La nueva ley antiokupas, aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados, promete cambiar radicalmente los tiempos y procedimientos en los casos de ocupación ilegal de inmuebles en España. Sin embargo, su llegada no está exenta de controversia, tanto por las implicaciones legales como por su posible conflicto con la ley de vivienda, que busca proteger a los colectivos más vulnerables. Aquí te explicamos en qué consiste esta reforma, cuándo entrará en vigor y cómo podría impactar en el panorama de la vivienda en España.
¿Qué es la nueva ley antiokupas?
La reforma que se conoce ahora como ley antiokupas, propuesta por el PNV y aprobada con el respaldo del PP, Junts, UPN, Coalición Canaria, Bildu y ERC (estos dos últimos argumentando un “error injustificable” en su apoyo), modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Su objetivo principal es incluir los delitos de allanamiento de morada y usurpación en los procedimientos de juicios rápidos, reduciendo significativamente los tiempos de resolución de estos casos.
Principales cambios
- Juicios rápidos para okupas: Los ocupantes ilegales serán juzgados en un plazo máximo de 15 días desde su puesta a disposición judicial.
- Agilización de desahucios: Los procesos judiciales, que actualmente pueden tardar entre 4 y 9 meses, serán mucho más breves.
- Delitos incluidos: Los juicios rápidos ya se aplican en casos como violencia física, robo o delitos contra la seguridad en el tráfico. Ahora se suman los relacionados con la ocupación de viviendas.
¿Cuándo entrará en vigor?
La ley está actualmente en el Senado, donde el PP tiene mayoría. Se espera su aprobación definitiva sin grandes modificaciones. Una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la reforma será efectiva y comenzará a aplicarse de inmediato.
¿Qué implica esta reforma para los propietarios?
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda en el pleno del Congreso de los Diputados | EFE
La nueva ley busca resolver uno de los principales problemas denunciados por los propietarios: los largos y costosos procesos judiciales para recuperar sus propiedades ocupadas.
Antes de la reforma
Actualmente, cuando un okupa puede demostrar que lleva más de 48 horas en la vivienda, el caso pasa a un juicio estándar. Este proceso tiene varias fases:
- Requerimiento de pago/desalojo: El propietario envía una solicitud al ocupante.
- Demanda judicial: Se presenta en el juzgado, incluyendo pruebas y motivos.
- Juicio: Ambas partes presentan pruebas, y el juez dicta sentencia.
- Ejecución de desalojo: Si el fallo es favorable al propietario, se ordena el lanzamiento.
Estos trámites suelen extenderse durante meses, dejando a los propietarios en una situación de indefensión.
Con la nueva ley antiokupas
Con los juicios rápidos, el proceso será mucho más eficiente, reduciendo los tiempos y los costes asociados. Sin embargo, los expertos señalan que podría haber limitaciones prácticas debido a la sobrecarga de los juzgados y la necesidad de implementar nuevas medidas para garantizar la eficacia de este procedimiento.
¿Qué pasa si los okupas tienen hijos?
Un aspecto que sigue generando dudas es cómo afectará esta ley a los casos en los que haya menores implicados. La legislación actual otorga protección especial a los niños, lo que suele ralentizar los procesos. En estos casos, los servicios sociales intervienen para evaluar si existe una situación de desprotección socioeconómica. Si se considera que los menores están en riesgo, el desalojo puede posponerse hasta que se encuentren alternativas habitacionales para ellos.
Con la nueva ley, se espera que estos casos también se aceleren. Sin embargo, todavía no está claro cómo se manejarán las situaciones que involucren menores o personas vulnerables.
¿Cómo choca con la ley de vivienda?
Las llaves de una vivienda | Europa Press
La ley de vivienda, aprobada este mismo año, busca garantizar el acceso a la vivienda para los colectivos más vulnerables y establece límites al precio de los alquileres en ciertas zonas. Sin embargo, esta nueva ley antiokupas podría entrar en conflicto con algunos de sus principios:
- Protección a personas vulnerables: La ley de vivienda prioriza evitar el desalojo de personas en riesgo de exclusión social, mientras que la nueva reforma agiliza los procesos sin hacer excepciones claras para estos casos.
- Tensiones sociales: Organizaciones sociales han advertido que esta ley podría aumentar la criminalización de personas en situación de pobreza que ocupan viviendas por necesidad.
- Derechos de propietarios frente a vulnerabilidad: Aunque la ley antiokupas favorece a los propietarios, su aplicación podría desatar controversias si no se articulan medidas que balanceen los derechos de las partes involucradas.
