Nueva propuesta del Gobierno sobre la mesa para las aseguradoras de los funcionarios de MUFACE, en plena crisis con una mujer al frente, la directora general Myriam Pallarés. Está en juego la asistencia sanitaria de 1,5 millones de funcionarios, de los cuales casi el 60% son mujeres. El perfil medio tiene nombre de mujer, con una edad media de 57 años y se decanta por la sanidad privada frente a la pública. Así lo refleja el informe de la Universidad Complutense de Madrid con la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). El 65% de los titulares son docentes de primaria, secundaria y universitarios y un 17% pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado.
Ellas, las funcionarias, son las principales perjudicadas en este momento de incertidumbre. Aunque el Consejo de Ministros quiere zanjar este problema antes de que termine el año y ha aprobado las condiciones de la segunda licitación para las aseguradoras puesto que la primera quedó desierta. Consiste en una subida de la prima del 33,5% en los próximos tres años tras el rechazo de las aseguradoras a la primera propuesta cuyo aumento era del 17%. Según la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, estas nuevas condiciones suponen un incremento de 957 millones de euros y eleva el total a 4.478 millones. Y un mensaje claro por parte del Gobierno: todos los mutualistas tendrán garantizada su asistencia sanitaria en las condiciones actuales hasta que se pueda adjudicar el nuevo concierto. “Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todos los mutualistas porque van a tener garantizada su asistencia sanitaria en las mismas condiciones que disfrutan en la actualidad”, ha indicado la ministra portavoz.
Son tres las aseguradoras que actualmente prestan asistencia sanitaria a los funcionarios: Adeslas, DKV y Asisa, que van a esperar a ver los pliegos de la licitación para posicionarse.
En el caso de Asisa, se muestran prudentes hasta conocer la letra pequeña y entonces “valorar todos los factores a tener en cuenta y poder tomar una decisión sobre su continuidad en el modelo. En todo caso, estamos convencidos de que la pervivencia y la estabilidad del mutualismo administrativo es necesaria para el correcto funcionamiento del conjunto de Sistema Nacional de Salud”.
SegurCaixa Adeslas, que es la que más volumen de funcionarios atiende, reconoce “el esfuerzo sobre la anterior licitación pero está bastantes puntos porcentuales por debajo de la propuesta que hemos trasladado a la Administración donde, como siempre hemos venido explicando, nuestro objetivo es dejar de asumir pérdidas. Hay que tener en cuenta que el convenio presentado por la Administración es a tres años, cuando, desde el primer momento, hemos reiterado que la nueva licitación debía ser a dos años máximo para evitar imprevistos y costes sobrevenidos, como ha sucedido con el convenio actual con el que hemos tenido una experiencia muy negativa de grandes pérdidas”.
Las nuevas condiciones planteadas por el Ejecutivo y que debe publicar oficialmente la Plataforma de Contratación del sector público, se pliega a algunas peticiones inicales: el porcentaje de la prima asciende al 33,5% pero se reparte en tres años en lugar de dos que era lo que pedían las aseguradoras.
Porque las aseguradoras pedían que se igualara la prima media por mutualista al año a lo que gasta la sanidad pública. De este modo, pasará de 1.032,12 euros en la actualidad a 1.262,28 euros en 2027. Lo que gasta la sanidad pública según datos de 2023 es 1.736 euros por persona. De ahí que pidieran un aumento del 40% para que ambas cifras quedaran más equilibradas.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que es una buena noticia después de haberse revuelto ante la primera propuesta del Gobierno con la que salieron a la calle el sábado pasado para pedir la continuidad del modelo. “Es una buena noticia, aunque llega tarde, y se ha doblado la inversión como pedíamos. Ahora esperamos que haya un acuerdo pronto con las aseguradoras que permita garantizar la atención sanitaria. El Gobierno, por fin, ha reaccionado con una nueva licitación para Muface, tras la gran concentración que organizó CSIF el pasado sábado. Mientras tanto, seguiremos vigilantes y mantenemos las medidas de presión hasta que se ofrezca a nuestros mutualistas la atención que merecen”, dice el presidente del sindicato, Miguel Borra.
CSIF lleva presionando desde el 8 de octubre, cuando el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública presentó su primera propuesta. Pero todavía falta que las aseguradoras den su respuesta que son las que prestan sus servicios en el concierto y zanjar una crisis. Y apenas queda tiempo. Quedan quince días para que expire el plazo para la suscripción del nuevo convenio.