El principal problema de los españoles es la vivienda. Volvió a confirmarse en el avance del CIS del mes de abril, con un 28,8% y un alza de casi medio punto respecto al mes anterior. Lo es tanto para los hombres (28,4%) como para las mujeres (29,2%), y para todas las franjas de edad, con excepción de los menores de 24 años. En su caso, los problemas de índole económica ocupan el primer puesto. Como era de esperar, en relación con la vivienda, son los jóvenes en edad de emanciparse (entre 25 y 34 años) los más sensibilizados.
Entretanto, como así constata el CIS, las medidas anunciadas por el Gobierno siguen sin calar en la ciudadanía. Hace tres meses, Pedro Sánchez, rodeado de medio gabinete, presentó un nuevo paquete de medidas frente a este problema. Entre las más novedosas, la exención en el IRPF a los caseros que pongan viviendas en alquiler a precios asequibles o un aumento de la fiscalidad a los extranjeros extracomunitarios no residentes.
Sin embargo, la falta de consenso parlamentario sobre cómo abordar el problema -que quedó patente con el rechazo de la Ley del Suelo en el Congreso– y el hecho de que las iniciativas del Ejecutivo para incentivar el alquiler asequible sigan sin aprobarse -según advierten los economistas de BBVA Research- ponen de manifiesto la dificultad de pasar del anuncio a la acción. ¿Qué ha pasado con las doce medidas anunciadas por el Gobierno?
El Gobierno no parará hasta que el derecho a una vivienda digna sea el quinto pilar del Estado del bienestar.
En estos siete años, hemos multiplicado por ocho el presupuesto en políticas de vivienda y hemos aprobado la Ley de Vivienda.
Una ley que, cuando se aplica, funciona. pic.twitter.com/h4tNzvtUk7
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 17, 2025
Medidas para ampliar el parque de viviendas
Las 184.000 viviendas asequibles anunciadas por el presidente Pedro Sánchez para esta legislatura se han diluido. El Ejecutivo ha rebajado las expectativas a menos de la mitad. Las últimas declaraciones públicas de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante su visita a unas obras de nuevas viviendas en Madrid, apuntan a la puesta en el mercado de 60.000 viviendas, de las que 15.000 están en construcción y 45.000 se rehabilitarán. Más allá del volumen, el compromiso del Gobierno implica movilizar patrimonio público e impulsar cambios estructurales, con diferentes medidas:
– Transferencia de viviendas y suelo a la nueva Empresa Pública de Vivienda. La nueva Empresa Pública de Vivienda nace del germen de la Sociedad Estatal del Suelo (SEPES), a la que ya se están traspasando inmuebles de Patrimonio Nacional, y se incorporarán activos de la Sareb. El pasado 2 de abril, los accionistas de la Sareb, que suma 37.000 viviendas, acordaron suspender de manera temporal la venta de activos residenciales para, junto a SEPES, identificar cuáles podrán ponerse a disposición de la nueva empresa. Sin embargo, este traspaso puede complicarse. Según adelantó El Confidencial, la compañía que preside Francisco Javier Torres se enfrenta a una demanda colectiva de promotores afectados por la paralización de las ventas. La dotación de viviendas con la que nacerá la nueva entidad pública no se conocerá hasta julio, cuando se presente su plan estratégico.
– Prioridad de la Empresa Pública en la compra de viviendas y suelos. Para ello, será necesario establecer un mecanismo legal. Como la empresa aún no se ha constituido, no se han producido avances en este frente.
– Blindaje de la vivienda protegida pública estatal. Esta será una de las novedades del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026, que se tramitará vía real decreto y que recoge entre sus objetivos “propiciar la calificación permanente de la vivienda protegida”. “El próximo Plan Estatal de Vivienda en el que estamos trabajando garantizará la perdurabilidad del parque público, con la empresa pública como locomotora”, destaca Isabel Rodríguez.
– Nuevo PERTE de Vivienda. El Ministerio de Vivienda prevé presentar en breve -podría ser antes de que acabe abril- el PERTE de Industrialización de la Vivienda, que pondrá el foco en la construcción industrializada y modular, así como en la modernización, formación y cualificación del sector.
Junto con las iniciativas para ampliar el parque de vivienda, el Ejecutivo prometió una batería de medidas fiscales y garantías para incentivar el alquiler asequible.
Avales públicos
– Sistema de garantías públicas. Se trata de un plan de avales públicos para proteger a los propietarios que pongan viviendas en alquiler asequible. Falta articular este mecanismo y adaptarlo a los pequeños propietarios.
– Nuevo programa de rehabilitación de viviendas vacías. Sin avances. Esta iniciativa, destinada al alquiler a precios asequibles, sigue pendiente de desarrollo.
– Exención fiscal del 100% en el IRPF. Para propietarios que alquilen bajo el nuevo índice de referencia del alquiler, incluso fuera de zonas tensionadas. Como implica una reforma fiscal, requiere tramitación parlamentaria y aún no ha llegado al Congreso.
En España ya hay:
✅️Una Ley de Vivienda que baja precios y estabiliza contratos
✅️Una norma que empodera a los vecinos para que decidan el futuro de sus barriosEn España ya no hay:
❌️'Golden Visa' a cambio de inversiones en vivienda
30 días dan para mucho. ¡Seguimos! pic.twitter.com/MpaFs8qkJ7
— Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) April 16, 2025
Cabe recordar que, entre las medidas más recientes, el 1 de enero entró en vigor el índice de referencia para la actualización del alquiler (IRAV), que topa el porcentaje máximo para la actualización anual de las rentas en contratos firmados después del 25 de mayo de 2023. Según el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), los arrendamientos superan los 2,3 millones, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior.
Otra vía por la que el Gobierno busca contener los usos especulativos de la vivienda parten de reformas impositivas.
Endurecimiento de la fiscalidad
– Alquiler turístico y de corta duración. El Ejecutivo propone que tributen como actividad económica, con un aumento del IVA del 10% al 21%. El propio presidente reconoció que “sobran Airbnb y faltan viviendas”, al anunciar la intervención en este segmento del mercado.
– Limitación de ventajas fiscales a las SOCIMI. Solo podrán beneficiarse de ellas las vinculadas a vivienda social. Esta cuestión aún depende de una negociación interministerial entre María Jesús Montero, ministra de Hacienda y la titular de Vivienda.
– Limitación a la compra de vivienda por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. Se plantea duplicar el gravamen fiscal que deben pagar. Aunque copó portadas en medios internacionales, su impacto es limitado: este tipo de operaciones representa solo el 2 % del mercado.
– Medidas contra el fraude en los alquileres temporales. Se prevé la creación de un fondo para reforzar las inspecciones por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos. La iniciativa está aún pendiente de desarrollo.
Plan de ayudas
El Gobierno ya ha iniciado la tramitación del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que entrará en vigor en 2026. Este proyecto servirá de paraguas estratégico para la nueva Empresa Pública de Vivienda, la medida estrella anunciada por Pedro Sánchez a finales del año pasado, cuyo plan estratégico no se conocerá hasta el verano. Una de las grandes novedades del plan, que se tramitará por real decreto, será propiciar la calificación permanente de la vivienda protegida.
El Ejecutivo confía en que la nueva Empresa Pública de Vivienda y el Plan 2026 se conviertan en los pilares de una política que hasta ahora no ha logrado revertir el descontento en la calle. De momento, como advierten los expertos, “el desajuste entre oferta y demanda sigue alentando el crecimiento de los precios de la vivienda en España”.