Ocho de cada diez potenciales beneficiarios del bono social eléctrico no son capaces de acceder a esta ayuda. Su diseño dificulta que llegue a los colectivos más vulnerables con derecho al mismo, entre los que se encuentran los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los hogares pensionistas con una renta mínima, además de las familias numerosas con bajos ingresos. Por el contrario, al menos, una tercera parte de los bonificados no son familias vulnerables, según se desprende del informe ‘¿Llega el bono social eléctrico a quien lo necesita?’ de EsadeEcPol y Oxfam Intermón.
Si queremos poner rostro al fracaso del bono social eléctrico, este es claramente femenino. La percepción del descuento en la tarifa -que oscila entre el 25% y el 80%- está condicionada a alguno de los siguientes factores en el hogar: ser familia numerosa, una renta inferior a 8.106 euros (valor para 2022) o pensionistas con la cuantía mínima vigente y no percibir otros ingresos de más de 500 euros anuales.
En el caso de los dos últimos, las mujeres son las más afectadas. Una renta en el hogar de poco más de 8.100 euros puede relacionarse con la necesidad de apoyo a través del IMV. Esta es una prestación que mayoritariamente reciben las mujeres –suponen casi el 70% de sus titulares-, según los datos del Ministerio de Inclusión, que dirige Elma Saiz.
Y como puso recientemente de manifiesto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo público independiente que tiene como misión la fiscalización presupuestaria, más del 50% de las potenciales beneficiarias del IMV no lo solicitan. En ambos casos la raíz del problema para su acceso coincide, existe una gran desinformación en un colectivo con un bajo nivel educativo.
Según explica a Artículo14 Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol, el bono eléctrico social precede al IMV y una buena solución sería que la Administración aprovechara la información para agilizar su concesión. “Esa falta de iniciativa [lo que se conoce como el non take-up] afecta a las mujeres, pues con carácter general son ellas quienes están en el foco de las políticas de soporte a la pobreza”, incide.
El 40% de los beneficiarios del bono social eléctrico lo hicieron como consecuencia de su bajo nivel de renta. Esta situación empeora en el caso de familias monomarentales con hijos y si son de nacionalidad extranjera, pues tienen aún menor información y capacidad de gestión.
Viudas
Atendiendo al criterio de la pensión, en una situación parecida se encuentran las viudas, especialmente las más mayores. La pensión de viudedad sigue siendo para muchas mujeres su principal prestación, pero más de 1,4 millones de viudas no alcanzan los mil euros, según los últimos datos del Departamento de Elma Saiz. En concreto, el perfil de la receptora es el de una mujer de 79 años de edad que ingresa una pensión media de 924,17 euros.
“Si pensamos en hogares pensionistas con la mínima, que es el requisito para acceder al bono eléctrico, es previsible que haya una desproporción hacia los hogares de mujeres viudas, que no cotizaron”, explica Galindo.
En este colectivo de pensionistas, la cobertura del bono social eléctrico es muy baja y no llega al 10% (9,2%). Con los datos anteriores, podría concluirse que nueve de cada diez viudas no es capaz de beneficiarse de un descuento al que tendría derecho. La cobertura mejora -el acceso se sitúa en el 20,1%- en los hogares beneficiarios del bono por nivel de renta.
Contradicción
El informe refleja que son las familias que menos lo necesitan, las numerosas con mayor nivel de renta, quienes más acceden al bono. En este colectivo, aproximadamente el 65% de los hogares beneficiarios tiene unos ingresos medios-altos.
En el polo opuesto, únicamente, el 25% de estas familias con menor nivel de ingresos accede a los descuentos. “Lejos de lo que mucha gente piensa, la mayor parte de las numerosas en España tiene unas rentas medias bajas”, advierte Galindo. La paradoja de las familias numerosas refleja la complejidad de acceso al bono, que lastra a quienes más lo necesitan.
Ante esta realidad, los autores del informe proponen como solución que en lugar de que sean los usuarios quienes tengan que solicitarlo la responsabilidad se desplace a las administraciones. “Lo óptimo sería que la Administración aprovechara toda la información [en alusión al IMV, pensión…] para agilizar las concesiones del bono, alineando y armonizando más aún ambas concesiones”, puntualizan.
En su opinión, también habría que reconsiderar la definición de criterios para las familias numerosas, incorporando un máximo de renta “definido” de manera que solo excluya a hogares que claramente no necesitan de ningún apoyo monetario porque tienen ingresos altos.
“En cualquier caso, habría que considerar en el largo plazo el uso de políticas fiscales más efectivas y unificadas (como impuestos negativos sobre la renta) que permitan abordar las situaciones de pobreza de forma integral, con información fiable y menos trámites administrativos”, concluyen.
En 2022, los hogares beneficiarios del bono social eléctrico sumaron 1,4 millones, lo que supone una tasa de cobertura del 24,5%, sin que apenas haya mejorado desde 2020 (22,6%).