En los últimos meses, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) ha sido el epicentro de una polémica que ha generado incertidumbre entre cientos de miles de funcionarios españoles. Las tensas negociaciones entre el Gobierno y las aseguradoras que prestan servicio a esta mutualidad están en un momento crítico. A medida que se acerca el final del año, las preocupaciones sobre la viabilidad de MUFACE han crecido. En especial, después de que las aseguradoras rechazaran la oferta inicial del Gobierno para renovar los conciertos.
El conflicto entre las aseguradoras y el Gobierno
El detonante de esta situación ha sido el rechazo de las aseguradoras —SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV— a la oferta del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. La propuesta inicial del Ejecutivo planteaba un aumento del 14% en las primas del nuevo concierto. Sin embargo, las empresas aseguradoras lo consideraron insuficiente, dado el constante aumento de los costes operativos y la alta inflación que ha azotado el país en los últimos años.
El punto de fricción radica en la disparidad entre las expectativas del Gobierno y las aseguradoras. Mientras que el Ejecutivo ve viable una subida del 14%, las compañías demandan un incremento del 40% para poder cubrir los crecientes costes y mantener la rentabilidad de sus operaciones con MUFACE. Esta diferencia ha generado un bloqueo en las conversaciones. Y ahora se espera que el Gobierno presente una nueva oferta para evitar un colapso en el sistema de atención sanitaria de los funcionarios.
Uno de los factores que ha impulsado a las aseguradoras a exigir un aumento significativo en las primas es la baja rentabilidad de los conciertos actuales. SegurCaixa Adeslas, por ejemplo, reportó pérdidas de 100 millones de euros en 2023 debido al concierto con MUFACE. La Fundación IDIS, que representa a estas compañías, ha argumentado que, pese a los ahorros que el sistema mutualista proporciona en comparación con el régimen general de la Seguridad Social, los márgenes de las aseguradoras son insostenibles con las condiciones actuales.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saluda a los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez | EFE
El informe de la Fundación IDIS destaca que el mutualismo administrativo permite ahorros significativos para el sistema sanitario público, mejorando la accesibilidad y controlando el gasto. Sin embargo, este beneficio no se traslada directamente a las aseguradoras, que deben lidiar con unos costes cada vez más elevados mientras que las primas que reciben por parte del Estado permanecen estancadas.
Un posible acuerdo con MUFACE en el horizonte
Pese a la tensión, fuentes cercanas a la negociación han confirmado que el Gobierno está dispuesto a mejorar su propuesta. Se espera que la nueva oferta supere con creces el 14% inicial, acercándose más a las demandas de las aseguradoras. De hecho, algunas voces del sector aseguran que una subida del 24% podría ser aceptable para las empresas. Siempre y cuando se actualice también el cuadro médico y el catálogo de servicios que deben prestar.
Sin embargo, aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo. Las aseguradoras advierten que, si el Gobierno opta por imponer unilateralmente su oferta a través de los pliegos del nuevo concierto, la asistencia sanitaria de MUFACE podría verse gravemente afectada. Las empresas insisten en que, de no mejorar las condiciones económicas, su capacidad para ofrecer los servicios médicos necesarios quedaría en entredicho.
¿Qué opinan los sindicatos sobre la polémica?
El malestar no solo se ha extendido entre las aseguradoras, sino también entre los funcionarios que dependen de MUFACE para acceder a la atención sanitaria. Los sindicatos CSIF y CCOO han expresado su preocupación por la falta de avances en las negociaciones y han solicitado una reunión urgente con el Gobierno para obtener garantías sobre la continuidad del concierto.
Miguel Borra, presidente de CSIF, ha sido tajante en sus declaraciones. “Estamos muy preocupados por la falta de acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras de MUFACE”, aseguró. Borra ha advertido que, de no resolverse la situación, los sindicatos están dispuestos a convocar movilizaciones en las calles para presionar al Ejecutivo.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero | EFE
La amenaza de un posible colapso en la asistencia sanitaria de MUFACE ha generado alarma entre los funcionarios, que temen perder su acceso a un sistema de atención sanitaria que ha sido un pilar fundamental en su bienestar durante décadas.
Una de las claves para desbloquear la situación radica en el Ministerio de Hacienda, que tiene la última palabra en cuanto a la aprobación de las cifras del nuevo concierto. Aunque el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública lidera las negociaciones, toda oferta que se haga a las aseguradoras debe ser ratificada por el departamento de Hacienda, que tiene la tarea de controlar el gasto público.