La reciente aprobación de la nueva ley antiokupas por el Congreso de los Diputados ha suscitado un intenso debate en España. Con el objetivo de agilizar los tiempos y procedimientos en los casos de ocupación ilegal de inmuebles, la reforma introduce cambios significativos en el tratamiento judicial de estos casos. Sin embargo, la medida plantea interrogantes cruciales sobre su impacto en situaciones complejas. Especialmente, aquellas que involucran a familias con hijos menores de edad.
¿Qué implica la nueva ley antiokupas?
La ley antiokupas, impulsada como una reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, propone incluir los delitos de allanamiento de morada y usurpación en los procedimientos de juicios rápidos. Esto reduce drásticamente los tiempos de resolución, permitiendo que los casos de ocupación ilegal se gestionen en un plazo máximo de semanas en lugar de meses. La ley fue respaldada por el PNV, PP, Junts, UPN, Coalición Canaria, Bildu y ERC, aunque los dos últimos calificaron su apoyo como un “error injustificable”.
El nuevo procedimiento establece que el juez debe citar a los presuntos okupas en un plazo máximo de 72 horas tras recibir los informes de la policía judicial. Posteriormente, si las partes solicitan juicio oral, el proceso avanzará con una velocidad inédita: el juicio debe celebrarse en un máximo de 15 días, y la sentencia dictarse en los tres días siguientes.
Piso realquilado a un trabajador en un edificio abandonado de Ibiza | EFE
Esto representa un cambio significativo. A fin de cuentas, los procesos actuales suelen prolongarse entre 4 y 9 meses, dependiendo de la carga de trabajo judicial y la reacción de los implicados. Con esta ley, el sistema judicial tendrá que adaptarse a unos plazos mucho más estrictos, acelerando notablemente los desalojos en la mayoría de los casos.
¿Qué ocurre cuando hay menores implicados?
Una de las cuestiones más controvertidas de la ley antiokupas es su impacto en las familias con hijos menores de edad. La legislación española otorga una protección especial a los menores. Y, en casos de desalojo, los servicios sociales suelen intervenir para evaluar la situación de los niños y garantizar que no se encuentren en situación de desamparo. Este proceso tiende a ralentizar los desalojos, ya que implica coordinar una respuesta social antes de ejecutar cualquier orden judicial.
Con la nueva ley antiokupas, se espera que incluso estos casos se aceleren. No obstante, los detalles sobre cómo se manejarán situaciones que involucren a menores o personas vulnerables aún no están claros. La principal preocupación es garantizar que, en el afán de acelerar los desalojos, no se vulneren los derechos fundamentales de los niños ni se agrave su situación de vulnerabilidad.
Un piso okupado reivindica sus derechos y motivaciones en Barcelona | Shutterstock
En los casos en los que las familias okupas tienen hijos menores, los servicios sociales desempeñan un papel central. Su intervención busca evaluar si la ocupación se debe a una situación de exclusión socioeconómica y, de ser así, proporcionar alternativas habitacionales antes de que se produzca el desalojo.
Sin embargo, la falta de recursos habitacionales suficientes en muchas comunidades autónomas plantea un desafío. Si los plazos judiciales se acortan drásticamente, existe el riesgo de que los servicios sociales no puedan actuar con la rapidez necesaria para encontrar soluciones habitacionales adecuadas, lo que podría llevar a desalojos que dejen a familias enteras sin un techo donde vivir.