La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene ante sí un verano de extensas e intensas negociaciones con su socio de gobierno Sumar y sus aliados ERC, Junts, EH Bildu y PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2025.
Su aprobación serviría para refrendar la viabilidad de la presente legislatura, que ahora pende de sus socios catalanes y que ya ha pasado factura al Ejecutivo en las Cortes, donde ha tenido que retirar dos de sus proyectos legislativos -la reforma de la Ley del Suelo y la Ley para prohibir el proxenetismo- por falta de apoyos.
Para la titular de Hacienda será probablemente una de las negociaciones más difíciles desde que llegó al Gobierno de la mano de Pedro Sánchez en 2018. La relevancia de la aprobación del nuevo marco presupuestario nacional hay que leerla en clave política, porque si nos atenemos a lo estrictamente económico, paradójicamente, una nueva prórroga favorecería alcanzar las reglas fiscales impuestas por Bruselas, según coinciden los economistas consultados por Artículo14.
Y no sería la primera vez que sucede una segunda prórroga. Ocurrió ya en 2020, cuando Montero tuvo volver a asumir los Presupuestos de 2018, diseñados por su antecesor y adversario político Cristóbal Montoro (PP).
Pese a las dificultades, Montero se muestra convencida de que el Gobierno “está en condiciones de cumplir la hoja de ruta” para aprobar las cuentas públicas antes de llegar a 2025. De hecho, el Ejecutivo lleva trabajando en los Presupuestos desde el mes de abril, con la intención de presentarlos “a finales del mes de septiembre o principios de octubre” para poder aprobarlos antes de que acabe el año.
“Lo ideal sería negociarlos”
Para María Jesús Montero, “lo ideal” sería que, por lo menos, las líneas maestras del Presupuesto llegaran al Congreso de los Diputados ya discutidas, habladas y acordadas con los socios parlamentarios del Gobierno. “Por tanto, las reuniones son siempre muy tempranas, son mucho antes de que empiece su tramitación en el Congreso de los Diputados, aunque luego se concreta vía enmienda todo aquello que quieren plantear los diferentes grupos políticos”, aclaró en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.
“Tenemos todavía meses por delante para seguir dialogando, para seguir discutiendo y sobre todo para contrastar y para constatar que hay voluntad de realmente aprobar los presupuestos. “El diálogo siempre está presente, las necesidades están expresadas y nos conocemos bien, yo creo que el Gobierno tiene mucho entrenamiento en lo que significa el pacto con los grupos“, insistió.
Clave económica
“Desde el punto de vista político es un problema no aprobar los presupuestos, porque básicamente es la principal ley que tienes por delante; y si no consigues un acuerdo, estás emitiendo una señal de que no tienes suficientes apoyos parlamentarios. Desde el punto de vista económico no hay ningún problema e, incluso, te puede venir bien porque cuando prorrogas los presupuestos ya se está produciendo un ajuste fiscal“, explicó el economista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), José Ignacio Conde-Ruiz.
La continuidad en los Presupuestos implica que el techo de gasto se mantiene al mismo nivel del año anterior. Hay excepciones en cuestiones puntuales, como la revisión de los salarios públicos y la revalorización de las pensiones con el IPC o las transferencias y entregas a cuenta a las comunidades autónomas. “La prórroga te limita el gasto, pero no los ingresos, y así vemos que este año la recaudación pública crece a una tasa del 7%, que está ayudando al cumplimiento del objetivo de déficit”, indicó Montaña González del Área de Finanzas Públicas de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
De esta forma, en la actualización de las previsiones macroeconómicas y fiscales para los años 2024 y 2025, que el Gobierno ha remitido ya a la Comisión Europea, se ha comprometido a bajar el déficit al 3% este año (3,6% en 2023) y al 2,5%, un año después, cumpliendo con el Pacto de Estabilidad de la UE. Este objetivo del 3% determinará el Plan Fiscal Estructural 2025-2028, que el Gobierno debe enviar antes del 20 de septiembre a Bruselas y que tendrá carácter vinculante.
Y en la redacción de este nuevo Plan Fiscal Estructural también será clave la negociación política. Por un lado, porque este marco tendrá que estar acompasado con el Presupuesto. Por ejemplo, su prórroga en 2024 ha impedido la aplicación de medidas de marcado carácter social como el aumento de los permisos de maternidad y paternidad a las 20 semanas; mientras se anuncian nuevas medidas para 2025 como una prestación por crianza de 200 euros por hijo.
Y por otro, porque también tendrá que estar alineado con las comunidades autónomas, ya que todas las administraciones públicas tendrán que elaborar sus presupuestos para 2025 de manera que sean consistentes con dicho Plan, como ha venido señalando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
“El reto es enorme, dada la descentralización de España, y los compromisos tendrán más probabilidades de éxito si se dialogan previamente, ya que su cumplimiento dependerá de la implicación de todas las administraciones públicas”, según señaló recientemente la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero.
Todo ello sin olvidar que los presupuestos son la piedra angular sobre la que se apoya el proyecto político y económico de un gobierno. De ahí que María Jesús Montero tenga que sacar sus dotes de negociación para, como define la Real Academia Española (RAE) este concepto, se traten los asuntos públicos “procurando su mejor logro”.