dirigido por Óscar López, ha alcanzado recientemente un acuerdo con CC OO y UGT. ¿El motivo? Reintroducir esta posibilidad en la futura Ley de Función Pública. Este texto legal, aún en tramitación parlamentaria, incorporará previsiblemente un marco regulador específico para extender la jubilación parcial de los empleados públicos más allá del personal laboral.