La negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2025 ha puesto sobre la mesa una medida que podría cambiar el panorama de la protección social en España. Se trata de la ayuda de 200 euros al mes por hijo. La propuesta, impulsada por Sumar, busca garantizar un apoyo económico directo a las familias con hijos menores de seis años, pero su inclusión en las cuentas públicas aún está en el aire.
La presión para que la ayuda de 200 euros al mes por hijo no quede fuera de los Presupuestos es máxima. Desde Sumar, la formación liderada por Yolanda Díaz, han insistido en la necesidad de integrar esta prestación en la ley de acompañamiento del proyecto presupuestario. Aseguran que el objetivo final es ampliarla progresivamente hasta los 18 años. Sin embargo, el coste de la medida y las restricciones presupuestarias están generando tensiones dentro del Gobierno de coalición.
De 7,7 millones de niños a solo 2,68 millones: el recorte en la ayuda de 200 euros al mes por hijo
En su propuesta inicial, Sumar planteaba que la ayuda de 200 euros al mes por hijo llegara a todos los menores de 18 años. Eso habría supuesto un impacto mensual de 1.547 millones de euros. Sin embargo, ante las dificultades para asumir este coste, la formación ha reducido el alcance de la medida, limitándola a los menores de seis años.
Este recorte deja fuera a más de cinco millones de niños, reduciendo el número de beneficiarios a 2,68 millones y el coste mensual a 536 millones de euros. Aun así, desde Sumar aseguran que su intención es ir ampliando la prestación en los próximos años hasta alcanzar a todos los menores de 18 años.
“No es admisible que España sea la cuarta mayor economía de la UE y siga teniendo niveles tan altos de pobreza infantil”, declaró recientemente Carlos Martín, portavoz de Economía y Hacienda de Sumar en el Congreso de los Diputados.
Unificación de ayudas y nuevas vías de financiación
Una fotografía de Yolanda Díaz durante la celebración de un acto público | Artículo 14
La propuesta de ayuda de 200 euros al mes por hijo no solo busca ampliar la cobertura social, sino también reorganizar las prestaciones actuales. La idea es unificar en una sola ayuda las siguientes medidas:
- La prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social.
- El complemento de ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
- La deducción fiscal por madre trabajadora.
Para facilitar su aplicación, Sumar ha planteado dos posibles vías: un ingreso directo a las familias o una deducción fiscal en el IRPF. La segunda opción resulta más viable desde el punto de vista presupuestario. A fin de cuentas, no computaría como gasto directo, sino que impactaría en los ingresos tributarios.
Sin embargo, la Comisión Europea está observando con atención cualquier medida que pueda aumentar el gasto público en España. Eso podría dificultar la aprobación de la ayuda de 200 euros al mes por hijo si finalmente se decide financiar mediante transferencias directas.
El choque con Hacienda y la falta de margen presupuestario
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero | Europa Press
A pesar del firme impulso de Sumar, la viabilidad de la ayuda de 200 euros al mes por hijo sigue dependiendo del margen presupuestario disponible. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuenta con 6.100 millones de euros adicionales para negociar con las distintas formaciones políticas. Pero esta cantidad debe repartirse entre varias prioridades del Gobierno.
El techo de gasto aprobado para 2025 es de 195.353 millones de euros, lo que deja poco margen para nuevas iniciativas sin afectar a otras partidas. Esto ha generado tensiones dentro de la coalición, ya que el ala socialista del Gobierno teme que incluir la ayuda de 200 euros al mes por hijo en los Presupuestos comprometa la sostenibilidad fiscal del país.
Sumar, por su parte, insiste en que España invierte solo el 1,6% del PIB en protección social para familias e infancia, muy por debajo de la media europea del 2,4%. Para equiparar el gasto al nivel de la UE, la formación estima que sería necesario destinar 12.600 millones de euros anuales a este tipo de ayudas.