La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) está atravesando una de las mayores crisis desde su fundación. Este modelo, que permite a los funcionarios optar por la sanidad pública o por aseguradoras privadas concertadas, se enfrenta a serios desafíos ante la retirada de algunas aseguradoras clave como Adeslas. La incertidumbre se extiende a compañías como DKV y Asisa, que aún no han confirmado si continuarán en el sistema, dejando a más de 1,5 millones de mutualistas en una situación de tensión e inseguridad.
El sistema de Muface en jaque por la retirada de aseguradoras
El modelo de Muface depende de la colaboración entre el Estado y aseguradoras privadas para proporcionar asistencia sanitaria a los funcionarios. Sin embargo, la negativa de Adeslas a renovar su contrato ha desencadenado una alarma generalizada. Adeslas, que cubre más del 30% de los mutualistas, alega pérdidas económicas continuas, incluso tras la propuesta del Gobierno de aumentar un 33,5% las primas hasta 2027. Según la aseguradora, este incremento no compensa los crecientes costes asociados a la prestación del servicio.
Fachada de una clínica privada de Asisa en Barcelona | EFE/ Marta Pérez
Por su parte, DKV y Asisa aún no han anunciado una decisión definitiva, aunque podrían seguir el mismo camino que Adeslas. En caso de que ninguna aseguradora acepte las condiciones del nuevo concierto, el sistema de Muface podría colapsar. Eso obligaría a miles de funcionarios a depender exclusivamente de la sanidad pública.
¿Cuáles son las medidas temporales?
La crisis de Muface pone de manifiesto problemas estructurales en el sistema. Es el caso de la insuficiencia de los fondos destinados a las aseguradoras. Estas compañías afirman que factores como la inflación y el encarecimiento de los tratamientos médicos no se reflejan adecuadamente en las primas ofrecidas por el Estado. Además, la ampliación de los contratos de dos a tres años ha incrementado las reticencias de las aseguradoras a continuar en el sistema.
Ante esta situación, Muface ha tomado medidas extraordinarias para mitigar el impacto sobre los mutualistas. Entre el 1 y el 31 de enero de 2025, los funcionarios tendrán la opción de cambiarse a la sanidad pública, con la posibilidad de revertir esta decisión más adelante si se logra un nuevo acuerdo con las aseguradoras. Esta ventana temporal busca ofrecer una solución provisional a los mutualistas, aunque también plantea desafíos administrativos y logísticos tanto para Muface como para el sistema público de salud.
Myriam Pallarés, directora general de Muface | Kilo y Cuarto
El cambio masivo de mutualistas a la sanidad pública podría sobrecargar un sistema ya presionado en muchas comunidades autónomas. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tendría que absorber a miles de nuevos usuarios. Y eso podría aumentar los tiempos de espera para consultas, tratamientos y cirugías. Este escenario genera preocupación tanto entre los mutualistas como entre los gestores de la sanidad pública, que temen que la incorporación repentina de pacientes afecte la calidad del servicio.
Para evitar esta sobrecarga, el Gobierno ha dictado una orden para prorrogar los contratos actuales hasta el 31 de marzo de 2025. Esta medida garantiza que los mutualistas sigan recibiendo asistencia sanitaria en las mismas condiciones durante los primeros meses del próximo año, pero no soluciona el problema de fondo.