La congelación salarial de los funcionarios vuelve a situarse en el centro del debate político y social. Aunque contar con una plaza fija sigue siendo, para muchos, sinónimo de estabilidad, lo cierto es que esta seguridad laboral no siempre va acompañada de una evolución económica justa. Desde que comenzó el año, los trabajadores del sector público no han visto reflejada ninguna subida en sus nóminas. Esto ha encendido la alarma entre los principales sindicatos del país.
El malestar crece. La congelación salarial de los funcionarios ha generado ya las primeras movilizaciones. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha sido la primera en dar un paso al frente convocando una concentración el próximo 19 de marzo frente al Ministerio de Hacienda. Poco después, UGT se sumaba al descontento remitiendo una carta formal al Ejecutivo exigiendo una convocatoria urgente de negociación, con el aviso claro: si no hay avances, habrá protestas.
La congelación salarial de los funcionarios, una herida abierta
La congelación salarial de los funcionarios se ha convertido en una piedra en el zapato para el Gobierno. Aunque las cifras macroeconómicas apuntan a una recuperación económica progresiva, los empleados públicos siguen esperando una actualización salarial que no llega. Esto ha encendido la mecha del malestar en un colectivo clave para el buen funcionamiento de la administración del Estado.
Desde el Gobierno, las respuestas han sido ambiguas. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, se ha limitado a señalar que “la interlocución con los sindicatos es continua”. Sin embargo, esta afirmación contrasta con la falta de acuerdos concretos que resuelvan la congelación salarial de los funcionarios, lo que ha terminado de avivar el conflicto.
La tensión es cada vez mayor. Y el Ejecutivo sabe que mantener bloqueado este asunto puede erosionar su relación con uno de los colectivos laborales más amplios del país.
Las protestas sindicales ante la congelación salarial
Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo | EFE
La congelación salarial de los funcionarios ha motivado una reacción inmediata por parte de las organizaciones sindicales. CSIF ha sido la más contundente, denunciando que el Gobierno ha optado por dilatar los tiempos sin plantear soluciones reales. Su convocatoria frente al Ministerio de Hacienda busca presionar para que se aborde de forma urgente la situación.
Por su parte, UGT también ha advertido que si no se abre una mesa de negociación formal, la movilización será inevitable. Para los sindicatos, la congelación salarial de los funcionarios no solo es una cuestión económica, sino también un reflejo de la falta de reconocimiento institucional hacia el trabajo del personal público.
El retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha sido señalado como el principal obstáculo. Pero los sindicatos insisten: no puede usarse como excusa para dejar a los funcionarios sin subida salarial mientras otros sectores sí avanzan en sus reivindicaciones.