Uno de los grandes desafíos de la violencia de género sobre las mujeres es superar su estigmatización. Esto es muy relevante en el ámbito laboral: todos los expertos coinciden en que el empleo es clave para ellas, pues otorga no solo independencia económica, sino también confianza y autoestima. Sin embargo, la realidad es que hay miedo por parte de las víctimas a reconocer el infierno que están viviendo. Se oculta cuando están trabajando -lo habitual suele ser solicitar una baja por enfermedad común- y también cuando están en situación de demanda de empleo. Una de cada dos víctimas lleva más de un año buscando trabajo y más del 73% elude su condición en las entrevistas, según datos de la Fundación Adecco.
En los últimos veinte años, se ha avanzado mucho en materia laboral. En el caso de las trabajadoras, si tienen esta condición acreditada están protegidas y tienen derecho a ajustar su jornada laboral según sus necesidades o a cambiar de centro si existe esa posibilidad dentro de la empresa, entre otras medidas. Desde 2006, las empresas que contratan a víctimas gozan de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social. Así, durante cuatro años, pueden deducirse 125 euros al mes en los contratos indefinidos o 50 euros, en los temporales. Sin embargo, los datos reflejan que algo no esta funcionando y que esta modalidad de contrato no resulta atractiva para las partes, a pesar de que se ha duplicado desde 2013.
Alternativas
En 2023, los contratos bonificados por violencia sumaron 1.037, una cifra similar al año anterior y que supone menos del 1% del total de la contratación femenina. Si se compara este dato con el número total de denuncias -en 2023, se registraron 194.658, según los datos del Consejo General del Poder Judicial) o con las estimaciones de la Fundación Ana Bella, que cuantifica en alrededor de seis millones las mujeres que sufren violencia, el 22% del total, o se empequeñece aún más. A su vez, las empresas comprometidas públicamente a facilitar la inserción laboral de las mujeres víctimas con convenio con la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad no llegan a 150, según consta en la web del Departamento que dirige Ana Redondo.
¿Podría el establecimiento de un cupo laboral similar al que existe para las personas con discapacidad favorecer la empleabilidad de las víctimas o, mejor dicho, de las supervivientes, como así se sienten muchas de ellas? No es un debate que hoy esté sobre la mesa y por su alcance, como cualquier eventual iniciativa legislativa, debe abordarse desde un profundo análisis, con la participación de todos los agentes implicados y, en este caso particular, con sensibilidad hacia las víctimas. En el caso de las personas con discapacidad, la ley obliga a reservar un 2% del empleo en empresas de más de 50 trabajadores, que en el caso de la Administración pública se ha elevado del 7% al 10%.
Ruptura de estereotipos
“Es bueno que se abra el debate si ayuda a romper estereotipos”, afirma a Artículo14 Ana Bella, presidenta de la Fundación que lleva su nombre, que a través del Programa Amiga ha facilitado 8.500 oportunidades laborales a mujeres y mantiene acuerdos de colaboración con empresas para su integración laboral. En su opinión, la clave sería buscar una fórmula que evite estigmatizar a las supervivientes. A favor, si las desempleadas saben que puede ser una vía para facilitarles la búsqueda de un empleo, podría funcionar para reconocer públicamente su situación; y también podría ser de utilidad, si como en el caso de la discapacidad las empresas, cuando no se incorporan estas personas se abona una cuota. “El cupo podría ser una vía para financiar más programas de inserción laboral”, apunta Ana Bella.
En contra, admite que podría dar lugar a una revictimización y su complejidad en el sentido de que, a diferencia de las personas con discapacidad, el objetivo es que estas mujeres dejen atrás su condición de víctimas lo antes posible. “¿Qué tendría que hacer una empresa para cumplir el cupo si una mujer contratada por esta vía supera la situación?”, se pregunta. En este sentido, sugiere que podría ser más interesante subir los incentivos fiscales a las empresas para que realmente sea interesante su contratación. “Vemos también muchas empresas que se han adelantado a la legislación, están sensibilizadas e impulsan su inserción laboral sin las bonificaciones fiscales”, subraya Ana Bella.
Dificultad en las pymes
“Creemos que hay que ser muy prudentes y antes de crear cualquier cuota, hay que valorar sus posibles efectos positivos y negativos“, señala a Artículo14 Irene Gil, responsable del Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco. Según explica, su aspiración es erradicar el problema, atajarlo de raíz y la creación de una cuota podría implicar que, de alguna forma, se legitima y se asume la violencia de género. “Más que una cuota, lo que habría que hacer es garantizar que todas las mujeres víctimas que se quedan en desempleo, dispongan de todos los apoyos, facilidades y recursos disponibles para encontrar trabajo lo antes posible”, apunta. La Fundación Adecco aboga por un mayor impulso por parte de la Administración pública de la legislación, una mayor colaboración con el tercer sector o una puesta en valor de las empresas comprometidas con un sello específico de reconocimiento, así como un mayor compromiso en el ámbito empresarial para que todas las empresas conozcan la legislación vigente.
“Todo lo que sea una obligación legal facilita su cumplimiento”, apunta una experta de violencia de género que prefiere el anonimato, en alusión a las medidas para incentivar su contratación. En este sentido, admite que falta mucha pedagogía tanto en el ámbito empresarial –el 62,5% del empleo lo crean las pymes (empresas de menos de 250 empleados)- como entre las víctimas para difundir las medidas existentes. “Hay que ponerse en los zapatos de una víctima en una pyme donde para poder exigir sus derechos tiene que acreditar su condición de víctima con un título habilitante, es decir, con una sentencia judicial. Es muy difícil en un entorno tan cerrado presentarse como víctima”, explica en relación con la estigmatización que supone.
En Artículo14, hemos querido lanzar la idea. Si el mero hecho de plantear el cupo para las víctimas ayuda a visibilizar, sensibilizar y romper estereotipos sobre la situación laboral de las mujeres víctimas de violencia, habremos aportado nuestro granito de arena. El empleo, no solo facilita independencia económica, sino que potencia la autonomía y rompe el asilamiento social de las supervivientes. El reto como sociedad es que las redes de apoyo -prestaciones por desempleo o Ingreso Mínimo Vital- sean lo más temporales posible. Hay que desechar también el cliché de que las víctimas de violencia de género son siempre vulnerables económicamente.