La mutualidad de funcionarios civiles del Estado, más conocida como Muface, se encuentra en un momento crítico. Con más de un millón y medio de beneficiarios, esta institución, que permite a los funcionarios elegir entre un seguro privado financiado con fondos públicos o la sanidad pública, atraviesa una crisis que amenaza su viabilidad. A pesar de los esfuerzos del Gobierno para salvar este sistema, el futuro de Muface sigue siendo incierto, generando preocupación entre los funcionarios que dependen de él.
El panorama actual de Muface está marcado por el rechazo de Adeslas, la mayor aseguradora en volumen de mutualistas, a participar en la nueva licitación del Gobierno. A pesar de que el Ejecutivo ha propuesto un incremento de la prima del 33,5 % en tres años, la compañía ha calificado el modelo como “económicamente insostenible”. Esta decisión afecta directamente a medio millón de funcionarios que reciben cobertura de Adeslas a través de Muface.
Por su parte, Asisa, la segunda mayor aseguradora en este sistema, está considerando presentarse en solitario. Sin embargo, previamente había rechazado esta posibilidad en la primera oferta. Este contexto pone en riesgo la estabilidad de Muface. A fin de cuentas, ninguna aseguradora ha confirmado su compromiso definitivo con el nuevo contrato, que representa una inversión de 4.500 millones de euros en tres años.
“Un esfuerzo económico sin precedentes”, según Óscar López
El ministro de Función Pública, Óscar López, ha destacado que el Gobierno está haciendo un “esfuerzo sin precedentes” para garantizar la continuidad de Muface. Según López, se han añadido 1.000 millones de euros adicionales al presupuesto de la mutualidad, lo que eleva el coste total del concierto a una cifra récord. “Este dinero, que proviene de los Presupuestos Generales del Estado, financia el seguro privado de un millón y medio de ciudadanos”, explicó el ministro.
Sin embargo, esta inversión no ha sido suficiente para calmar las tensiones. La crisis de Muface pone de manifiesto las limitaciones del modelo actual y la necesidad de una reforma estructural. “Es un modelo muy antiguo que acumula ciertas imperfecciones y requiere reformas”, admitió López, planteando la posibilidad de replantear el sistema una vez que se firme el próximo convenio.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López | EFE
Mientras se define el futuro de Muface, el Gobierno ha optado por una solución temporal. A través de una prórroga activada el 28 de diciembre, las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV continuarán prestando servicios en los mismos términos y condiciones hasta que se resuelva la nueva licitación. Este periodo de transición, que se extenderá como máximo hasta marzo de 2025, supone un gasto adicional estimado de 343 millones de euros.
Aunque esta prórroga garantiza la continuidad del servicio para los mutualistas de Muface, también añade presión a las aseguradoras, que deberán asumir las mismas condiciones económicas acordadas en 2022, algo que las compañías ya habían calificado como insuficiente.
¿Una crisis que refleja un cambio de tendencia?
La situación de Muface no solo es el resultado de la presión económica sobre las aseguradoras, sino también de un cambio en las preferencias de los nuevos mutualistas. Según datos del Ministerio de Función Pública, dos de cada tres funcionarios de nuevo ingreso optan por la sanidad pública en lugar del seguro privado. Este descenso progresivo en la elección del seguro privado cuestiona la sostenibilidad del modelo a largo plazo.
Fachada de una clínica privada de Asisa en Barcelona | EFE
Actualmente, solo un tercio de los funcionarios en España están adscritos a Muface. La tendencia hacia la sanidad pública es innegable. Este cambio podría influir en el futuro del sistema, ya que una menor demanda de seguros privados podría desincentivar la participación de aseguradoras en los próximos contratos.
Entre los funcionarios adscritos a Muface, la preocupación es palpable. Muchos temen que los problemas actuales deriven en una reducción de servicios o en un aumento de costes para los usuarios. Además, la incertidumbre sobre el futuro del modelo ha generado dudas sobre la capacidad del Gobierno para garantizar una solución a largo plazo.