A diferencia de Estados Unidos donde la falta de presupuestos obliga al cierre de la administración y sentarse a negociar, en España estamos acostumbrados a las prórrogas presupuestarias. Llevamos nueve, incluida la de 2024, y la debilidad política del Gobierno anticipa que vamos camino de la décima. Esta posibilidad comienza a tomar cada vez más fuerza, aunque desde el Ejecutivo se tratará de agotar la vía de la negociación para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE 2025) más difíciles de la era Sánchez hasta la fecha límite del 31 de diciembre.
La maquinaria ya está en marcha. El Consejo de Ministros aprobó el 10 de septiembre por segunda vez el techo de gasto y la senda fiscal con los mismos objetivos que en julio y ahora debe presentarla de nuevo al Parlamento. Este es el primer paso para la aprobación de las cuentas públicas y el Gobierno cruza los dedos para contar con el apoyo de Junts en la Cámara Baja. “La idea central que tiene esta senda es dar mayor capacidad presupuestaria para mejorar sanidad, servicios sociales, educación o dependencia”, señaló la semana pasada María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, quien advirtió de que, si no se aprobaran estos objetivos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos contarían con 4.850 millones de euros menos en el año 2025 y con 6.700 millones menos de margen, un año después.
Con Pedro Sánchez a la cabeza y a través de sus diferentes ministros, el Ejecutivo reafirma su decisión de que, aun a riesgo de que sean tumbadas, presentará las cuentas públicas para 2025. Es un mandato constitucional: el Artículo 134 obliga al Gobierno a “presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”.
Básicamente, no sacar adelante los Presupuestos Generales implica dejar al Gobierno en una situación mucho más difícil para ejecutar su programa político, porque queda maniatado al techo de gasto del año 2023. “Es una señal de falta de estabilidad parlamentaria, que dificulta su capacidad para hacer cosas. No se acaba el mundo, la economía sigue funcionando; pero se antoja complicado porque hay que presentar una senda de ajuste a Bruselas y los presupuestos tienen que ayudar a su cumplimiento. Sin presupuestos sería una legislatura mucho más difícil. Mi impresión es que los acabarán sacando porque si no va a ser una legislatura corta“, explica a Artículo14 José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).
Sobre el papel, la incapacidad para aprobar unos nuevos presupuestos impide un aumento del gasto que queda fijado en los 198.221 millones de euros del año 2023. Para 2025, se propone un alza del 0,47% hasta los 199.171 millones, incluyendo también los fondos europeos. De momento, el Gobierno aún no desvelado el detalle del Plan Fiscal Estructural 2025-2028, para cumplir con los objetivos de déficit y deuda que pide Bruselas y admite que se retrasará en su presentación en el plazo del 20 de septiembre.
Pero como apuntan los economistas consultados, una cosa es la teoría y otra la práctica en el gasto. “No aprobar los presupuestos es la evidencia empírica de que el Gobierno es débil. Por parte de los partidos políticos se lanza la idea de que es perjudicial, porque habrá menos recursos. Se complica que haya un aumento del gasto, pero al final no impide que si el Ejecutivo quiere, lo pueda hacer, como hemos visto con la inversión de más de 2.000 millones de euros en la compra del 10% de Telefónica”, subraya a Artículo14 Daniel Lacalle, doctor en Economía y economista jefe de Tressis.
Si a 31 de diciembre no es posible un acuerdo de presupuestos, se considerarán automáticamente prorrogada las cuentas del anterior (2023) hasta la aprobación de las nuevas. De esta forma, el Gobierno debe hacer -al igual que en 2023- un Real Decreto-Ley de Prórroga, donde se incluyen capítulos básicos como la revalorización de las pensiones (están indexadas al IPC), la revisión de los salarios públicos o las transferencias y entregas a cuenta a las comunidades autónomas.
Acuerdo de coalición
Después de que en 2024, con los presupuestos prorrogados, las medidas bandera de Sumar quedaran arrinconadas, ahora los de Yolanda Díaz redoblan su presión al Gobierno. Además de la reducción jornada, la regulación de los alquileres turísticos, incluida la subida de su IVA; la regulación de los alquileres temporales; la subida del IRPF para las rentas de patrimonio; la reducción de las deducciones del impuesto de sociedades; el gravamen permanente a los tributos -ahora temporales- a la banca y eléctricas; al igual que a las grandes fortunas están sobre la mesa, informa Alejandro López de Miguel. Otras iniciativas como un nuevo impuesto a las grandes herencias o la subida del IVA a la sanidad y educación privadas no pueden incorporarse a la Ley de Presupuestos, que solo habilita su modificación.
Aún no está plasmado en un documento, pero si fracasan los nuevos presupuestos y se quiere evitar más tensión, habrá que ir negociando las medidas prioritarias. Pendientes están también las propuestas en favor de la igualdad de género del acuerdo de coalición, como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad de 16 a 20 semanas, el permiso parental retribuido de, al menos, cuatro semanas o la prestación universal por crianza.
“Aunque no haya presupuestos y siendo más difícil, hemos visto que todos los gobiernos con las cuentas públicas prorrogadas han introducido nuevas partidas de gasto“, señala Daniel Lacalle. En función del rango normativo existen diferentes vías, desde su incorporación en una Ley en tramitación -aunque no corresponda a su temática-, a través de Real Decreto-Ley que exige convalidación parlamentaria o por Real Decreto, esta última la más sencilla de todas.
Un buen ejemplo es el permiso parental retribuido para el cuidado de menores de ocho años. España está incumpliendo la transposición de la Directiva de Paridad y al día de hoy su aprobación se vislumbra aplazada ‘sine die’. Primero, se anticipó en el PGE de 2025. Lo apuntó el secretario de Estado de Trabajo antes del verano, pero ahora el mensaje ha cambiado: “Yo confío en que logremos el conjunto de ministerios implicados transponer y reconocer los derechos que derivan de esa Directiva y dar cumplimiento al acuerdo de coalición. Más allá de la transición de la directiva, debemos cuanto antes dar cumplimiento al programa de coalición”, reconocía en la última rueda de prensa Borja Pérez.
“Lo lógico sería incorporar este tipo de medidas en los presupuestos, pero si no hay estabilidad parlamentaria para aprobarlos, será mucho más difícil sacarlas adelante“, advierte Conde Ruiz, a su vez doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la UCM.
La incógnita de qué ocurrirá con la ampliación de 16 a 20 semanas del permiso tras el nacimiento del bebé, cuando quedan aún duras negociaciones políticas entre el Gobierno y sus socios, tardará aún semanas en despejarse. Pero a la postre, con o sin presupuestos, dependerá de la voluntad política del Ejecutivo.