La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya cuenta con las bases para empezar a negociar con los grupos políticos los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, tras la aprobación por el Consejo de Ministros del ‘techo de gasto’ y la senda de estabilidad presupuestaria. Y confía en poder presentarlos “en tiempo y forma para que entren en vigor el 1 de enero de 2025”.
En su comparecencia posterior al Consejo, la titular de Hacienda descartó “turbulencias políticas en el horizonte” que puedan complicar que España pueda contar con unos nuevos presupuestos en 2025. En este sentido, se mostró “convencida” de que Cataluña tendrá un nuevo Gobierno, que facilitara la negociación presupuestaria. “Sería muy importante que la única posibilidad de investidura que hay en este contexto, que es Salvador Illa, se abra camino y se vea la luz más temprano que tarde”, afirmó.
Hacienda ya está trabajando internamente con los diferentes ministerios para la elaboración de las cuentas públicas y, a partir de ahora, comenzará la negociación con los grupos políticos. Según señaló, “estamos ya en condiciones de poder empezar a hablar con ellos para ver cuáles son sus demandas, sus peticiones y tenerlas incorporadas al proyecto de Presupuesto”.
Anticipándose a las demandas de sus socios de coalición, desde el Gobierno se apuntó que los próximos presupuestos contemplarán un “incremento notable de las partidas destinadas para los servicios públicos que se combinarán con la estabilidad presupuestaria”. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha anticipado que exigirá incorporar en los presupuestos la prestación universal de 200 euros por hijo o el permiso parental retribuido de cuatro semanas, que forma parte del pacto de Gobierno.
Reglas
Deberá acompasarse con las reglas fiscales europeas, que obligan a mantener la estabilidad presupuestaria. De esta forma, para 2025, el Gobierno ha establecido un límite de gasto no financiero -el ‘techo de gasto’- de 199.171 millones de euros, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea. Según explicó Montero, esta cifra es “bastante similar” a la registrada en el año anterior, dado que a partir de ahora España recibirá más préstamos que transferencias procedentes de los fondos ‘Next Generation EU’.
“En cualquier circunstancia, los fondos europeos siguen siendo una palanca imprescindible para la transformación de nuestro modelo productivo, fundamentalmente en digitalización, transición verde o cohesión territorial”, señaló la ministra. Sin tener en cuenta los fondos europeos, el ‘techo de gasto’ se eleva en 2025 a 195.353 millones, un 3,2% más respecto al año pasado (6.138 millones más). “Es un incremento relevante, pero prudente, que anticipa nuestro compromiso con la estabilidad fiscal”, recalcó la titular de Hacienda.
Dentro del techo de gasto se incluye una transferencia del Estado a la Seguridad Social de 22.881 millones euros, lo que supone un incremento del 7% respecto al último presupuesto aprobado. “Esta partida cumpliría con la totalidad de recomendaciones del Pacto de Toledo y muestra el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad del sistema”, subrayó Montero.
Nueva senda de déficit
Junto con el ‘techo de gasto’, el Gobierno ha dado luz verde a la senda fiscal hasta el año 2027, que pasa por reducir el déficit público desde el 2,5% del PIB en 2025 al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027 y recortar la deuda pública al final del periodo por debajo del 100%. Como adelantó ayer a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Montero recordó que el mayor esfuerzo fiscal será asumido en su totalidad por el Estado, favoreciendo que autonomías y ayuntamientos tengan mayor margen presupuestario.
En paralelo el Gobierno presentó la nueva senda de deuda pública 2025-2027. En concreto, según se establece que la deuda pública del conjunto de las administraciones debe reducirse al 103,6% del PIB en 2025, un porcentaje que deberá ser casi dos puntos inferior en 2026, cuando llegue al 101,8%. Por último, en 2027 estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presentó las previsiones macroeconómicas del Gobierno que incluyen un alza del PIB hasta el 2,4% este año, y que lo sitúan en el 2,2% en 2025 y en el 2%, en 2026 y 2027. “España será el motor de crecimiento entre las grandes economías europeas, no solo en el corto plazo, sino también a futuro”, subrayó.
Una vez conocidos el techo de gasto y la senda fiscal, el acuerdo del Consejo de Ministros debe ser ratificado por las Cortes Generales, primero por el Congreso y posteriormente por el Senado, pero el Gobierno ya se ha asegurado de que la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta no pueda vetar los objetivos de estabilidad presupuestaria -que es lo que se vota-, como ha sucedido otros ejercicios.
Precisamente, el pleno del Senado del 17 de julio convocado en sesión extraordinaria para la tramitación urgente del Proyecto de Ley de Paridad votará el Dictamen de dicho proyecto, donde se ha incluido una enmienda que arrebata a la Cámara Alta su capacidad de veto al techo de gasto.
