Hay un millón de razones para salir a la calle y manifestarse por una vivienda digna. La de Judith es que su casero, un gran fondo de inversión, la quiere echar porque no quiere renovar su contrato de alquiler.
María piensa protestar porque no llega a fin de mes, “el alquiler se lleva casi todo mi sueldo” y Alicia sale porque en el pasado ocupó por necesidad una vivienda de la Sareb y ahora teme perder su contrato de alquiler social y volverse a encontrar desamparada y vulnerable.
Son algunos de los motivos por lo que hasta cuarenta organizaciones sociales han decidido impulsar una gran marcha en Madrid bajo el lema ‘La vivienda es un derecho, no un negocio. Por ciudades y pueblos habitables’ con la lectura de un manifiesto por parte del actor Juan Diego Botto y dos vecinas afectadas de la Cañada Real y de la línea 7B del Metro de Madrid.
Los datos que se publican cada mes demuestran que los precios no dejan de subir pese a que la oferta se mantiene muy limitada. Según un estudio de Fotocasa, el precio del alquiler ya supera los 1.000 euros mensuales de media. Y solo deberíamos destinar el 30% de nuestro salario a pagar la vivienda. En muchos casos, el porcentaje, supera el 65%.
“Por primera vez en la historia, el precio del alquiler ya sobrepasa la barrera tácita de los mil euros mensuales. Tras dos años continuados de incrementos muy significativos y haber presentado la aceleración más brusca de su historia, el precio del arrendamiento está más alto que nunca. La razón principal es la contracción de oferta disponible que ha sufrido en los últimos ejercicios, de alrededor del 30% y la intensa demanda que aumenta al ser la principal vía solución habitacional para acceder a la vivienda”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de la inmobiliaria.
Aquellas personas que no tienen dinero suficiente ahorrado para poder afrontar una hipoteca se ven abocados a vivir de alquiler, ahogados por los elevados precios. Por eso, no sorprende que según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al segundo trimestre del año, tres de cada cuatro desahucios en España se deben a impagos del alquiler, el 74,8% del total.
Asunción Carbonell tiene 68 años. Pero la edad no le va a impedir acudir a la manifestación y aportar su granito de arena con su presencia en este acto reivindicativo. Forma parte de la Asamblea de vivienda de Usera/PAH y junto con otras mujeres, se apoyan mutuamente para tratar de evitar quedarse sin un techo bajo el que poder refugiarse. “Vivo en el barrio de Orcasitas en Madrid. He vivido ocho años en una chabola, sin luz ni agua caliente, y me dieron una vivienda de alquiler social. Pagaba 60 euros al mes y tenía dos habitaciones, pero un día, cuando regresaba a casa, me encontré con la puerta precintada y los inspectores me dijeron que habían acudido dos veces y que no estaba en casa, así que me desahuciaron. Me quedé en la calle con dos niñas pequeñas, mi hijo y mi nuera. Ahora cobro una paga de pensionista, 500 euros y he ocupado una vivienda. Estuve mirando lo que podría pagar, quizás un alquiler de hasta 350 euros, pero el fondo al que pertenece el edificio no accede a un alquiler social. Y en esta vivienda ya he sufrido diez intentos de desahucios. Gracias a la plataforma, hemos conseguido paralizar todos ellos”.
Son historias extremas, pero las hay también de ciudadanos con un salario medio, un trabajo bien remunerado, que se convierten en vulnerables al tener que destinar hasta el 70% del dinero a pagar el alquiler. Para Laura Barrio, socióloga, activista de la PAH, “el problema principal con la vivienda en este país es que el mercado está tan intervenido que el capital es el que gana siempre, se concentra en menos manos a costa de los derechos humanos de una clase trabajadora.
Es un fenómeno de neofeudalismo en el que la clase trabajadora entrega prácticamente el total de su salario a cambio de cuatro paredes, el colchón y un microondas. La calidad de vida de los inquilinos no alcanza los mínimos de estándares que podríamos imaginar, que viven precarizadas, con carencias severas en cuanto a temperatura del hogar, dieta saludable, sin dinero para acceder a farmacia o al ocio y esto hay que ponerle freno. O intervenimos a favor de la función social de la vivienda o esto se nos va a ir de las manos. El negocio inmobiliario machaca a las familias y el negocio turístico las expulsa de los barrios. Es responsabilidad de la clase política regular esto para preservar la vida y la comunidad. O heredamos una vivienda o dinero para una hipoteca y eso es imposible para una generación entera de jóvenes que posterga la formación de hogares”.
Todos coinciden con que la solución pasa por poner más vivienda en oferta para enfriar los precios. Pero se necesita voluntad política. Y no van a quedarse de brazos cruzados hasta que esto suceda.