“Estoy a la espera desde hace una semana para la autorización de un PAAF ecoguiado de mama, ya que tengo un bulto en el pecho que me tienen que analizar para ver si es cancerígeno o no”. “Soy profesora en el IES Ramón Carande, de Jerez de los Caballeros. Padezco de espondilitis anquilosante, diagnosticada hace ya varios años. Actualmente, y para un largo periodo de tiempo, tengo prescrito por mi especialista en reumatología un tratamiento biológico de dispensación hospitalaria, que debe administrarse cada 15 días, y no puedo suspender ni aplazar la medicación bajo ningún concepto”. Estos son un par de ejemplos de los correos electrónicos recibidos por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) con quejas de mutualistas de Muface.
Este sindicato ha reunido todas estas reclamaciones y acaba de presentar una denuncia ante el Defensor del Pueblo por los retrasos o anulaciones de citas médicas por parte de las aseguradoras, en un contexto de incertidumbre para la mutualidad de los funcionarios. Muface no ha logrado renovar el concierto con las aseguradoras que venían prestando la atención médica (Adeslas, Asisa y DKV) a menos de un mes de que expire el plazo para la suscripción de un nuevo convenio para el bienio 2025-2026. En esta crisis, las mujeres son el colectivo más afectado y, en consecuencia, el más impactado por un eventual traspaso a la Sanidad Pública. El Ministerio de Sanidad, dirigido Mónica García, considera que “el contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”.
Radiografía femenina
El alto impacto de la crisis de Muface entre las mujeres es acorde a su representatividad en la administración pública y en la educación. Los datos de Muface muestran esta realidad: las mujeres son casi el 60% (58,85%) de los mutualistas en activo. Ellas representan más de 388.000 personas, frente a los casi 271.600 hombres de este colectivo. A su vez, son el 90% del colectivo identificado en el sistema como “beneficiarios con documento asimilado al de afiliación”, que corresponde, principalmente, a las viudas.
A 31 de diciembre de 2023, el colectivo mutualista sumaba 1,53 millones de personas, de las cuales 1,103 millones eran titulares, y el resto (434.409), beneficiarias. Según señala la última memoria de Muface, “estas cifras son prueba evidente de la fortaleza del sistema mutualista, porque los titulares, que son los que soportan el modelo, son más de dos tercios del total”. Mientras que el número de mutualistas está en crecimiento, el de beneficiarios decrece. Un dato a tener en cuenta, especialmente si no se alcanza un acuerdo con las aseguradoras para un nuevo convenio, es que la edad media de las personas titulares se sitúa en los 57 años.
Improvisada
Según explica a Artículo14 Pedro A. Tamayo, del profesor de Economía de la UNED y coordinador del Coordinador del Máster Universitario en Administración Sanitaria (MUAS), el mayor riesgo si no se logra cerrar la licitación es que el traspaso a la Sanidad Pública de los 1,5 millones de personas que ahora están en Muface se haga de forma improvisada. En su opinión, estamos ante lo que podría ser el último concierto si finalmente se cierra, pues “Muface es un privilegio de los funcionarios, que después de 38 años está abocado a terminar, pero es importante que se haga de una manera ordenada”.
Tamayo recuerda que la Ley de Sanidad de 1986 ya se preveía su integración en el Sistema Nacional de Salud (SNS), aunque desde los sindicatos de funcionarios se considere un “derecho adquirido”. El experto advierte de que si el periodo de transición de un sistema no permite un tiempo suficiente de adaptación, se corre el riesgo de colapsar la atención primaria en algunas comunidades. “Muface no tiene el mismo peso en todas las comunidades autónomas y no hay que pensar solo en las capitales, sino también en localidades más pequeñas donde incorporar nuevas tarjetas sanitarias en un espacio corto de tiempo puede tener un gran impacto”, aclara.
Salud femenina
Desde el punto de vista de la salud femenina, el eventual traspaso al sistema público -que está transferido a las Comunidades Autónomas- podría afectar en servicios que ellas consideran más necesarios, como los diagnósticos por imagen (por ejemplo, mamografías), obstetricia o salud mental, dado que ellas padecen más problemas de ansiedad o depresión. Según señala la memoria de Muface, la estancia media de las hospitalizaciones, así como el peso medio (indicador del consumo de recursos de los pacientes atendidos en un hospital), son inferiores a los del SNS. Y aunque la distribución por sexo es muy similar a la observada en el SNS, se observa un ligero predominio de ingresos en mujeres.
Otra derivada es la dificultad que pueden encontrar las beneficiarias para acceder a un seguro privado, tanto desde el punto de vista económico como por su historia clínica. Los funcionarios pagan de media 478,36 euros anuales por el seguro médico (el precio se fija en función de su salario). Este coste se duplicaría hasta casi los 820 euros en un seguro privado. Si se añadiera la cobertura para la pareja y un descendiente rondaría los 1.840 euros, según detalla un informe de Roams Insurtech. Al alto coste se une el riesgo de no ser aceptado por las aseguradoras especialmente a partir de los 50 años y si hay antecedentes de enfermedades graves, como un cáncer.
Subsidios por riesgo de embarazo
Para las funcionarias que estén pensado en ser madres, un eventual traspaso al SNS tendrá también impacto en los subsidios por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural, ya que Muface reconoce que estas prestaciones económicas cuando la mutualista no puede ser cambiada de puesto por otro compatible con su estado, debido al riesgo que aquel supone para su salud, la del feto o la del bebé lactante. Según explica Muface en la memoria, “una importante diferencia con el subsidio por Incapacidad Temporal (IT), además de que no existe patología alguna en la mujer, es que MUFACE abona el 100% de las retribuciones complementarias que la mutualista deja de percibir de su organismo, por lo que no hay minoración retributiva. Tampoco se envía a reconocimiento médico a las funcionarias en estas situaciones.
La propia Muface es una empresa eminentemente femenina. Al cierre de 2023, de las 683 personas que componían su plantilla de funcionarios, 431 eran mujeres, con una importante presencia en los puestos de niveles superiores. Según destaca su Memoria, un 62% de los puestos de nivel 30 y un 60% de los niveles 29 y 28 son desempeñados por mujeres, lo que permite descartar la existencia de un techo de cristal dentro del organismo. Su directora general, Myriam Pallarés, señalaba con motivo del 8 de marzo 2o23, en relación a la superación de barreras, “nuestra filosofía y nuestra lucha sigue teniendo como objetivo que Muface se escriba con M de mujer”. Ese año, Muface también convocó por primera vez ayudas para la protección de mujeres mutualistas víctimas de violencia de género, beneficiando a 75 mujeres y sus 35 hijos e hijas.
En el centro del debate
Hasta que se conozca el desenlace de esta crisis, Muface sigue en el centro del debate público. La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) pidió el lunes 9 de diciembre al ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que se siente a negociar con su organización el mantenimiento de la asistencia sanitaria de Muface “para no dejar colgados” a sus 1,5 millones de mutualistas. Según explicó la presidenta de Fedeca, Ana Ercoreca, “no existen argumentos económicos ni jurídicos” para eliminar el concierto sanitario de Muface y pasar los funcionarios al sistema público, máxime cuando el gasto por mutualista es casi 600 euros menor que el coste por paciente del sistema sanitario público: 1.014 euros frente a 1.608 euros.
Por su parte, Óscar López, lanzó “un mensaje de tranquilidad” a los mutualistas de Muface, a quienes ha garantizado que tendrán cubierta su asistencia sanitaria. Si finalmente no hay convenio con las aseguradoras, la Ley de Contratos del Sector Público permite prorrogar el servicio hasta nueve meses, atendiendo a circunstancias de interés público. Desde las filas populares, su secretaria general, Cuca Gamarra, denunció la “gran irresponsabilidad” del Gobierno “al poner en peligro” Muface y ha afirmado que el PSOE tiene una “cruzada contra la sanidad privada”. Gamarra ha criticado que el Ejecutivo está “saboteando un sistema que ofrece asistencia sanitaria a más de un millón y medio de personas”. Lo que está claro es que, entorno a las dificultades de Muface, hay más de un millón de votos en juego.