El 72 % de los nuevos mutualistas eligieron en 2023 la sanidad pública frente a la asistencia privada con aseguradoras. Esta propensión hacia lo público es especialmente destacada en las mujeres menores de 40 años, coincidiendo con su maternidad, y en personas con cáncer, en diálisis o que enfrentan intervenciones quirúrgicas graves o muy graves. De esta forma, el Sistema Nacional de Salud (SNS) es la opción asistencial para el 24 % de los funcionarios englobados en el sistema mutualista. Sin embargo, aunque no utilizan la sanidad privada, están obligatoriamente adscritos al mutualismo. De estos, Muface es mayoritario con 1,53 millones de mutualistas, seguido de ISFAS (551.000) e Mugeju (92.000).
Con estos hallazgos, la Autoridad Fiscal (AIReF), presidida por Cristina Herrero, cuestiona la eficacia y eficiencia del mutualismo desde el punto de vista de las cuentas públicas, dejando en entredicho el diseño del último concierto de Muface, liderado por el ministro de Función Pública, Óscar López. La obligatoriedad de adscripción al mutualismo para los funcionarios impidió en 2023 al Estado ahorrar un mínimo de 500 millones de euros anuales (1.500 millones en el trienio del último concierto). Además, el mutualismo impacta en el sistema de financiación autonómica.
Lo refleja el dato de que, si los 1,6 millones de funcionarios mutualistas en modalidad privada pasaran al sistema público, Cataluña perdería 183,5 millones de financiación autonómica. Por el contrario, Extremadura y la Comunidad de Madrid requerirían una aportación extra de 17,5 y 79,3 millones, respectivamente. No obstante, la AIReF advierte de que su incorporación al SNS sin refuerzo previo aumentaría las listas de espera quirúrgicas un 7% y las de consultas un 30%. Por este motivo, aconseja realizar una integración paulatina condicionada al refuerzo de las capacidades del sistema público y en especial a una mejora en la situación de las listas de espera.
Ahorros
Este estudio sobre el mutualismo administrativo en España se enmarca en la primera fase del Spending Review 2022-2026 de la AIReF. Tras un minucioso análisis (se ha contado con más de 400 millones de microdatos), la institución que lidera Cristina Herrero propone varias medidas, entre las que destacan incorporar a los nuevos mutualistas al SNS y permitir la adscripción voluntaria para los funcionarios. Una reforma que elimine su obligatoriedad “permitiría racionalizar el sistema y generar ahorros tanto para el funcionario como para las arcas públicas al eliminar las aportaciones de aquellos que opten por abandonar el sistema mutualista”.
En este sentido, AIReF cifra en “un mínimo de 500 millones de euros los ahorros para la Administración General del Estado”, considerando únicamente la potencial desvinculación de los mutualistas que actualmente ya optan por la modalidad pública. Según detalla, los ingresos (782 millones) que obtienen las mutualidades por estos mutualistas superan a los gastos (209 millones), al no tener que realizar pagos por prima a la aseguradora privada.
Reconsideración
Según los cálculos de AIReF, esta circunstancia permite el equilibrio financiero del sistema, generando un ligero superávit de 37 millones de euros. La autoridad fiscal avisa de que la tendencia (por elección de los mutualistas y por evolución demográfica) es que el SNS será el principal proveedor de asistencia sanitaria del sistema. “Esta evolución incrementará los ingresos por aportaciones del Estado y las cotizaciones de los funcionarios, que no se traducirán en gastos efectivos de primas por asistencia sanitaria privada, lo que hará cada vez más necesaria una reconsideración del sistema de financiación del mutualismo”, señala el documento.
Pero también del Sistema de Financiación Autonómica. La AIReF concluye que la absorción de los 520.671 mutualistas que actualmente reciben asistencia privada por parte de la sanidad pública supondría un reajuste en la distribución de los fondos recibidos por las comunidades autónomas de régimen común a través del Sistema de Financiación Autonómica.
Ajuste autonómico
Así, las comunidades en las que la población mutualista de opción privada representa un porcentaje mayor sobre la población del SNS incrementarían los fondos. Es el caso de CCAA con importante presencia de funcionarios, como Extremadura o Madrid, que requerirían el mayor incremento del sistema de financiación (+0,45 %), seguidas de Andalucía, con un 0,43 % (103,9 millones de euros).
En el polo opuesto, las comunidades en las que los mutualistas con sanidad privada representan un porcentaje menor sobre el SNS perderían fondos del Sistema de Financiación Autonómica. Cataluña es el caso extremo, con una pérdida del 0,72 % (-183,5 millones de euros), seguida de Valencia (-37,2 millones) o Islas Baleares (-22,4 millones).
Otras propuestas
En su estudio, la AIReF identifica otras áreas de mejora y realiza una serie de propuestas alternativas. En cuanto a la eficacia, llama la atención sobre el mayor coste de los medicamentos en el mutualismo -se utilizan menos genéricos y se pagan a precio de mercado, sin beneficiarse de las sinergias de la compra pública-. Un ejemplo: un biosimilar al ‘Adalimumab’ tiene un coste de 314 euros en la mutualidad privada, frente a los 52 euros en el SNS.
Por ello, propone la optimización de los mecanismos de compra de medicamentos hospitalarios, la implantación de un programa de integración del uso de genéricos y biosimilares, y la aceleración de la receta e historia clínica electrónica. Desde el punto de vista de la eficacia, tras detectar tasas que cuadruplican las ratios del SNS en especialidades como traumatología, dermatología y ginecología, apuesta por incorporar mecanismos de gestión de la demanda equivalentes a los del sistema público, donde la consulta con el especialista es derivada desde la atención primaria.
Nuevo concierto
Cristina Herrero explicó que, en su voluntad de “ser útiles al Gobierno” en el diseño del nuevo concierto sanitario 205-2027, la AIReF envió un informe preliminar en diciembre. “La AIReF no ha dicho cuál es la prima óptima, pero sí hemos compartido una serie de hallazgos que podían ser útiles para incluir otras condiciones en los pliegos de adjudicación”, señaló la presidenta. Sin embargo, a tenor de lo recogido en la licitación, Óscar López no ha tenido en cuenta las recomendaciones, aunque algunas, que AIReF identifica como posibles en el corto plazo, sí podrían haberse incluido. Por ejemplo, las relativas a mejorar el gasto farmacéutico.
El informe de la AIReF confirma lo que venimos defendiendo desde el Ministerio de Sanidad: el modelo de mutualismo es menos eficiente y equitativo, favoreciendo a aseguradoras privadas que priorizan beneficios. La sanidad pública siempre estará ahí, sin mirar cuenta de resultados pic.twitter.com/y4NoQnLcWQ
— Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 24, 2025
La orientación de la AIReF hacia la desaparición progresiva del mutualismo -durante la vigencia del nuevo concierto se evaluará el impacto en las listas de espera- tuvo una rápida respuesta por parte de Mónica García. En X, aseguró: “El informe de la AIReF confirma lo que venimos defendiendo desde el Ministerio de Sanidad: el modelo de mutualismo es menos eficiente y equitativo, favoreciendo a aseguradoras privadas que priorizan beneficios. La sanidad pública siempre estará ahí, sin mirar la cuenta de resultados”.
Otras reacciones
El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), que tiene entre sus patronos a las aseguradoras, alertó del “impacto negativo” en la atención sanitaria a los pacientes que tendría la propuesta de la AIReF de incorporar a los nuevos mutualistas al Sistema Nacional de Salud (SNS) y transformar la actual adscripción obligatoria en un régimen voluntario. Por su parte, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que agrupa a clínicas privadas y grupos hospitalarios, advirtió que el estudio “decreta la obsolescencia programada de Muface”, a pesar de “reconocer el buen papel que desempeña la sanidad privada”, informa Europa Press.
“Nos oponemos frontalmente a cualquier recorte de este modelo de asistencia sanitaria concertada, que ha funcionado eficazmente durante décadas”, advirtió el sindicato CSIF. Así, pidió al Gobierno que el estudio no sea utilizado como excusa para desmantelar este modelo, dado que el Ejecutivo ha anunciado en diversas ocasiones su intención de promover una “amplia reflexión”. “No aceptaremos que se ponga en cuestión, como se ha propuesto desde Sumar y sugerido por el propio ministro de Función Pública, Óscar López“, concluyó.