La histórica crisis de Muface, la mutualidad que gestiona la asistencia sanitaria de cientos de miles de funcionarios en España, se complica cada vez más. Lo que comenzó como una serie de quejas sobre la calidad de los servicios ofrecidos se ha transformado en un enfrentamiento judicial a tres frentes que involucra a aseguradoras, funcionarios y médicos de la sanidad privada. Esta situación pone contra las cuerdas al Gobierno, que no solo debe responder a las crecientes demandas, sino también decidir el futuro de este sistema en medio de divisiones internas.
Las aseguradoras: una posible demanda en el aire
El primer frente de conflicto proviene de las aseguradoras que trabajan con Muface. DKV, una de las principales compañías involucradas, ha contactado con despachos de abogados para explorar la posibilidad de presentar una demanda por las pérdidas económicas sufridas en el último concierto firmado con la mutualidad. Según los datos disponibles, Adeslas ha denunciado pérdidas de hasta 256 millones de euros, aunque ha decidido desvincularse de cualquier acción judicial, mientras que Asisa sigue estudiando las propuestas del Gobierno.
Por el momento, la demanda de DKV es solo una posibilidad, pero refleja el descontento generalizado de las aseguradoras con un sistema que consideran económicamente insostenible. Esta tensión añade presión al Gobierno, que debe encontrar una solución para renovar Muface y evitar el colapso del sistema de mutualidades.
Los funcionarios: movilizaciones y denuncias individuales
Un montaje con la reivindicaciones de los afectados por la crisis sanitaria | Kilo y Cuarto
El segundo frente judicial lo lideran los funcionarios, los principales afectados por los problemas en Muface. Durante los últimos meses, han denunciado la cancelación de consultas, pruebas diagnósticas y cirugías en clínicas y hospitales, a pesar de la orden de continuidad asistencial decretada por el Gobierno.
El sindicato CSIF, mayoritario entre los funcionarios, ha anunciado que asesorará a sus afiliados para presentar demandas individuales contra Muface y las aseguradoras implicadas. Según CSIF, estas acciones buscan garantizar los derechos de los mutualistas y reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
Las posibles vías legales incluyen:
- Contencioso-administrativa: Para actuar contra las decisiones de Muface.
- Civil: Dirigida a las aseguradoras como responsables del servicio.
- Penal: Reservada para casos extremos, aunque aún no se han especificado cuáles serían estas circunstancias.
El sindicato está recopilando quejas y testimonios de los afectados para respaldar las denuncias. Si Muface no responde de manera adecuada, CSIF tiene previsto iniciar procedimientos judiciales para obligar a la mutualidad a cumplir con sus responsabilidades.
Los médicos de la privada: demandas por competencia desleal
Asistentes a la concentración que los sindicatos CCOO, UGT, ANPE, USO, ADIDE, USIE, UFP, ACAIP y SIAT han convocado en Madrid para pedir un acuerdo que garantice la continuidad de las prestaciones sanitarias mediante MUFACE | EFE
El tercer frente lo constituyen los médicos de la sanidad privada, representados por la Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel). Este colectivo ya ha anunciado que presentará un recurso contra los pliegos de condiciones del nuevo concierto de Muface. Eso podría derivar en un bloqueo judicial similar al que ya afectó a Isfas (que atiende a militares y guardias civiles) y Mugeju (para jueces, fiscales y letrados).
Los médicos denuncian que el actual sistema vulnera derechos constitucionales y fomenta prácticas anticompetitivas. Según Unipromel, las aseguradoras “estrechan márgenes de manera abusiva”, lo que perjudica tanto a los profesionales como a los pacientes.
El presidente de Unipromel ha exigido que la financiación de los servicios médicos se realice directamente a los médicos, eliminando el papel intermediario de las aseguradoras. Según su postura, este cambio es esencial para garantizar una relación médico-paciente adecuada y asegurar que ambos reciban un trato justo.