La segunda licitación de Muface, que busca adjudicar la prestación sanitaria a 1,5 millones de funcionarios y sus familias, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia. Este sábado, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública suspendió el plazo de presentación de ofertas. Una decisión que refleja las tensiones con las aseguradoras implicadas y las dificultades para garantizar la continuidad del sistema.
Este lunes debía cerrarse el plazo para que las aseguradoras presentaran sus ofertas en la segunda licitación de Muface. Sin embargo, un comunicado en la web oficial de la mutualidad sorprendió a todos. La razón: la aseguradora Adeslas, que había rechazado participar en un principio, aceptó volver al proceso tras intensas negociaciones con el Gobierno. Según el ministro Óscar López, estas conversaciones han logrado “avances significativos” para evitar una tercera licitación. Un escenario que habría sido crítico para el sistema sanitario de los funcionarios.
Adeslas, que representa al 33 % de los mutualistas de Muface, explicó que está dispuesta a reconsiderar su postura si el Gobierno consolida una propuesta adecuada que garantice un modelo “justo, equilibrado y sostenible”. Esto supone un cambio drástico. A fin de cuentas, hasta hace unos días, la aseguradora había declarado oficialmente que no participaría debido a la falta de viabilidad económica del modelo actual.
El problema estructural en la segunda licitación de Muface
Fachada de una clínica privada de Asisa en Barcelona | EFE
La situación actual no es casual. La primera licitación de Muface, cerrada en noviembre, quedó desierta. Un hecho inédito en los 50 años de historia de la mutualidad. Las principales aseguradoras, Adeslas, Asisa y DKV, rechazaron participar argumentando que el sistema es económicamente insostenible. Durante años, estas empresas han operado con pérdidas debido a la infrafinanciación del modelo y al envejecimiento de la población mutualista.
En respuesta, el Gobierno diseñó una segunda licitación de Muface con un incremento del 33% en las primas, alcanzando una dotación económica de 4.478 millones de euros para los próximos tres años. Sin embargo, las aseguradoras insistieron en que esta mejora era insuficiente, ya que estiman que sería necesario un aumento del 40 % para cubrir los costos crecientes.
La postura de Adeslas ha sido central en esta crisis. La aseguradora, líder en el sector, inicialmente se negó a participar, advirtiendo que mantener su presencia en Muface podría comprometer su solvencia. No obstante, las negociaciones intensivas de la última semana han dado un giro al proceso. Adeslas ahora afirma que, si los avances con el Gobierno se consolidan, reconsiderará su posición.
La importancia de Adeslas en la segunda licitación de Muface no se puede subestimar. Su posible retirada habría dejado al sistema en una posición extremadamente vulnerable, ya que ninguna otra aseguradora tiene la capacidad de cubrir un tercio de los mutualistas.
La presión del sector y el impacto en los mutualistas
Myriam Pallarés es la directora general de Muface | Kilo y Cuarto
El retraso en la adjudicación ha generado incertidumbre entre los mutualistas y presión por parte de los sindicatos. El presidente del CSIF, Miguel Iborra, anunció que convocarán una huelga durante la primera quincena de febrero si no se garantiza la asistencia sanitaria. Esta movilización podría extenderse a sectores clave como la educación pública, ministerios, organismos oficiales y Correos.
El Gobierno, consciente de la gravedad del problema, está tratando de evitar una tercera licitación mediante un posible nuevo aumento en las primas para las aseguradoras. Sin embargo, esta solución podría generar críticas por el costo adicional que representaría para el presupuesto público.
El modelo de Muface, que combina la gestión pública con la participación privada, ha sido considerado durante décadas un referente en la atención sanitaria. Sin embargo, su sostenibilidad está siendo cuestionada. Las aseguradoras argumentan que el envejecimiento de los mutualistas y el incremento de las prestaciones han desbordado los recursos asignados, haciendo inviable el sistema sin reformas estructurales.
El Gobierno ha intentado responder a estas demandas mediante mejoras en las condiciones económicas. Sin embargo, el conflicto subraya problemas más profundos que van más allá de una simple renegociación de primas. La segunda licitación de Muface se ha convertido en un reflejo de las tensiones entre el sector público y privado en la prestación de servicios esenciales.