La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acaba de publicar su estudio sobre el mutualismo administrativo, en el que se analiza Muface, ISFAS y Mugeju. Y en el que, a medio plazo -entendido como los tres próximos años del nuevo concierto- propone incorporar a los nuevos mutualistas al Sistema Nacional de Salud (SNS). Además, recomienda transformar la actual adscripción obligatoria en un régimen voluntario. En este sentido, su presidenta, Cristina Herrero, recordó que más del 70% de los nuevos mutualistas optan por la sanidad pública.
A corto plazo, el informe incluye una serie de medidas para mejorar la eficiencia y eficacia del sistema en su configuración actual, con medidas como la implantación de la receta electrónica en Muface o la promoción de medicamentos genéricos o biosimilares. En la nueva licitación, estas alternativas podrían haberse reflejado en los pliegos, pero no han sido tenidas en cuenta. De hecho, la AIReF aceleró sus trabajos y entregó al Ejecutivo un estudio preliminar para que pudiera ser utilizado en la redacción del contrato.
Medidas a corto plazo
Dentro de las medidas a corto plazo, que pueden implentarse con carácter inmediato, la AIRef propone un conjunto de medidas orientadas a reforzar la dimensión sanitaria del mutualismo administrativo y mejorar la eficiencia y eficacia del sistema en su configuración actual. Estas incluyen el fortalecimiento de los sistemas de información sanitaria, la mejora de la coordinación con el SNS, la evaluación de la adecuación clínica de la frecuentación asistencial, y el impulso de la historia clínica digital.
En el ámbito farmacéutico, se plantea optimizar los mecanismos de adquisición de medicamentos hospitalarios dispensados a pacientes externos, fomentar el uso de genéricos y biosimilares, y acelerar la implantación de la receta electrónica.
En detalle
El estudio, que confirma que el sistema mutualista en España supone “una excepción singular” entre los países del entorno, cuestiona el carácter obligatorio de la mutualidad para las personas funcionarias de carrera de la Administración Civil del Estado y el personal funcionario en prácticas que aspiren a ingresar en los Cuerpos de dicha Administración. La incorporación inicial al Régimen del Mutualismo Administrativo es obligatoria, única y permanente (salvo variaciones y bajas) desde el momento de la toma de posesión o, en su caso, desde el comienzo del periodo de prácticas.
De esta forma, la adscripción obligatoria del marco normativo actual hace tener que elegir al mutualista entre modalidad pública o privada limitando el acceso, especialmente a los que optan por la modalidad privada, a las características de la provisión pública universal del resto de ciudadanos. Ante este escenario dual, caracterizado por preferencias correlacionadas con la complejidad de la atención requerida y notables diferencias en eficiencia y equidad (un funcionario de carrera y un interino realizando el mismo trabajo tienen diferente trato), la AIReF formula dos reformas estructurales.
En primer lugar, se propone transformar la actual adscripción obligatoria en un régimen voluntario, iniciativa que podría implementarse previa elaboración de un proceso consultivo integral a todos los mutualistas durante el próximo concierto (dos o tres años). Esta reforma permitiría racionalizar el sistema y generar ahorros tanto para el funcionario como para las arcas públicas al eliminar las aportaciones de aquellos que opten por abandonar el sistema mutualista.
Impacto
Por su parte, la autoridad independiente considera que la progresiva incorporación de los nuevos mutualistas a sistema nacional de salud, “que tendría que ir acompañada de un refuerzo de sus capacidades”, ayudaría a recuperar la ineficiencias. Como cálculo orientativo, la AIReF apunta a que traspasar 1,6 millones de funcionarios a la sanidad pública supondría 0,9 consultas adicionales al día más en atención primaria; 24,6 pacientes más por cada 1.000 habitantes (un 30% más) en consultas especializadas y 1,3 pacientes más por cada 1.000 habitantes (un 7,2% más) en el ámbito quirúrgico.
Por ello, se aconseja la no incorporación inmediata del conjunto de mutualistas al SNS y condicionar esta paulatina integración al refuerzo paralelo de las capacidades del sistema público y en especial a una mejora en la situación de las listas de espera. En este sentido, la AIReF sugiere que se evalúen los determinantes recientes de las listas de espera y los instrumentos y alternativas que podrían contribuir a la mejora de la situación actual.
Sistema público
Aunque solo el 24% del total de mutualistas en el conjunto del sistema optan por la provisión pública, esta proporción se incrementa sustancialmente hasta alcanzar el 70% en aquellos casos que precisan episodios hospitalarios por patologías de severidad mayor y extrema.
Esta tendencia se acentúa particularmente en pacientes que requieren tratamientos oncológicos, como quimioterapia o servicios de nefrología y diálisis. Según la AIReF, más del 66% de las hospitalizaciones de severidad mayor o extrema de los mutualistas son atendidas en centros de titularidad pública, porcentaje que se eleva hasta el 90% cuando el mutualista que presenta estas patologías es menor de 40 años.
Accesibilidad
La AIReF también constata una mayor accesibilidad a algunos servicios sanitarios entre los mutualistas que optaron por la modalidad privada. En concreto, las tasas cuadruplican las ratios del sistema nacional de sanidad en especialidades como traumatología, dermatología y ginecología. “Esta característica se refleja especialmente en la utilización de ciertas pruebas diagnósticas avanzadas de imagen, particularmente en resonancia magnética en la que la tasa supera en más de tres veces la del sistema nacional de salud”, explica el organismo en su informe.
En el ámbito de la eficiencia, la evaluación revela importantes diferencias entre las modalidades pública y privada, especialmente en el sector farmacéutico. La AIReF señala que los centros privados facturan a las mutualidades medicamentos hospitalarios a pacientes externos a precios significativamente más elevados que el de adquisición de los servicios públicos de salud, y se llega en algunos casos a sextuplicar el coste, detalla Europa Press.
Además, se observan disparidades en la utilización de medicamentos genéricos -40% en la modalidad pública frente a los 32% en la privada- y biosimilares, con diferencias de hasta 23 puntos porcentuales en algunas moléculas. Asimismo, para la AIReF, el desarrollo heterogéneo y limitado de la receta electrónica en el sistema mutualista de modalidad privada constituye otra limitación significativa, al restringir las capacidades de implementar estrategias para la mejora de la calidad de la prescripción.